Mónica Ramírez Alvarado, joven estudiante universitaria, fue desaparecida el 14 de diciembre de 2004 mientras iba de camino al campus en el que tomaba sus clases, en el Estado de México.
- Su madre Adela Alvarado, quien también es integrante del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, compartió que no fue hasta que el grupo de trabajo de la ONU les dio asesorías a ella y otras familias que «yo supe qué hacer, porque antes sólo veíamos cómo desaparecían a nuestras hijas e hijos, pero no teníamos idea del por qué, y mucho menos de qué hacer para su pronta localización, los gobiernos solo nos decían que eran desapariciones aisladas y esporádicas».
- Con dolor y rabia, Adela recordó a su hija como una joven feliz a la que injusta y abruptamente le cortaron sus sueños y los de sus seres queridos y familiares.
«No solo terminan con la vida y los sueños de una sola persona, porque detrás de la persona desaparecida habemos (sic) dos, tres, cuatro y muchas más personas que las amamos y extrañamos día con día».
Nuestras vidas, como familiares, cambian completamente: ahora solo nos dedicamos a buscar, nos enfermamos por la tristeza, por la preocupación de no saber cómo se encuentra, de si le están haciendo algo, si está enferma; muchos compañeros y compañeras de búsqueda han muerto por la tristeza; yo no quiero morir sin saber qué pasó con mi hija. Ya son 17 años sin saber nada de ella
DESINTERÉS
Pese a que la desaparición forzada ya es reconocida como un delito, Adela denunció que no hay disposición de las instituciones gubernamentales para articular procesos de búsqueda efectivos que detengan esta crisis humanitaria: «no se reconoce ni acepta la desaparición forzada en todos los estados, lo cual nos limita a las familias».
- Además de las claras violaciones a derechos humanos que cometen las autoridades mexicanas al no garantizar la seguridad de la población y, con ello, no realizar búsquedas efectivas que lleven a la pronta localización de las y los desaparecidos, Adela añadió que, prevalecen esquemas de violencia institucional y revictimización, más aún en los casos donde las mujeres, jóvenes y niñas son víctimas de este delito: «somos revictimizadas y más cuando la persona que está desaparecida es una mujer», señaló.
Adela continúo diciendo que «el divorcio entre las instituciones de búsqueda y seguridad» ha generado que, en todo México, haya una tasa de impunidad de más del 90%. De tal manera que por cada mil personas desaparecidas sólo se generan únicamente 35 sentencias condenatorias.
UNA DÉCADA SIN RESPUESTA
A 10 años del informe de misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el principal reto para el país es «la impunidad que ha prevalecido como un problema endémico» afirmó Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
- En un espacio de conversación organizado conjuntamente entre la ONU-DH México y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Fernández agregó que el sufrimiento de las y los familiares que se articulan, apoyan y luchan juntas es muestra de las constantes violaciones a los derechos humanos en el país.
«No deberíamos ni tolerar una sola desaparición, mucho menos ahora que en todo México la cifra casi llega a 100 mil», dijo.
- De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 2006 (año en que el gobierno federal declaró la guerra contra los grupos del crimen organizado) al 14 de marzo de 2022, han sido desaparecidas 79 MIL 569 personas, de las cuales 18 mil 983 son mujeres (23.86%) y 60 mil 319 son hombres (75.81%).
- Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que frente a esta realidad «el Estado ha renunciado a sus responsabilidades de buscar a las personas desaparecidas, delegando está labor a las familias de las víctimas».
- Por su parte, Blanca Martínez, intégrate del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, mencionó que «la violencia sistémica que está impregnada en el ADN mexicano ha llevado a las madres a tomar acciones que, en primer lugar, no deben de hacer, pero, ya que la desaparición forzada en México es una realidad, ellas actúan y realizan lo que le corresponde al Estado, un Estado omiso y ausente que viola sus derechos humanos y los de sus seres queridos desaparecidos».
La defensora de derechos humanos añadió que en México deben existir parámetros de búsqueda con una perspectiva de derechos, pues el solo aprobar leyes «no solo no sirve de nada, sino que al no haber un impacto profundo en el sistema que logré contener las desapariciones forzadas, todas y todos estamos condenados a desaparecer».
«Ahora solo nos dedicamos a buscar».
LOS RETOS
El principal reto al hablar de desaparición forzada en México es que el Estado debe reconocer la magnitud y la gravedad de la crisis», advirtió Luciano Hazan, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU. En ese sentido, agregó que, si bien, es importante el avance obtenido al aprobar leyes en materia de desaparición forzada «no es suficiente».
Otro de los desafíos es la sostenibilidad, permanencia y continuidad de las estructuras conformadas por las leyes actuales en la materia. A esto se suma la deficiente articulación que existe entre las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalía del país, cuyo trabajo «no es ágil y tampoco eficaz» por la falta de coordinación y colaboración.
