Aunque los atlas de riesgos son instrumentos que permiten identificar zonas y regiones que se encuentran en peligro potencial y vulnerabilidad ante desastres naturales, sólo 493 de los dos mil 469 municipios de México cuentan con este instrumento, es decir, 20 por ciento.
“Su ausencia dificulta que las autoridades puedan implementar medidas preventivas ante los desastres y las limita a ejecutar acciones correctivas, una vez que ya sucedieron los eventos, con un mayor número de pérdidas sociales y económicas”, revela un estudio elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicado en febrero de este año.
El documento añade que no contar con los atlas también “podría significar autorizar la edificación de asentamientos en lugares no propicios y expondría a la población y al patrimonio, público y privado, a potenciales situaciones de riesgo”.
- Sin embargo, al cierre del año 2020 ocho de cada 10 municipios en el país seguían sin contar con un atlas de riesgos.
- De los 493 que sí tenían, 456 lo presentaron a partir del año 2011.
- Todos los municipios del Estado de México cuentan con un instrumento de este tipo. Le siguen la Ciudad de México (con 81.3 por ciento de sus alcaldías con atlas de riesgos) y Baja California Sur y Colima, ambos con coberturas de 80 por ciento.
En el otro extremo, menos de cuatro por ciento de los municipios de San Luis Potosí y Guerrero contaban con este instrumento. En Guanajuato y Oaxaca la cobertura era de 6.5 por ciento; en Zacatecas, de 6.9 por ciento, y en Jalisco, de 8.8 por ciento.
Los atlas de riesgos constan de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Los instrumentos deben mantenerse por ley constantemente actualizados debido a la naturaleza dinámica del riesgo.
- De acuerdo con el artículo 86 de la Ley General de Protección Civil, “en el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas de las entidades federativas y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas”.
Dichos instrumentos, agrega la legislación, “deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos”.
Más desastres en regiones sin atlas
El estudio de la ASF número 1522-GB –que evalúa la agenda internacional y las acciones de México ante el cambio climático– agrega que en las últimas dos décadas (2000 a 2021) se emitieron dos mil 227 declaratorias de emergencia y 739 de desastre naturales en todo el país.
- Las entidades federativas que registraron el mayor número de declaratorias fueron Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, las cuales presentan los mayores niveles de pobreza y de rezago social (con excepción de Chihuahua) y cuentan con asentamientos en lugares de riesgo, los que las hace vulnerables ante la posibilidad de desastres naturales.
El órgano fiscalizador añade que estos estados también “registran una baja cobertura de atlas municipales de riesgos, inferior a 20 por ciento”.
Los gobiernos estatales solicitan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal la emisión de una declaratoria de desastre cuando los daños por estos fenómenos rebasan la capacidad financiera y operativa de los municipios y las entidades federativas.
La emisión de la declaratoria por desastre natural permite a estas regiones acceder a recursos financieros, humanos e insumos por parte de la Federación para atender las consecuencias de los eventos climatológicos.
- Por su parte, la declaratoria de emergencia se emite cuando la SSPC, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), reconoce que uno o varios municipios, de una o varias entidades federativas, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una amenaza natural, por lo que se requiere prestar auxilio inmediato a la población en riesgo, indica la ASF.
- Adicionalmente, se han emitido 413 declaratorias de contingencia climatológica o de desastre en el sector agropecuario. Éstas tienen como objeto apoyar a los trabajadores del campo, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades en el menor tiempo posible tras ser afectados por un evento climático.
El estudio de la Auditoría añade que los fenómenos asociados con estas declaratorias de emergencia, desastre y contingencia climatológica se dividieron en dos mil 191 de carácter hidrometeorológico (92.1 por ciento), 148 geológicos (6.2 por ciento), 36 químicos (1.5 por ciento) y cuatro sanitarios (0.2 por ciento).
Los eventos hidrometeorológicos de mayor ocurrencia fueron lluvias, heladas, ciclones tropicales, granizadas, nevadas e inundaciones, que en su mayoría propiciaron declaraciones de emergencia, seguidas por declaraciones de desastre.
Alerta ASF riesgos contra metas climáticas
A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido ante la comunidad internacional que México cumplirá sus compromisos en materia ambiental, las metas asumidas por el País para combatir el cambio climático enfrentan riesgos, no solo por pandemia, sino por el manejo presupuestal del actual Gobierno.
- Un estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refiere que, durante 2020 y 2021, el financiamiento climático «se vio afectado» porque el gasto público se priorizó para la atención de la emergencia sanitaria.
