Cuatro meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera que eliminaría el outsourcing de su gobierno y cinco semanas antes de que se publicara el decreto de la reforma en materia de subcontratación laboral (23 de abril de 2021), Segalmex firmó un contrato de adjudicación directa por un monto mínimo de 255 millones 360 mil pesos y máximo de 638 millones 400 mil pesos (sin incluir IVA) con cuatro empresas dedicadas a ese giro.
El organismo que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sader), y que aglutina a Liconsa y Diconsa, concretó el contrato PSP/005/2021 con cuatro compañías.
- PNPDMI, S.A. de C.V. encabezó la firma del convenio fechado el 16 de marzo del año pasado para la subcontratación de personal con salarios que van de los seis mil 500 a los 80 mil pesos.
- Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V.; Firmeza Jurídica, S.C., y Destreza Empresarial, S.A. de C.V. son las otras empresas que se repartieron la jugosa adjudicación directa por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
- La representante legal que signó el contrato por parte de las compañías, que supuestamente acreditaron una “participación conjunta”, fue Brenda Alin Banda Arzate, quien hasta el 17 de junio de 2014 se desempeñó como auditora interna de Diconsa, S.A. de C.V., de acuerdo con la plataforma Declaranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Apenas en febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en Segalmex por un monto de cinco mil 640 millones de pesos, según se lee en su informe de la Cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El órgano fiscalizador también descubrió inconsistencias graves en Diconsa y Liconsa. Entre los tres organismos la suma total de irregularidades asciende a ocho mil 638 millones de pesos.
Además de detectar faltantes de maíz y frijol en inventarios, salidas de efectivo injustificadas, pagos sin comprobar y subsidios de granos sin soporte documental, la ASF también encontró que Segalmex realizó “pagos sin acreditar para la prestación del servicio de subcontratación de personal (outsourcing)”.
Otras empresas
Las empresas contratadas por Segalmex el año pasado tienen su domicilio fiscal en Boulevard Enrique Félix Castro 960, interior A, Fraccionamiento Bonanza, en Culiacán, Sinaloa, pero en el contrato con Segalmex acreditaron como domicilio fiscal la calle de Providencia 807 interior 40, colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
- Otras empresas que están vinculadas a los servicios de outsourcing con dependencias del gobierno federal, en donde invariablemente aparecen las compañías que fueron beneficiadas con el contrato de Segalmex, son Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V. y JB Jobbe, S.A.P.I. de C.V.
- El 26 de febrero de 2021 dichas empresas firmaron el contrato de adjudicación directa DGA/020/2021 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por el monto de 33 millones de pesos, también para subcontratación de personal.
Luego de las irregularidades detectadas por la ASF en Segalmex, Diconsa y Liconsa en el ejercicio presupuestal de 2020, fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron a este diario que ya hay indagatorias relacionadas con posibles actos de corrupción.
Destacaron que las carpetas de investigación las está integrando la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que preside María de la Luz Mijangos.
Organismo sin personal propio
Segalmex es un organismo descentralizado creado mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de enero de 2019, y que desde su nacimiento carece de estructura orgánica.
- En los presupuestos de 2020, 2021 y 2022 no se contemplaron recursos para servicios personales, aunque opera las estructuras de las paraestatales Liconsa y Diconsa, que en 2019 contaban, entre las dos, con 306 plazas laborales.
- Hasta 2020 Segalmex había contratado a cinco mil 431 trabajadores a través de la subcontratación, tanto para la estructura orgánica de ese organismo, como para la de Liconsa y Diconsa.
Ya para marzo de 2022, Seguridad Alimentaria Mexicana tiene un total de ocho mil 409 plazas laborales vía outsourcing: 108 trabajadores para la propia Segalmex, cuatro mil 184 para Liconsa y cuatro mil 117 para Diconsa, de acuerdo al portal Nómina Transparente de la Función Pública.
