Ex funcionarios estatales y municipales e integrantes de organizaciones civiles de Morelos, Puebla, Baja California y el estado de México fueron acusados por autoridades de procuración de justicia y órganos superiores de fiscalización de cometer desvíos millonarios de recursos, fraudes y ejercicio abusivo de funciones, entre otros actos de corrupción. Al menos tres de ellos fueron aprehendidos en horas recientes y a 33 se les inhabilitó para ejercer el servicio público entre uno y 10 años.
- Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas de Morelos en la administración del perredista Graco Ramírez (2012-2018), fue detenida en el municipio de Jiutepec, acusada de ejercicio abusivo de funciones por haber adjudicado a una empresa fantasma, de manera directa, la “demolición y reconstrucción de un edificio de la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos” en Jojutla, por un monto superior a 75 millones de pesos, informó la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.
A la compañía Ago Operaciones, SA de CV se le otorgó el contrato a pesar de que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados estipula que las adjudicaciones directas no deben rebasar un monto de 2.5 millones de pesos.
La captura de la ex funcionaria se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control el pasado 18 de febrero, la cual se hizo efectiva la noche del lunes en un hotel, al parecer de su propiedad, ubicado en la comunidad de San Gaspar.
Saquearon fondo de ayuda a damnificados
También en Morelos, América López Rodríguez, titular de la Oficina de Auditoría y Fiscalización de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), informó que los dos encargados operativos del Fondo Unidos por Morelos –que se creó en el gobierno de Graco Ramírez para ayudar a las familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017– “incurrieron en un desfalco impresionante, de muchos millones de pesos”.
- Dicho fondo empezó en octubre de 2017 con una bolsa de 300 millones de pesos; en un principio estuvo a cargo Sergio Toto Beltrán (cercano a la familia del entonces gobernador). Meses después, Alexis Ayala Gutiérrez, actual secretario particular del presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Agustín Alonso Gutiérrez, del partido Nueva Alianza, se hizo cargo de los recursos hasta el 30 de septiembre de 2018 (cuando Cuauhtémoc Blanco sustituyó a Graco Ramírez al frente del Poder Ejecutivo).
En esta investigación, afirmó López Rodríguez, podría haber “un conflicto de intereses” debido a que el cargo de Ayala Gutiérrez podría ser un obstáculo para que la Comisión de Hacienda dé a conocer los resultados de esta revisión fiscal ante el pleno.
En Puebla, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien fue secretario de Movilidad y Transporte durante el primer año y medio del gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación para que responda por presuntos actos de corrupción, dio a conocer la fiscalía estatal.
- El arresto se efectuó alrededor de las 10 de la noche del lunes en la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura de la plaza Gemma. Aréchiga Santamaría, quien, según trascendió, es acusado por la venta ilegal de concesiones de transporte público, fue titular de la citada dependencia de agosto de 2019 a marzo de 2021. Su destitución se realizó en medio de una operación policiaca, ante la sospecha de irregularidades en su gestión.
- De 2003 a 2006 Guillermo Aréchiga fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y durante la presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue coordinador nacional de las delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En 2011 fue legislador local del Partido Acción Nacional y presidente del Congreso estatal; renunció a esta fuerza política en 2018 para contender por Morena por una diputación federal, la cual ganó, y en 2019 pidió licencia para integrarse al gabinete de Barbosa Huerta.
En el estado de México, 33 ex servidores públicos, la mayoría integrantes de ayuntamientos mexiquenses, fueron inhabilitados por el Tribunal de Justicia Administrativa estatal para ejercer el servicio público entre uno y 10 años, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) acreditó su responsabilidad en abuso de funciones y desvío de recursos en ejercicios fiscales previos a 2018.
En sesión de la comisión de vigilancia del OSFEM realizada en el Congreso local, la auditora superior de fiscalización del estado, Miroslava Carrillo, aclaró que los procedimientos de responsabilidad administrativa que inicia el OSFEM por faltas graves en el uso de recursos públicos se envían al Tribunal de Justicia Administrativa para que imponga sanciones.
