El Gobierno mexicano entregó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa en 2021 y este método se ha convertido en una práctica recurrente en la administración actual, denunció la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- De acuerdo con la investigación publicada por MCCI, durante el año pasado en la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la entrega de contratos por el método de adjudicación directa se mantuvo como la práctica más común, pues en ese periodo el 80.3% de los 157,796 contratos que entregó el Gobierno se adjudicó directamente.
En total, según las cifras reveladas por la organización, el monto de estos contratos asciende a 147,000 millones de pesos (7,161 millones de dólares), tan solo en 2021.
Además, precisó que en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados.
- Mientras que entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos estuvo alrededor de un millón de pesos (48,673 dólares), para 2020, el monto promedio para un contrato directo se disparó a 1.9 millones (92,479 dólares) y en 2021 bajó a 1.2 millones de pesos (58,408 dólares).
Según el texto, si bien las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, estas deben aplicarse solamente como excepción, debido a los riesgos de corrupción que implican.
- La investigación señaló que, del total de licitaciones, las públicas representaron solo 10.3%, las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos; mientras que 3.2% se realizaron con otros mecanismos.
- Destacó que los servicios de comunicación social y publicidad fueron los rubros que se mantuvieron como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para estas acciones se entregaron por adjudicación directa.
Estos servicios, detalló, se concentraron principalmente en seis dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.
- Mientras que de las empresas que recibieron más contratos y recursos, 10 de las principales recibieron el 100% de sus contratos por adjudicación directa, entre ellas Televisa, Demos Desarrollo de Medios, Estudios Azteca y Medios Masivos Mexicanos, entre otros.
- El combate a la corrupción ha sido una de las banderas del presidente López Obrador desde su campaña y en reiteradas ocasiones ha reiterado la promesa de “desterrar” este mal del país.
López Obrador y MCCI han chocado en multitud de ocasiones. De hecho, el presidente considera esta organización “opositora y golpista”, llegando a quejarse ante el Gobierno de los Estados Unidos por darle financiamiento.
México sigue sin percibir avances en combate a la corrupción
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un discurso constante sobre la corrupción, al asegurar que ese es el principal problema para el país. “Barrer las escaleras de arriba para abajo”, ha ofrecido. No obstante, los datos no muestran un avance significativo.
- Si bien se logró pasar del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción en el arranque de gobierno, los puntajes obtenidos no han variado mucho: en 2019, fue de 29 puntos, y en 2020, de 31, en una escala de 0-100 en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo.
En los últimos resultados de este ranking, correspondiente a 2021, el país se mantuvo intacto, al estar en el puesto 124 y con 31 puntos.
- Dante Preisser, experto en políticas anticorrupción, señaló en su cuenta de Twitter que «no sorprende» el estancamiento, cuando hay un abandono sistemático al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a cualquier política «seria en la materia».
- La organización Transparencia Mexicana, encargada del capítulo México, señala que el control de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que definió la elección federal en 2018.
“La lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar. Sin embargo, los casos definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Expresidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal», expuso.
Abundó que tampoco hay una recuperación de los activos desviados en estos y otros casos de gran corrupción, y la reparación del daño a las víctimas es «prácticamente inexistente”.
- Con estos resultados no se ha visto mucho avance, sobre todo cuando el presidente se había propuesto llegar a los primeros lugares de este ranking, y cuando los ciudadanos siguen viviendo la corrupción cotidiana.
- María de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Estrategia Anticorrupción en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló que los ciudadanos seguimos siendo víctimas de la corrupción a nivel micro y en cómo la ciudadanía experimenta cotidianamente con ella.
“Nosotros seguimos yendo a un Ministerio Público y nos siguen pidiendo mordida para presentar una denuncia, seguimos intentando ir a un hospital para que nos den una cama y nos van a poner en lista de espera a menos que demos 500 pesos, esa es la corrupción a la que los ciudadanos estamos expuestos y esa no ha cambiado”, comentó a Expansión Política en una entrevista pasada.
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de julio a diciembre de 2021 se estima que 11.3% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de las cuales el 46.6% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de las autoridades.
Y aunque la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo de 91.1% en 2017 a 87% en 2019, la tasa de prevalencia de corrupción y la tasa de incidencia de estos actos aumentaron en el mismo periodo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019.
El ejercicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 15,732 personas por cada 100,000 habitantes que tuvieron algún contacto con algún servidor público experimentaron algún acto de corrupción, cuando en 2017 la cifra fue de 14,635, mientras que los actos de corrupción por cada 100,000 habitantes pasaron de 25,541 en el año 2017 a 30,456 en el año 2019; es decir 19.2% más.
- Aunado a que México cayó en un año del lugar 104 entre 128 países al 113 de 139 países en el Índice de Estado de Derecho 2021 elaborado por la organización World Justice Project. La categoría en la que registró la calificación más baja fue en la de ausencia de corrupción, el cual analiza el uso del poder público para beneficios privados, en la que se colocó en el 135 mundial y el último lugar en América Latina.
“No hemos disminuido la experiencia en corrupción, a pesar de que hemos disminuido la percepción de corrupción, no veo esos resultados que el presidente imagina, esto se explica por la falta de una estrategia articulada, de integridad pública, parecería que el presidente le ha apostado a un discurso moralista, buen ejemplo, que hasta ahora se ha mostrado muy ineficaz en términos concretos de política pública”, señaló Fernando Nieto, investigador del Colegio de México./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
ADJUDICACIONES%20DIRECTAS-MCCI
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