Según esa plataforma del gobierno federal, dos mil 978 funcionarios de Segalmex, Diconsa y Liconsa cuentan con plaza en la administración pública y el resto (cinco mil 431 servidores públicos) están bajo el régimen de subcontratación, tanto en el esquema de “sueldos y salarios”, como en el de “asimilados a salarios”.
En el contrato firmado en 2021 entre Segalmex y PNPDMI, S.A. de C.V. para los servicios de outsourcing se establece que “el personal subcontratado podrá ubicarse en las oficinas de Avenida Insurgentes Sur 3483, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México”.
De igual manera, se instruye al contratista a dispersar al personal subcontratado en Ricardo Flores Magón 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, o “en los domicilios que determine Segalmex a través del administrador del contrato, conforme a las necesidades que se requieran con el fin de cumplir con los objetivos de la dependencia”.
FGR inicia 20 carpetas por actos de Corrupción en Segalmex
En Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el abasto nacional de alimentos básicos, existe una trama de corrupción cuyas huellas se pueden rastrear hasta su creación y en la que se han visto involucrados funcionarios que fundaron el organismo, y por la que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más de 20 carpetas para indagar actos de corrupción.
- Las irregularidades que han sido detectadas, documentadas y denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyen la entrega de múltiples contrataciones sin licitación, compras simuladas, gastos no acreditados y hasta la utilización de 8 millones de pesos de recursos públicos para “invertir” en el mercado de valores, mismos que ya fueron recuperados.
Funcionarios federales revelaron que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Control Competencial (Fecoc), cuyo encargado es Juan Ramos López, uno de los hombres más cercanos al fiscal Alejandro Gertz Manero, y a quien corresponderá indagar irregularidades que abarcan la asignación directa de contratos a organizaciones que son investigadas por ser empresas fachada, pero que lograron operaciones que sumarían más de mil millones de pesos, de acuerdo con la denuncia presentada por la ASF.
- Este diario buscó a autoridades de Segalmex, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de la que depende, para hablar sobre las presuntas irregularidades, pero señalaron que todo lo lleva la SFP.
Las primeras denuncias fueron presentadas a los pocos meses del inicio de operaciones del organismo y apuntan como un actor central a René Gavira Segreste, quien llegó a Segalmex junto con su director, Ignacio Ovalle Fernández, y entre 2019 y julio de 2020 se desempeñó como director de Administración y Finanzas.
En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex-Diconsa-Liconsa ante la SFP de haber contratado a su sobrina y su tío, incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios, contratar un guardaespaldas con recursos públicos y realizar despidos injustificados, según un extracto de una denuncia obtenido vía transparencia.
No obstante, los señalamientos más graves están relacionados con su papel como responsable de haber otorgado multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa.
- El ex funcionario fue responsable en 2019 de la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de ser participantes de un esquema de contratación ilegal. Se trata de las firmas Fruverloz y Professional Bright XRW, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Gentsai Hoon y Denoter, cuya contratación generó un probable daño al erario por 249 millones de pesos, según auditorías realizadas por la ASF.
El ex funcionario estuvo a cargo de la entrega de un contrato por 245 millones de pesos para la renta de equipo de laboratorio a Micro Credit SAPI de CV, empresa sin empleados registrados ante el IMSS y que subcontrató a una compañía inhabilitada por la SFP, según una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de Diconsa.
- Otros funcionarios señalados son Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, quien firmó diversos contratos de adjudicación directa que son investigados por la SFP, y Bernardo Fernández Sánchez, ex director de Operaciones de Liconsa, quien antes de integrarse al equipo de Ovalle se desempeñaba como socio de Grupo Kosmos, que entre 2016 y 2018 obtuvo contrataciones públicas por cerca de 4 mil millones de pesos, y a la que Segalmex entregó un contrato por 15 millones de pesos sin licitar cuando ya era funcionario.
Asimismo, hay indagatorias relacionadas con actos de corrupción que se integran en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, que encabeza la fiscal María de la Luz Mijangos, y ya ha ejercitado acción penal en algunos casos, pero no se ha dado difusión por parte de la FGR./Agencias-PUNTOporPUNTO
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