En la anatomía de la economía de México, la informalidad puede entenderse como una comorbilidad más que tiene a seis de cada 10 personas trabajadoras en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia. El tratamiento no es sencillo, pero especialistas coinciden que hay alternativas para abordar este desafío y mejorar las condiciones laborales en el país.
- La desprotección frente a despidos y políticas publicas de apoyo en respuesta, la falta de acceso a seguridad social, la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de prestaciones podrían ser parte de los padecimientos de los 32.2 millones de ocupados que se encuentran en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y que acentúan la vulnerabilidad de las personas ante la emergencia sanitaria actual y sus efectos en la economía.
“Tener uno de cada dos trabajadores en condiciones de informalidad pone en alto nivel de vulnerabilidad ante cualquier impacto económico que se traduce en efectos en el mercado de trabajo. Se relaciona con una ausencia de protección social, pero también con bajo nivel de ingresos y productividad, son empleos ubicados en los sectores económicos más afectados por la pandemia”, expuso Gerson Martínez, especialista en Políticas de Empleo de la oficina en México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- En el marco del panel Economía Informal en México: ¿Qué hacemos con este desafío? de El Economista, el especialista subrayó que esta condición de empleo “genera un factor adicional que hizo que el impacto de la Covid-19 haya sido mayor”, de ahí que «la OIT plantea la informalidad en el caso de América Latina como una comorbilidad que se suma a lo que ha pasado en el marco de la crisis actual».
- Para Sofía Ramírez, directora general México ¿Cómo Vamos?, la informalidad no siempre se relaciona con una baja calidad de empleo o bajos ingresos, pero sí se vincula con una situación de vulnerabilidad para las personas ocupadas en este sector.
“El no tener el respaldo del Estado, en términos de cuidar a nuestros empleados y nuestras empleadas, en el agregado sí se traduce en peores salarios y prestaciones, en muchísima vulnerabilidad en términos de despidos. Los empleados informales tienen, en el lado oscuro, esta parte complicada que se acerca mucho a la pobreza laboral”, apuntó la especialista.
En esto coincidió Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La informalidad no equivale a ilegalidad, expuso, pero sí se relaciona con desprotección. “La vulnerabilidad naturalmente va a generar que la economía completa no pueda despegar de una manera plena”.
Misma enfermedad, distinto grado de avance
Para entender la informalidad en México, hay que dimensionar primero las diferencias regionales, sectoriales, de género y de edad, señaló Jesús Carrillo. Es decir, en todo el país se presenta esta comorbilidad, pero algunos estados la padecen en mayor grado, lo mismo pasa al analizarse el fenómeno por sectores económicos.
“Hubo 25 estados en los cuales más de la mitad de los empleos que se han creado son informales y hay 10 estados en los que el empleo formal ha estado estancado desde el segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. Necesitamos atender la informalidad de una manera muy distinta en Mexicali que en Oaxaca, por ejemplo”, indicó.
- En ese tenor, Sofía Ramírez afirmó que en promedio las mujeres destinan 43 horas a la semana labores no remuneradas, lo que dificulta más su acceso a un empleo formal y empuja más a la fuerza laboral femenina al sector informal, que suele ofrecer mayor flexibilidad.
“Como las mujeres demandan cierta flexibilidad para la crianza, la atención a los enfermos, la preparación de alimentos y otras actividades, las mujeres se emplean con mayor frecuencia en un empleo informal y quedan en esta situación de vulnerabilidad”, explicó.
En tanto, Gerson Martínez indicó que la medición de la informalidad y la diferencia entre regiones, sectores y personas en este sector es importante para poder “integrar políticas públicas que tengan en cuenta estas dimensiones. Además, tener en cuenta que no todas las medidas pueden atacar en el corto plazo la informalidad”.
El tratamiento frente el desafío
Los especialistas coincidieron que el tratamiento para atender la informalidad no sólo se limita a la fiscalización, también transita por la atención a las desigualdades y la preparación de la fuerza laboral para la evolución del mercado.
En ese sentido, algunas alternativas que plantearon en el encuentro son:
- Sistema nacional de cuidados, para disminuir el peso de estas actividades en las mujeres y facilitar su incorporación a un empleo formal.
- Mejorar la participación laboral a través de un fortalecimiento de los salarios y la educación.
- Incrementar la productividad, lo que conlleva un aumento de la inversión, mayor infraestructura de tecnologías de la información, mejorar la calidad educativa y la recapacitación para los trabajos del futuro.
- Disminuir el costo de la formalidad, lo que incluye el pago de cuota obrero-patronales.
- Fiscalización de empresas que son formales pero que se están aprovechando de la informalidad.
- Incentivar la formalización a través de la infraestructura pública que ofrezca certidumbre en el estado de derecho.
- Generar mecanismos de afiliación a la seguridad social para trabajadores sin cobertura.
- Formación profesional con el desarrollo de nuevas competencias para transitar del desempleo al empleo y de la informalidad a la formalidad.
- Simplificación tributaria, por ejemplo, concentrar diversos trámites en un esquema de monotributo de contribuciones de seguridad social e impuestos locales.
- Política clara de incentivos a la formalidad para demostrarle a las personas los beneficios de ser formal y la contribución de impuestos, respondiendo preguntas como ¿Qué recibo en materia de servicios públicos? ¿Cómo cambia mi contexto diario al ser formal?
Los especialistas coincidieron en que la informalidad ha sido una válvula de escape ante el desempleo y complicaciones para incorporarse al mercado formal en el contexto de la recuperación tras el impacto inicial de la pandemia, pero en términos generales, es una condición que puede afectar a largo plazo a las personas y a la competitividad del país./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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