Así, se inhabilitó durante 10 años al ex alcalde de Acolman Misael Carreño (del Partido Revolucionario Institucional), al ex tesorero Aníbal Jesús Da Silva y a la ex síndica Maira Ivette Anaya, por abuso de funciones.
- Recibieron la misma sanción Gregorio Morales, ex presidente municipal de Tonanitla (del Partido del Trabajo); Miguel Ángel Ortiz, ex tesorero, y Adelina Borbón, ex síndica. También el ex alcalde de Tequixquiac, Salvador Raúl Vázquez; el ex tesorero Ernesto Vega y el ex director de obras públicas, Gabriel Domínguez. A los primeros dos se les impuso otra inhabilitación de dos años por desvíos.
En tanto, quedaron inhabilitados durante una década la ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tequixquiac, Norma Araceli Bravo; la ex directora del DIF Blanca Estela Balderas y el ex tesorero del organismo, Ángel Hernández, por abuso de funciones. Sentencia similar recibieron los ex directores del instituto municipal del deporte del municipio de Jaltenco, Jorge Maya y Roberto Jesús Arceo, así como Óscar Villanueva, ex director de finanzas.
Fraude contra jubilados
La presidenta de la Caja de Ahorro Magisterial Asociación Civil (Camac), Dalila Carrillo, fue apresada en Mexicali y trasladada a Tijuana, Baja California, para enfrentar cargos por el delito de fraude por mil millones de pesos contra mil 300 maestros jubilados.
- El 16 de noviembre de 2021, la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la FGE terminó de integrar la carpeta de investigación NUC 2016-30506 contra Carrillo, el esposo de ésta, José Alfredo Bustos Chew; su ex esposo Delber Medina Carrillo, sus hijas Alexandra y Minette Álvarez Carrillo y su colaboradora Marialy Villarreal Rivas.
El arresto se efectuó cerca del mediodía del lunes, cuando Dalila Carrillo se presentó en la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia de la fiscalía estatal. Su intención era llegar a un acuerdo sobre la denuncia de fraude que presentaron los maestros, quienes le entregaron sus ahorros para generar rendimientos, pero hace cinco años se percataron de que su dinero y la asociación civil desaparecieron.
Al verificar el estado de este caso, en el sistema de la FGE apareció la orden de aprehensión librada en Tijuana, por lo cual se le notificó y se procedió a cumplirla.
Candidata a gubernatura de Q. Roo sigue acumulando denuncias
La organización Transparencia por Quintana Roo A.C. dio a conocer que se alista nuevas denuncias contra la ex alcaldesa de Puerto Morelos y ahora candidata a gobernador de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, por desvíos de recursos y obras no realizadas en su administración.
- Sobre la abanderada de la alianza PAN-PRD (Va por Quintana Roo) pesan varias denuncias ante la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo), lo que pondría en riesgo su candidatura a la gubernatura.
La ex alcaldesa de Puerto Morelos y actual diputada federal con licencia, Laura Lynn Fernández Piña enfrenta denuncias que existen en su contra y así como recientes irregularidades encontradas en la auditoría que ha realizado la nueva administración municipal del municipio que gobernó por seis años y que encabeza ahora Blanca Merari.
- De acuerdo con Transparencia por Quintana Roo, la ex edil será llamada a cuenta por millonarios desvíos de recursos durante su administración y con ella también serán citados algunos funcionarios de su administración que se coludieron para consumar un millonario desfalco al arcas de ese municipio.
- Desde el 2018 hay recursos sin comprobar de la ex alcaldesa; en el 2019, igual se detectaron irregularidades, y hay denuncias en su contra.
La documentación será presentada ante el órgano de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, por lo que sería llamada junto a su equipo de funcionarios de alto nivel para que respondan por los recursos económicos que no aparecen y las obras que no realizaron y se pagaron durante su administración.
