ANTONIO BETANCOURT
A la par de la cumbre centroamericana en la Casa Blanca para buscar una solución a la crisis migratoria por la que atraviesa la región, el congreso de Guatemala enfila su artillería contra los «coyotes», los verdaderos criminales.
Los legisladores en el país vecino del sur han comenzado el análisis de una iniciativa contra los traficantes de personas, como una respuesta a la presión política de Washington frente a la cantidad sin precedentes de niños migrantes que intentan entrar a los Estados Unidos.
México en semanas atrás hizo lo propio, aunque el calibre de la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto fue tibia ya que su Programa Frontera Sur solo buscar ordenar el flujo migratorio, y no detenerlo.
Lo cierto es que aunque la legislación en nuestro país persigue energéticamente el delito de tráfico de personas, la ley poco se cumple debido a la corrupción que permea en funcionarios y autoridades de todos los niveles de gobierno.
Pues bien, Guatemala ahora intenta hacer lo suyo, y la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso se encuentra en el proceso de análisis de las reformas a la Ley de Migración del país, que castigaría a los traficantes de personas con hasta 12 años de prisión.
La iniciativa también daría a los organismos encargados de hacer cumplir la ley la facultad de grabar las conversaciones telefónicas y emplear agentes encubiertos en la persecución de las redes de tráfico.
Los legisladores también tienen la intención de reformar otras leyes, como el Código Penal, para que este delito se pueda condenar hasta con 25 años de prisión si el caso involucra a otras actividades ilegales como el narcotráfico o el secuestro.
Y aunque el interior del recinto legislativo guatemalteco se asegura que estos cambios son una respuesta a las recomendaciones de las Naciones Unidas y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), realmente obedecen a un aumento en la cantidad de menores que intentan cruzar la frontera de México para seguir a los Estados Unidos.
Por supuesto, el gobierno de Barack Obama no esperó a que los gobiernos centroamericanos actuaran, y por lo pronto ya detuvo a 192 presuntos traficantes de migrantes en una ofensiva llevada a cabo en la frontera del estado de Texas con México.
Los “coyotes” fueron aprehendidos a lo largo del último mes, junto con más de 500 inmigrantes indocumentados, en un esfuerzo por intentar frenar la inmigración ilegal masiva de decenas de miles de menores no acompañados.
La llamada “Operación Coyote” busca combatir el tráfico de personas en la región del Río Grande, Texas, por donde, precisamente, están entrando millares de niños centroamericanos de forma ilegal.
Entre octubre de 2013 y junio del 2014, más de 57 mil niños cruzaron la frontera ilegalmente sin compañía de adultos, la mayoría por esa zona.
Por lo que vemos, la respuesta de la región implica desde ya acciones para frenar a los «coyotes»; las autoridades de Honduras han detenido a nueve traficantes de personas desde el 20 de junio, mientras que el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez, anunció la intención de su gobierno de seguir a estos delincuentes.
Pero seamos honestos, si bien toda esta persecución podrá disuadir a algunos de los también llamados “polleros”, lo cierto es que permanecerán intocables las causas profundas de la migración.
La violencia generalizada es uno de los principales factores que motivan a los niños centroamericanos a emigrar, y si este problema no se aborda, junto con los factores económicos y sociales que han impulsado tradicionalmente la migración, los menores no acompañados seguirán viajando hacia el norte en gran número. Gracias y buen fin de semana.
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
