Más del 50% de los programas sociales emergentes durante la pandemia, es vulnerable a actos de corrupción, señaló un análisis de riesgo realizado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) del Tecnológico de Monterrey en conjunto con el centro de investigación GESOC.
- Al presentar los resultados del estudio “Vigilancia ciudadana en el uso de recursos públicos frente al proceso electoral 2021 y la contingencia sanitaria de la Covid-19”, elaborado con la ayuda de la Herramienta de Identificación de Riesgos de Corrupción en Programas Sociales (HIRPROL), se advirtió que luego de estudiar 28 programas sociales emergentes durante la pandemia en 8 estados de la república, se encontraron que ningún programa evaluado supera el 50% de los estándares solicitados para evitar actos de corrupción.
El proyecto llevado a cabo por 28 grupos universitarios del Tec de Monterrey, de la mano de varias organizaciones sociales de diferentes estados, halló que de los 28 programas sociales analizados, ninguno cuenta con un comité de vigilancia ciudadana o mecanismo afín, lo que abre la puerta a la corrupción.
- Mientras que del 79% de los programas que cuentan con un mecanismo de quejas y denuncias, sólo en el 18% cuentan con elementos que permiten verificar su funcionamiento.
Asimismo, se identificaron que, en materia de presupuesto, únicamente el 18% de los programas publican información detallada en cuanto a la dispersión geográfica de los recursos y sólo el 29% se realizan alineados al presupuesto versus a lo implementado.
Por lo anterior, “se identificó el riesgo de corrupción asociada en desvío de recursos, clientelismo y uso político electoral”.
En tanto, al hablar de su fiscalización, de los 28 programas analizados, únicamente 4 cuentan con auditorías financieras. Y sólo el 25% de los programas han estado sujetos a una evaluación de diseño en los términos de referencia (TdR) establecidos por Coneval.
- Sobre su operatividad, se indicó que únicamente en el 50% de los programas analizados, fue posible localizar una convocatoria pública que facilite el acceso a la población a la información de los beneficios.
“La falta de mecanismos de evaluación de estos programas propicia que se presenten actos de corrupción como el clientelismo político, práctica que persiste en nuestro entorno, tan solo recordemos los récords de vacunación contra la Covid-19 que se presentaron previos a las pasadas elecciones de junio de 2021”, expresó Ana Olga Rodríguez Betancourt, coordinadora y líder del proyecto.
Finalmente, el estudio llamó a las dependencias implementadoras de los programas a establecer previsiones de prevención de la corrupción desde el diseño de los programas.
ASF detecta irregularidades por mil 127 mdp
Los programas y obras insignia del gobierno federal registraron irregularidades por el orden de dos mil 527 millones 680 mil pesos.
- Algunas fallas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la Cuenta Pública de 2020 fueron la entrega de apoyos a fallecidos o beneficiarios que estaban inscritos en dos programas a la vez.
- De acuerdo con el reporte de la ASF, los programas de Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Apoyos emergentes registraron probables daños al erario por mil 127 millones de pesos.
- Entre las irregularidades se encontró que en la Pensión para Adultos Mayores se entregaron cerca de 10.1 millones de pesos a dos mil fallecidos, así como 22.2 mdp a mil 567 personas que no cumplían los requisitos para obtener el apoyo y hasta 10.2 millones de pesos a personas que cuidaban a los beneficiarios.
En cuanto a Jóvenes Construyendo el Futuro, la ASF ubicó 27.5 millones de pesos en irregularidades, la mayoría debido que se pagó a mil 315 beneficiarios que estaban inscritos también en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Se encontraron pagos de 4.7 millones de pesos a 252 beneficiarios que se identificaron como tutores, representantes o trabajadores durante el periodo de capacitación.
El programa Sembrando Vida concentra el mayor número de irregularidades, ya que sobrepasan los 890 millones de pesos que deben de solventar, pues no acreditaron apoyos a 18 mil 538 beneficiarios, además se desconoce si 19 mil 743 personas que reciben recursos plantaron árboles.
Jóvenes Construyendo el Futuro apoyó a fallecidos y sin capacitación en 2020
Uno de los programas emblema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, registró diversas anomalías durante 2020 que derivaron en un monto de 28.9 millones de pesos pendientes por aclarar, de acuerdo con la más reciente entrega de la Cuenta Pública 2020.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que se hicieron pagos al IMSS por personas de las que no se encontró que se capacitaron en un centro de trabajo, se realizaron pagos a beneficiarios fallecidos, se identificaron como aprendices a becados en el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, y se entregaron apoyos a personas que se identificaron como trabajadores en dependencias públicas.