Laura Laura Fernández Piña obtuvo fuero al elegirse diputada federal, hoy con licencia; sin embargo, afirman que ello no será impedimento para que responda a los millonarios desvíos en Puerto Morelos.
La candidata a la alianza “Va por Q. Roo”, Laura Fernández Piña, y sus ex colaboradores, tendrán que presentarse para justificar malos movimientos financieros en el Ayuntamiento Puerto Morelos del periodo 2018 al 2021.
- De acuerdo con la organización Transparencia por Quintana Roo, luego de atender e investigar una denuncia ciudadana, se descubrió que Fernández Piña habría desviado recursos a través de programas irregulares de apoyo económico, pues los beneficiarios habrían sido funcionarios de alto nivel y no los grupos vulnerables.
- La asociación encontró que a través del programa de apoyo económico denominado “Programa Institucional de Gestión Social” que no está incorporado en los Programas Municipales 2016-2018, aprobados por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Sin fuero o con fuero, la expresidenta municipal de Puerto Morelos debe responder por el desvío de recursos públicos durante los años 2018, 2019 y 2020, según la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo).
De entrada, tendrá que enfrentar las denuncias penales que presentó la Aseqroo contra la ex alcaldesa del municipio de Puerto Morelos, por ejercicio de recursos públicos que faltaron por comprobar en la cuenta pública de 2018.
Y es que ya se agotaron todas las instancias de la etapa de investigación sobre estas observaciones no solventadas, informó el auditor superior del estado, Manuel Palacios Herrera, en reunión de trabajo con los diputados en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, en la que se inició el análisis de los informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019.
- Las denuncias de hechos, interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción, son por daños a la hacienda pública e involucran a funcionarios de las administraciones que entonces fueron encabezadas por Laura Fernández Piña. En el caso de Puerto Morelos hay un desfalco cercano a los 6 millones de pesos que quedó sin comprobar debidamente.
- Pero ese desvío de recursos no es el único en el historial de Fernández Piña, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había descubierto una malversación de fondos de parte de la alcaldesa por 90 millones 330 mil pesos, que presuntamente habrían sido canalizados para el pago de mil 80 aviadores a razón de 24 quincenas a cada uno.
Los empleados inexistentes habrían estado cobrando sin hallarse registrados en la plantilla laboral ni en los tabuladores salariales emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, a través de una partida federal por 90 millones 330 mil pesos, de los cuales Laura Fernández Piña jamás especificó en qué se gastaron.
Estos son políticos poblanos son acusados de corrupción
Puebla aumenta el número de detenciones de funcionarios públicos por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, tortura, violencia sexual, entre otros, quienes esperan el avance de su proceso legal.
- El último caso fue el de Juan Carlos Fernández Jasso, ex director de Museos de Puebla, quien fue detenido el 28 de febrero por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) mientras se encontraba al interior de su galería de arte en el Barrio del Alto, en la 12 Norte entre 8 y 15 Oriente, cerca de Paseo de San Francisco; no obstante, hasta el cierre de esta edición no se informó sobre su actual paradero o estatus legal.
En este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que Fernández Jasso podría estar involucrado con actos de corrupción cuando se desempeñó como subsecretario de Medio Ambiente en el sexenio del ex gobernador Mario Marín; asimismo se especula que dichos actos habrían sido la autorización ilegal de verificentros en el estado.
También podría estar en la mira de la justicia por una investigación derivada de una auditoría que realizó la Secretaría de Cultura el año pasado, en la cual se reveló que 21 museos acumulaban una pérdida de 5 mil 981 piezas de arte tras el manejo de gobiernos pasados.
Un día anterior, alrededor de las 22:10 horas, sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros, agentes ministeriales cumplieron una orden de aprehensión en contra del ex diputado federal y ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, por su presunta relación con actos de corrupción durante sus funciones como servidor público.