- Asimismo, apuntaron que se requieren de fuerzas de seguridad interna con perspectiva de derechos humanos, ya que, hasta ahora, la militarización del Estado «sólo ha traído consigo que la cifra de personas desaparecidas crezca». Recordaron que en 2018 (año en que Andrés López Obrador tomó posesión de la presidencia, e instauró la Guardia Nacional) han sido desaparecidas 34 mil 470 personas (8 mil 570 mujeres y 25 mil 690 hombres).
- Por su parte, Encinas Rodríguez, reconoció también que la crisis de desapariciones forzadas ha traído consigo otra crisis: la forense, una que hasta la fecha contabiliza 50 mil personas sin ser identificadas dentro de los servicios forenses del país. Atender esta nueva y dolorosa problemática, expresaron implicará al Estado mexicano la asignación de recursos humanos y económicos en esas áreas
Consideraron que la perspectiva humanitaria debe atravesar cada una de las acciones que se establezcan para localizar a las casi 100 mil personas desaparecidas en el país, siempre teniendo en el centro a las víctimas y sus familias:
No se debe avanzar desde una mirada triunfalista, sino desde una idea que ayude a erradicar esta grave crisis de inseguridad y desesperación», concluyeron.
BAJAN DESAPARICIONES DURANTE PANDEMIA
Tras el primer caso de Covid-19 en México, el 27 de febrero de 2020, en 13 estados disminuyeron los registros de personas desaparecidas, entre ellos Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.
- Sin embargo, hubo entidades donde los casos registrados por la autoridad aumentaron, como Zacatecas, de acuerdo con una revisión de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
- Según datos del RNPDNO, enero de 2018 a febrero de 2020 se registraron 17 mil 851 personas desaparecidas, mientras que de marzo de 2020 a la fecha se reportaron 17 mil 341, es decir, una reducción de dos por ciento.
Entre los 13 estados que muestran una disminución en las desapariciones de personas con la llegada del Covid-19 algunos son en los que ha predominado la violencia: Jalisco y Tamaulipas. Ambas entidades encabezan la lista de los reportes de desapariciones en los últimos 15 años, con 13.8 y 13.2 por ciento del total de registros, respectivamente.
Los otros estados donde hubo una disminución de denuncias por desapariciones fueron Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Guerrero, Colima, Aguascalientes y Oaxaca.
- En Jalisco, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación liderado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, bajaron de tres mil 759 a mil 963, según los registros del RNPDNO.
- Otro ejemplo es Tamaulipas, territorio en disputa de células delictivas como Los Zetas contra Los Metros, Rojos y Los Pelones, entre otros, los reportes ante la autoridad se redujeron de mil 865 a 801.
Lo mismo ocurrió en el territorio huachicolero de Guanajuato, donde fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y principal responsable del robo de combustible en el estado, al pasar de mil 177 a 714.
En Chihuahua cayeron drásticamente de tener 708 en los dos años previos al Covid, a apenas 57; en casos similares se ubican Veracruz, de 898 a 222; Sonora, de mil 129 a 721; Sinaloa, de mil 175 a 952 y Michoacán de mil 224 a mil 132.
- En el resto del país hubo entidades donde se dispararon los registros de las desapariciones en los dos años que lleva la contingencia sanitaria en México por Covid-19.
- Un caso es el estado de Zacatecas que se convirtió en un foco rojo y epicentro de violencia en el país, ya que pasó de 487 a mil 287 desaparecidos. En el Estado de México los reportes pasaron de 372 a dos mil 227.
Sucesos similares se repiten en Morelos al tener 171 en los dos años previos a la pandemia y ahora tiene 683 casos; en Hidalgo de 67 a 313; en Nuevo León, de mil 243 a mil 528; en Baja California de 66 a 171.
PROBLEMÁTICA NO ES NUEVA
La desaparición en México no es algo nuevo, ya que desde marzo de 1964, inicio de los registros, el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas suma poco más de 239 mil.
- Sin embargo, desde el inicio de la llamada guerra contra el crimen organizado se detonó el incremento de desapariciones con alrededor de 197 mil a la fecha, de las cuales 79 mil continúan en estatus de desaparecidas y no localizadas.
- Sin embargo, existe un subregistro respecto a las desapariciones al menos entre 2018 y 2020, de acuerdo con un informe presentado en agosto de 2021 por la organización de investigación e incidencia Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“El RNPDNO da cuenta de más de 23 mil personas desaparecidas entre 2018 y 2020, todas ellas presuntas víctimas de delitos. Sin embargo, menos de un tercio están reconocidas en el Registro como víctimas de algún delito concreto que actualmente esté bajo investigación. Lo anterior refleja tanto omisiones de las autoridades a la hora de suministrar información al Registro —lo cual impide que dicha base de datos alcance su potencial como herramienta de búsqueda e investigación—, como brechas reales entre el número de desapariciones y de investigaciones”, detalla WOLA./Agencias-PUNTOporPUNTO
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