«Se estima que, en 2020-2021, se materializaron riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado mexicano en la Agenda Internacional de Cambio Climático (AICC), con mayores limitaciones presupuestarias por las posibles reasignaciones de gasto y nuevas prioridades surgidas de la pandemia, lo cual repercutirá en la disponibilidad de recursos públicos para alcanzar los objetivos», refiere.
En su discurso público, el Jefe del Ejecutivo ha presumido que su Administración ha logrado manejar la pandemia de Covid-19 gracias a que cuenta con recursos suficientes, que provienen de la aplicación de medidas de austeridad y combate a la corrupción.
Sin embargo, el órgano fiscalizador advierte que el impacto de la emergencia sanitaria sí ha generado afectaciones.
«Conforme avancen las medidas para disminuir los efectos de la pandemia, es necesario fortalecer los recursos fiscales del Gobierno Federal a fin de cumplir con los compromisos de la AICC, debido a que la acción climática procura y salvaguarda los derechos ambientales de la población y de las futuras generaciones», señala.
- De hecho, entre las cinco recomendaciones realizadas por la ASF, se encuentra la necesidad de reforzar los mecanismos de planeación y coordinación del Anexo Transversal de Cambio Climático (AT-CC), para hacer más eficiente y transparente el gasto público dirigido a la mitigación y a la adaptación al cambio.
«Fortalecer la transparencia sobre el destino de los recursos del financiamiento climático; contar con mecanismos para reportar su ejecución de manera detallada; construir un sistema de Medición, Reporte y Verificación a nivel federal, así como garantizar que las acciones financiadas tengan un impacto social, ambiental y económico sustentable, además de que sean eficientes, integrales y equitativas».
Golpes tangibles
Y mientras el combate al cambio climático fluye en los discursos, los riesgos de mayores pérdidas humanas y económicas se incrementan, sobre todo, en los estados más pobres del País.
«En las últimas dos décadas, las entidades federativas han sido afectadas por diversos fenómenos naturales, lo que se ha exacerbado en aquéllas que presentan mayores niveles de pobreza y de rezago social, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz», indica el informe.
«Estas entidades se caracterizan por condiciones precarias de las viviendas y la provisión inadecuada de servicios básicos, como agua, drenaje, recolección de basura y salud».
- El estudio de la ASF señala que, de acuerdo con datos del Atlas Nacional de Vulnerabilidad del Cambio Climático, se encuentran en la categoría de riesgo «Muy alta» la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos y Oaxaca, aunque podría sumarse otros seis estados.
«Podrían ser afectadas en los próximos años con un incremento potencial de más de 10.0 por ciento: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.
«De no atenderse el cambio climático, es probable que estos fenómenos se observen con mayor frecuencia e intensidad, lo que disminuiría la productividad agrícola, se incrementaría la degradación ambiental, los costos de producción, la desnutrición, la pobreza, la migración y los problemas de salud de la población».
El reporte agrega que, entre 2001 y 2020, los fenómenos hidrometeorológicos generaron el 86 por ciento de los daños económicos y el 29.6 por ciento de las pérdidas humanas.
«Es particularmente importante para México porque las consecuencias económicas y sociales del CC en el País se presentan cada año. Además, los eventos hidrometeorológicos serán cada vez más intensos y frecuentes debido al CC, lo que repercutirá en un incremento en los costos y pérdida de vidas», indica.
- En 2020, el Centro Nacional de Prevención de Desastre (Cenapred) calculó que las pérdidas y los daños ocasionados por desastres naturales fueron de 31 mil 862 millones de pesos, de los cuales 83.4 por ciento correspondieron a fenómenos hidrometeorológicos.
- Adicionalmente, según la ASF, a septiembre del año pasado, solo 20 por ciento de los municipios del País cuentan con un atlas de riesgos, que permite identificar zonas y regiones que se encuentran en peligro potencial, vulnerabilidad o
grado de exposición ante desastres.
«La ausencia de atlas dificulta que las autoridades puedan implementar medidas preventivas ante los desastres y las limita a ejecutar acciones correctivas, una vez que sucedieron los eventos, con mayores pérdidas sociales y económicas», asegura.
«Además, no contar con los atlas podría significar autorizar la edificación de asentamientos en lugares no propicios y expondría a la población y al patrimonio, público y privado, a potenciales situaciones de riesgo»./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
2020_1522_a
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