La afectación a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tanto por permisos legados del régimen anterior, como por la aplicación de tarifas reguladas, pérdida de mercado en la generación y falta de capacidad para invertir en transmisión se pueden resolver sin una reforma constitucional, con el marco legal vigente, coincidieron expertos en el 19 foro del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica.
- Katya Somohano, directora general de Energía en Deacero y exdirectiva de la CFE particularmente en la subsidiaria comercializadora CFEnergía, explicó que se requerirán 300,000 millones de pesos para la expansión de la red de transmisión en los próximos 15 años, recurso que sólo provendrá de la cuenta pública y que de hecho se ejecutará con la legislación vigente, con lo que la estatal eléctrica se concentrará en que el país cuente con una red resiliente y con redundancia para transitar hacia la seguridad energética que se requiere.
- El martes, durante la discusión de la Misión social y desarrollo productivo de la CFE, Somohano aseguró que la estatal tiene ya una extensa infraestructura de redes, capital humano, un suministrador que entrega energía bajo una tarifa regulada, comercialización que le permite competir de manera exitosa contra los privados, así como con un portafolio de activos de generación diversificada en tecnología.
- De ahí que cuestionó “¿el marco actual conserva la vocación social de la CFE?, la respuesta es sí, les pregunto, ¿puede la CFE fortalecerse y competir bajo el actual marco constitucional?, claro que puede. Esto es un tema de ser resuelto por el regulador, por la CRE no se requiere una reforma constitucional para fortalecerla”, aseguró.
En defensa de la iniciativa, el abogado general de la CFE, Raúl Jiménez Vázquez explicó el andamiaje legal que impide el autoabasto a través de los distintos pronunciamientos que se elevaron a jurisprudencia de la Suprema Corte, con lo que desmitificó que se haya declarado válidos o legales los esquemas de autoabastecimiento irregular de energía, tal como lo aseguran voceros empresariales.
“Sí existe un pronunciamiento claro y preciso por parte de la Suprema Corte, pero en el sentido de que la razón de ser del autoabasto es la producción para el autoconsumo”, aseveró, “la generación de energía para su venta a terceros que se hacen pasar por socios empresariales, es contraria a la esencia y a los límites legales del autoabastecimiento”.
- Por tanto, se avanzará hacia la sanción de las empresas que han violado su permiso de autoabasto al comercializar energía, consideró, puesto que la Corte tiene esta postura absolutamente indubitable que ha sido avalada por la Auditoría Superior de la Federación. A la vez, el nuevo marco legal que promueve el gobierno busca concluir de manera tajante con estos abusos, lo cual sólo se puede hacer desde la Carta Magna, ya que cualquier intento de modificación a legislación secundaria resulta en amparos respaldados en trucos a la ley que se dejaron en administraciones pasadas.
“Los permisos para la generación de energía que amparan este fraude a la ley, son total y definitivamente ilegales”, dijo el funcionario.
A su vez, Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa, explicó que la falta de transparencia y manejo de contratos no mejorará con una reforma a la Constitución, sino con la aplicación de la legislación vigente.
“Consideramos que es necesario modificar manuales, reglas, leyes, para cambiar el autoabasto, para fortalecer el papel del Estado y de la CFE, dirigiéndonos a un sistema descentralizado, con reglas claras que sobre todo, se implementen”, dijo.
- Sergio Zugasti Mattac, director general de Zugastek Wind Energy y representante del Cluster Energético Puebla reiteró que se amplíe la participación privada en el sector energético nacional, para fortalecer incluso a la CFE.
“Las empresas privadas sí ayudan a la generación de energías limpias, queremos impulsar la innovación tecnológica, promover y fortalecer las cadenas productivas locales, autosuficiencia energética, y por ello es importante que se mantengan reglas claras, pensamos que no debe haber una retroactividad en la ley, se debe defender el Estado de Derecho respetando los contratos ya firmados por el sector privado”, aseveró./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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