- Cabe señalar que el 11 de marzo del 2021 se llevó a cabo un operativo en las oficinas de la SMT en la colonia La Paz, donde Aréchiga evitó la sustracción de documentos y cualquier tipo material probatorio que pudiese ser de utilidad para las autoridades.
- Sin embargo, en junio del 2021, el gobernador Miguel Barbosa señaló que ya existían denuncias penales en contra del ex funcionario ante la FGE, mismas que estarían dirigidas al reclamo por la presunta venta de concesiones de manera Ilícita y las cuales el mandatario poblano apuntó que serían próximamente.
Ambos casos se dieron solo tres días después de que José Francisco Romero Serrano, auditor superior del estado con suspensión, fuera enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel por su presunta relación en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita.
A esto se suma la investigación del 23 de octubre del 2021, cuando fue señalado por el delito de violencia familiar en agravio del hijo de su pareja sentimental. Durante dicho proceso, Francisco Romero fue suspendido de su cargo público como auditor superior del Estado, sin embargo, podría ser revocado su nombramiento. Sin embargo, otro tipo de delitos habrían cometido políticos poblanos.
- El 18 de febrero de 2022, el ex diputado federal de la bancada de Morena, Saúl Huerta Corona, fue vinculado a proceso en dos ocasiones por la FGE por los señalamientos de violación y la segunda por violación y abuso sexual, ambos en agravio de menores de edad de Puebla.
- Ambas imputaciones fueron sumadas a las investigaciones que enfrenta por acusaciones similares, por las cuales se le denunció ante el consulado de San Bernardino, California, en Estados Unidos y una más ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx). A esta lista se suma la detención del ex contralor y ex diputado federal, Eukid Castañón Herrera, actualmente preso en un penal federal de Durango al ser vinculado a proceso por distintos delitos como falsedad en declaraciones, extorsión, amenazas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, Oscar Chapa Palomeque, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido en 2019, fue procesado por un sobrecosto de más de 30 millones de pesos en uniformes escolares; fue enviado a prisión preventiva donde murió el 3 de mayo del 2021 a causa de una deficiencia cardíaca.
Otra línea política que no está exenta de la cárcel es la del marinismo, pues su líder principal, el exgobernador Mario Marín Torres, ahora está recluido en Quintana Roo por su probable participación en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, a quien presuntamente mandó a encarcelar por relacionarlo a una red de pederastia encabezada por los empresarios libaneses Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri.
A él se suma el exsecretario de Gobernación estatal, Valentín Meneses Rojas, mismo que permaneció de febrero a mayo de 2021 en prisión tras una denuncia que el gobierno de Barbosa Huerta presentó en su contra por supuestamente autorizar preliberaciones de delincuentes que cometieron delitos de alto impacto, a cambio de cuotas económicas.
- Obtuvo su libertad con un amparo federal, pero su juicio sigue abierto. Por ello, las detenciones no se han concentrado solo en funcionarios del estado y diputados, sino también a representantes del poder. Tal es el caso de Leoncio Paisano Arias, ex presidente municipal de San Andrés Cholula en el periodo de 2014-2018, quien fue vinculado a proceso el 18 de abril del 2021 por el delito incumplimiento de su deber y daño patrimonial por 42 millones de pesos.
Otros nombres que forman parte de esta lista son el ex jefe de Oficina de Fernando Manzanilla en la Secretaría General de Gobierno (SGG), Bernardo Fernández Tanús, aprehendido por ejercicio indebido de funciones públicas; Alejandro Martinez Fuentes, ex alcalde de Quecholac, detenido el 27 de septiembre del 2021 por los delitos de abuso de autoridad; y Xabier Albizuri Morett, ex director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, por desvío de recursos; y Felipe Patjane, el alcalde de Tehuacán, por uso indebido de funciones./Agencias-PUNTOporPUNTO
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