- Con esto, el programa suma dos años de anomalías en su operación, dado que el año pasado, en la Cuenta Pública 2019, también se detectaron irregularidades por al menos 51 millones 213,600 pesos derivados de empresas fantasma o que fueron registradas sin su consentimiento, y la entrega de recursos a personas que ya recibían apoyos para estudiar, así como a otras que ya habían fallecido, como volvió a ocurrir.
Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales. Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de 5,258.13 y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
El programa ha sido impulsado incluso en países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Guatemala. Para 2022, de acuerdo con el gobierno federal, se tiene la meta de vincular a cerca de 340,000 jóvenes con un presupuesto aprobado de 21, 600 millones de pesos.
El segundo año de gobierno de López Obrador y de la aplicación del programa, no estuvo exento de las anomalías pues se encontró que:
- 17,283 personas por las que se realizó el pago al IMSS por un monto de 3.1 mdp no se demostró que se capacitaron en un centro de trabajo participante del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y además no se localizaron en el Padrón de beneficiarios de dicho programa.
- Se realizaron pagos por 351,000 pesos a 38 beneficiarios, ocho de los cuales que fallecieron en 2019, es decir, antes de las fechas de pago realizadas en el ejercicio 2020, y 30 beneficiarios que fallecieron entre los meses de enero a octubre del ejercicio fiscal 2020.
- Se identificaron como becarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a 1,315 beneficiarios que se encontraban estudiando al mismo tiempo que recibieron pagos por 19.6 mdp del programa en incumplimiento de las reglas de operación del programa.
- Se pagaron apoyos por 1.1 mdp a beneficiarios que se identificaron como trabajadores en dependencias públicas y empresas privadas durante el mismo periodo de capacitación.
- De los pagos entregados a 252 beneficiarios por 2.2 mdp se localizaron como Tutores y 106 beneficiarios por 1.5 mdp que se localizaron como Representantes en el mismo periodo de capacitación.
Identifica 901 mdp en probables daños al erario en Sembrando Vida
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que no se establecen las funciones ni atribuciones para la operación y ejecución del Programa Sembrando Vida en los reglamentos y manuales de la Secretaría de Bienestar y observa un total de 901 millones de pesos de probables daños al erario.
- De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, durante el ejercicio 2020, Sembrando Vida fue operado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (SPEDR), actualmente Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural (SIPDR), sin embargo, la ASF no encontró en el Reglamento Interior y en el Manual de Organización General de la Secretaría de Bienestar ni en los manuales de Organización y de Procedimientos de la SPEDR, las funciones y atribuciones para la operación y ejecución del programa.
Por otra parte, la ASF determinó que para el ejercicio 2020, la Secretaría de Bienestar tiene un monto de 901 millones 034 mil 788.85 pesos pendientes por aclarar.
La Auditoría observó que se otorgaron apoyos económicos ordinarios bajo la modalidad de “entrega directa en efectivo” a 18 mil 538 personas, por 243.8 millones de pesos sin acreditar, con los documentos de canje respectivos, que fueron entregados a la población objetivo del programa.
También identificó que la Secretaría de Bienestar otorgó apoyos económicos por 412.0 miles de pesos a 12 personas cuyas edades son de 97 años, según su Clave Única de Registro de Población (Curp), que no corresponden a productores agrarios activos.
- En el informe determinó que se otorgaron apoyos económicos adicionales a 19 mil 743 sujetos de derecho, por 565.5 millones de pesos, sin proporcionar información que sustentara que los beneficiarios aplicaron los recursos en los bienes y servicios autorizados (sistemas de riego, almacenamiento de agua, adquisición de semillas, herramientas y maquinaria, entre otros).
En relación con los recursos que forman parte del apoyo económico ordinario modalidad «dispersión a través de abono en cuenta» otorgados a 767 personas por 10.2 millones de pesos, la entidad fiscalizada “no acreditó la procedencia de su entrega con la documentación que sustente el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos de derecho”.
- Además, la Secretaría de Bienestar no acreditó, con la documentación comprobatoria, que 19 mil 743 beneficiarios aplicaron en los bienes y servicios autorizados, los recursos por 565.5 millones de pesos correspondientes al tipo de apoyo económico “adicional”.
En términos generales, la ASF determinó que el presupuesto asignado al Programa Sembrando Vida “se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas”, por lo que la Secretaría de Bienestar “cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, excepto por los aspectos observados./PUNTOporPUNTO
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gesoc
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