México es el quinto peor país del mundo en corrupción, de acuerdo con un ranking de The World Justice Project.
- En su Índice de Estado de Derecho 2021, la organización ubicó al país en el ranking de Ausencia de Corrupción en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas, con una calificación de 0.26 en una escala de 0 al 1, donde el 1 es la mejor nota.
México se coloca sólo por arriba de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo, este último país es el peor evaluado.
- La baja nota de México en corrupción se debe principalmente a la calificación que reciben los legisladores del país, de 0.10, mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen 0.31 y la Policía y el Ejército alcanzan 0.33.
- El ranking de Ausencia de Corrupción es uno de los componentes del Índice de Estado de Derecho; en éste, México recibe una evaluación de 0.43, lo que lo ubica en el lugar 113 de 139, un sitio menos que el año pasado, al igual que una décima menos.
- En otros rubros considerados por The World Justice Project, México también se ubica al fondo de los rankings de Orden y Seguridad, con una nota de 0.53 y el lugar 130 de 139; Justicia Civil, con 0.37 y el sitio 131, y Justicia Criminal, con 0.29 y el puesto 129.
Hacia el fondo de la tabla, pero no en los últimos peldaños, el país reprueba en la categoría de Límites al poder gubernamental, con 0.45 de calificación y el lugar 102 de 139, y Cumplimiento regulatorio, con 0.44 y el sitio 105.
Las categorías en las que México sale mejor evaluado son Gobierno Abierto, con una nota de 0.60 y el lugar 43 de 139, y Derechos Fundamentales, con 0.49 y el puesto 91.
AMLO arremetió contra el Sistema Nacional Anticorrupción
El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción es una simulación y un gasto innecesario, además de aclarar que él nunca estuvo de acuerdo con su creación.
“Le quiero decir con toda franqueza, ese Sistema (Nacional Anticorrupción) se creó en plena corrupción, para simular que se iba a combatir la corrupción”, afirmó el jefe del Ejecutivo.
- AMLO expresó que le tiene desconfianza a instancias como el SNA o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues no han servido para el propósito que fueron creados y al gobierno le cuesta 1,000 millones de pesos al año; además, de que el derecho a la información se puede resolver de otras formas.
“No se necesita el aparato ¿Sabe para que se utilizó ese aparato? Para ocultar la información, y así como ese, muchos otros”, expuso AMLO.
También, comentó que cuando se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, las autoridades no se dieron cuenta de que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción, por lo que su creación la consideró como una “vil simulación”, pues hicieron creer que así se iba a combatir la corrupción, se iba a tener acceso a la información y no iba a haber monopolios.
- Por otro lado, argumentó que para el combate a la corrupción existen instituciones como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República; la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial, entre otros.
Sobre el trabajo de los sistemas anticorrupción estatales, el presidente de la República mexicana dijo que tampoco funcionan y sólo sirven para tener control sobre áreas estratégicas en las que se puede robar con impunidad.
López Obrador mencionó que para combatir la corrupción se debe cambiar la mentalidad, formar gente decorosa y que se eleve la importancia de la honestidad.
‘Si Corte quiere atacar corrupción, que empiece por PJ’
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende combatir la corrupción, debería empezar por el Poder Judicial donde cada día se conocen casos de jueces que liberan a presuntos delincuentes argumentando el debido proceso.
“Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el Sistema Anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto, ahí está el Consejo de la Judicatura”, señaló.
- En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal insistió que no confía en el pleno de ministros que conducen la Suprema Corte al considerar que no han sido capaces de sancionar las irregularidades que se registran al interior del Poder Judicial y al contrario, los protegen.
“Ustedes que son investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio de 10 años para acá, no se vayan tan atrás, 20, ¿a cuántos jueces, magistrados y Ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Pidan ese informe y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza”, planteó a la prensa.
Cuestionado sobre si ha mantenido comunicación con la ministra presidenta, Norma Piña, el mandatario federal negó esta situación aunque señaló que diversas áreas de su administración mantienen trabajos conjuntos.
“Sí hay comunicación, porque independientemente de las diferencias que podemos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que lo vamos a seguir señalando, pues, el trabajo conjunto, porque está de por medio el interés general, el interés del pueblo”, dijo.
Erradicar la corrupción en la SCJN, entre los retos
Uno de los principales retos de Norma Piña, la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será erradicar la corrupción, aseguró Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM.
- La ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y representará al Poder Judicial de la Federación (PJF) hasta el 31 de diciembre de 2026
«En el tema de los retos», apuntó el profesor, «yo creo que ella va a tener que culminar con la implementación de toda la reforma del PJF, que ya le tocó iniciarla al ministro Arturo Zaldívar. Va a tener cuatro años, que es un tiempo pertinente para esto; es decir, que se erradique la corrupción adentro del PJF», dijo en entrevista con Josimar Estrada para Radio Fórmula.
Asimismo, añadió que es necesario eliminar «el nepotismo, que se garantice y consolide la carrera en el Poder» y que no existan los «amiguismos».
«Es necesario que se pueda reivindicar la independencia y autonomía de la Corte. (…) Yo esperaría que la ministra Norma Piña pueda defender la Constitución como lo ha hecho a través de sus sentencias y votos», declaró.
También señaló que espera que la ministra presidenta pueda generar los medios institucionales para que las mujeres la acompañen en su liderazgo dentro de la Corte.
Cámara de Senadores y Diputados Sin transparencia en negociaciones
Por los pasillos de las cámaras de Senadores y Diputados se mueven unos 380 cabilderos –representantes de personas físicas (216) y morales (164)– que buscan influir en la toma de decisiones legislativas relacionadas con temas de interés nacional, como energía, medio ambiente, agua, manejo de residuos, cambio climático, trabajo, seguridad social, economía (minería, siderurgia, campo), régimen fiscal, comercio exterior, desarrollo social, población, asuntos indígenas y hasta la despenalización de la cannabis, de acuerdo con el Padrón de Cabilderos de la LXV Legislatura. De las pláticas, negociaciones o tratos que hay entre los personeros y los legisladores no hay registro público: sus acuerdos quedan en la opacidad.
- Emitido en enero pasado, el listado del Congreso de la Unión revela que entre los cabilderos de grandes firmas y corporaciones están representantes de los intereses de Philips, Pepsico, Samsung, Amazon, Facebook, Roche, Johnson & Johnson, Syngenta Agro, AT&T Comunicaciones Digitales, Kansas City Southern de México, PricewaterhouseCoopers, la International Chamber of Commerce México.
- Asimismo, hay personeros enviados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Éstos son asiduos, sobre todo, a las comisiones de Hacienda, Estudios Legislativos, Energía, Seguridad Social, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
También hay cabilderos de asociaciones con grandes intereses económicos, como la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
De la revisión del Padrón se desprende que hay representantes registrados para cabildear del Centro Industrial CBD y la Asociación Mexicana de Estudios Sobre la Cannabis, AC. La cannabis fue legalizada en su uso recreativo desde 2021.
- El cabildeo se define como una práctica para “influir y orientar las decisiones de los actores políticos en el terreno legislativo, gubernamental y judicial, y se ha desarrollado en el ámbito de los modernos Estados democráticos, en donde se presenta un acentuado pluralismo de organizaciones de intereses”, indica Roberto Ehrman Fiori, presidente de Dynamis Consultores, en su artículo “El cabildeo en México: teoría y práctica”.
Los antecedentes para los cabilderos en el país datan de 2002 a 2008, periodo en el que se presentaron 22 iniciativas y proyectos legislativos en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado de la República para regular con transparencia y rendición de cuentas esta práctica. Ninguna de ellas prosperó.
- En esta materia, fue el 24 de diciembre de 2010 cuando se modificó el artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados: “todo individuo que pretenda realizar cabildeo por más de una vez en la Cámara, deberá inscribirse al inicio de cada legislatura en un registro público que elaborará la Mesa Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la Gaceta y en la página electrónica con los datos proporcionados por quienes se registren”.
- El artículo 264 también prohíbe a los servidores públicos de la Cámara de Diputados, así como a sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, realizar actividades de cabildeo. Eduardo Bohórquez, graduado en ciencia política y administración pública y con maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge, comenta: “hay que entender que por muchos años, el cabildeo no tenía ni registro.
- Antes ocurría sin que supiéramos ni cuándo se reunían, dónde se reunían, con qué propósito y quienes eran los cabilderos. Fue un gran avance, cuando se aprobó un registro porque cuando menos puedes saber que existen estos grupos de interés que son abiertos y que de alguna manera buscan acercar las propuestas legislativas a sus preocupaciones individuales”.
- El director de Transparencia Mexicana expone que lo verdaderamente preocupante son los intereses que no se revelan en un registro. Como ejemplo, cita que hay asuntos del crimen organizado o grupos de interés ilegales, “que no están compartiendo la información y que no aparecen nunca en estos registros o de manera todavía más delicada, los intereses que pueda tener un legislador que se convierte en cabildero de su propia causa”.
Explica que hay tres formas de lo que se reconoce como influencia indebida en las decisiones públicas: si el cabildero no se registra, es influencia indebida porque no se sabe qué mecanismos usa y qué intereses defiende. Por ello, indica que si hay un registro, tiene que ser muy claro con quien se reunió para qué, ahí le toca al servidor público informar sobre los contactos que tienen con distintos grupos de interés.
Tener intereses es legítimo, pero lo importante es que los intereses estén arriba de la mesa y no de bajo. El más pernicioso de todos es el legislador que en realidad es un grupo de interés. El informe que indica cuáles son los acercamientos con los lobistas, dice sí lo tienen que presentar los legisladores, pero no lo hacen.
Transparencia, un pendiente de los Congresos locales
Los Congresos locales de Guanajuato, Quintana Roo y Puebla son los únicos de las 32 entidades federativas que cuentan con plataformas digitales modernas de transparencia y de datos abiertos para que la ciudadanía pueda conocer el trabajo legislativo y el uso de los recursos públicos de forma sistemática y ordenada, dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- Derivado de la publicación de la sexta edición del Informe Legislativo del IMCO (el cual analiza la composición partidista de los Congresos estatales, la paridad de género, la reelección de los congresistas y la relación que hay con los gobernadores), el instituto informó que al revisar las actuales legislaturas subnacionales se detectaron asimetrías entre la accesibilidad y disponibilidad de datos estructurados en los portales digitales de los Congresos locales.
“Los congresos son esenciales para la competitividad, ya que tienen la capacidad de generar marcos legislativos y regulatorios que permitan atraer y retener inversión. Además, no solo importan para redactar o desechar leyes son fundamentales para auditar a los otros poderes, aprobar ingresos, presupuestos y ratificar nombramientos”, detalló el análisis.
En ese tenor, ahondó que después de una revisión se encontró que 29 legislaturas locales necesitan estructurar su información presupuestal, legislativa, de composición partidista y de género en formato de datos abiertos; ya que en caso contrario, se podría acrecentar la opacidad.
- Sumado a esto, el IMCO recomendó establecer que al menos 20% del presupuesto del Poder Legislativo se destine a las auditorías estatales para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o legisladores.
- La sexta edición del Informe Legislativo también identificó que en seis estados (Baja California, Tabasco, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Yucatán) el partido del Ejecutivo local cuenta con mayoría absoluta en el Congreso estatal.
“En el 2015, en 24 entidades federativas coincidía el partido del gobernador con la mayoría legislativa”, subrayó el estudio.
- El IMCO destacó que por primera vez, hay más mujeres que hombres en los Congresos locales, de 1,063 congresistas electos, 566 fueron mujeres; mientras que los congresistas sin afiliación partidista han disminuido, pasaron de ser 40 a uno en el país.
- De igual manera, el informe reveló que la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) dirige más de la mitad de los asientos en 16 Congresos locales, por su parte, la coalición Va por México (PAN, PRI, PRD) tiene el control de 9 congresos.
Más transparencia no representa menos corrupción
En el País hay una gran paradoja, pues a pesar de las altas expectativas, el aumento de transparencia en las instituciones no ha impactado de la misma manera en el combate a la corrupción, aseguró Reyes Rodríguez, Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En ese sentido, la transparencia en el País «ha dejado mucho a deber», añadió.
- En un conversatorio sobre transparencia en la justicia electoral, los ex funcionarios electorales y actuales profesores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Alejandro Poiré y Arturo Sánchez, hablaron de los avances y retos en materia de transparencia.
- En contraste, el presidente del TEPJF, luego de reconocer lo obtenido «en la joven democracia mexicana», se refirió a algunos de los pendientes, no solo ante los avances tecnológicos sino para afianzar lo logrado.
«La legislación en México en materia de transparencia, si recuerdo bien, ha sido muy bien evaluado en instancias internacionales como un instrumento normativo formal y que plantea también un marco para a la actuación de las autoridades», expuso el Magistrado.
«Pero por otra parte, en términos de los resultados o las grandes expectativas que se tenían, por ejemplo, como una herramienta para combatir la corrupción, pues también me parece, sin que yo sea experto en el tema, que ha quedado un poco a deber. Las expectativas eran muy altas y la paradoja que podemos ver que México tiene una muy importante evaluación en materia del diseño de la ley de transparencia, de sus instituciones, pero en materia de combate a la corrupción las calificaciones a nivel internacional son más bien bajas», apuntó.
Expuso esa paradoja y la puso como ejemplo de la necesidad de consolidar lo avanzado en esa materia.
- Previamente, Alejandro Poiré, ex funcionario del entonces IFE y ex secretario de Gobernación en el tramo final del sexenio de Felipe Calderón, se mostró optimista ante el futuro de las instituciones en materia de transparencia y con el impulso que a esta materia dan los jóvenes.
- Planteó entre los retos el atender el impacto de la transformación tecnológica a nivel global y el avance de la inteligencia artificial.
- Por su parte, Arturo Sánchez, ex consejero electoral con el IFE y con el INE, hizo notar los cambios en transparencia y acceso a la información en décadas recientes, recordando al secreto bancario y fiduciario, al que se enfrentó al autoridad electoral en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, por mencionar algunos.
Además de los momentos difíciles en el debate electoral que se avecinan, dijo, ante la posibilidad de que en los próximos días se apruebe el «Plan» B de la reforma electoral, el ex consejero electoral consideró indispensable que haya transparencia en el debate público.
La transparencia y la democracia, también van juntas, señaló.
En el conversatorio participaron también el Magistrado Felipe Fuentes y la consejera electoral Claudia Zavala./Agencia-PUNTOporPUNTO
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