La iniciativa de reforma eléctrica obstruirá en automático por lo menos la tercera parte de la inversión extranjera directa en México –que viene de Estados Unidos en el sector energético–, como lo han expuesto los 22 extrañamientos que tanto el gobierno del país vecino del norte como sus empresas han realizado y aunque literalmente no contradice lo relativo a acciones violatorias, como el Capítulo 8, o los artículos relacionados con el trato justo a extranjeros del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (T-MEC), cancela contratos llevando a cabo expropiaciones indirectas, lo que llevará a México a litigios internacionales.
- Así lo explicaron abogados representantes de empresas estadounidenses y que participaron en la negociación del T-MEC frente a la alta cúpula jurídica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el foro 14 del Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica donde se abordó el tema 4 que se tratará a lo largo de esta semana sobre el Marco Constitucional y Legal de la Iniciativa de Reforma Eléctrica e inició este martes con la discusión acerca de la convencionalidad de la Iniciativa de Reforma Eléctrica: T-MEC y Reforma Eléctrica.
En su participación en el panel, Keneth Smith Ramos, exjefe de la Negociación Técnica de México para el T-MEC, aseguró que la reforma como está redactada podría resultar en demandas multimillonarias por violaciones al T-MEC.
El comercio internacional entre México y Estados Unidos representa 600,000 millones de dólares y es por ello que la administración actual aprobó el T-MEC de manera arrolladora.
- En materia de energía el T-MEC tiene un capítulo 8 que dice que los hidrocarburos pertenecen a la nación y ésta puede cambiar su Constitución. Pero cualquier cambio a leyes tiene que ser compatible con los compromisos del Tratado.
“El tratado protege las inversiones en el sector eléctrico, mediante su Capítulo 14 y sólo se permiten excepciones a lo que está plasmado en el Tratado si en el acuerdo en sí se establecieron medidas específicas y si México no solicitó medidas específicas, sencillamente no se puede acotar el espacio para que el sector privado participe en el sector eléctrico”, aseguró.
- Ana López Mestre Martínez, directora general del American Chamber of Commerce de México, que representa a 1,000 empresas que generan 8.5 millones de empleos en el país, dijo que el acceso a la energía es clave para la integración con América del Norte y la prioridad debe ser que las nuevas generaciones tengan energía confiable, barata y sobre todo limpia.
“Actualmente uno de cada tres pesos de inversión extranjera directa en energía en México viene de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y para estas empresas es muy importante que haya un mercado abierto, competencia y reglas claras”, dijo.
- La reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y privados del T-MEC y cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de competencia y prevención de prácticas monopólicas y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales porque el T-MEC tiene herramientas para proteger a los inversionistas, aseguró.
- A decir de Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, el sistema jurídico no puede permanecer estático y el Estado tiene la obligación de realizar los cambios para satisfacer la demanda colectiva de servicios, sobre todo cuando se trata de derechos básicos como el acceso a la energía. La reforma eléctrica se basa en la conclusión de que la reforma del 2013 es un proyecto fallido e insostenible que no preserva la seguridad ni autosuficiencia energética, sometiendo a los vaivienes del mercado este sector estratégico para el país.
“Pone al país en un riesgo de contar con energía sujeta a los intereses privados que eventualmente realizan cobros excesivos e impagables para un amplio sector de la sociedad, como está ocurriendo en España”, dijo, “y sobre la CFE gravita la amenaza latente de su desaparición en el corto plazo”.
- Por tanto, la reforma es absolutamente necesaria e impostergable, como lo reconoció ya el embajador Ken Salazar, refirió en lo relativo a la relación de México con Estados Unidos. Y de ninguna manera contraviene al T-MEC, ya que en su Capítulo 8 relativo al rubro de la energía claramente se establece que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna”, lo que significa que la reforma eléctrica no está en contra del ámbito de aplicación material del T-MEC.
“Esta exclusión anula cualquier intento de reclamar su invalidez a la luz del tratado comercial y de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta como se ha propagado, ya que en el T-MEC se entiende tal como la transferencia formal del título de propiedad y el gobierno no va a asumir ningún título o derecho de propiedad sobre las plantas de generación”, aseguró.
Almudena Otero de la Vega, abogada de litigios estratégicos de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la CFE, explicó que el T-MEC contiene un capítulo específico de protección de inversiones con las reglas de arbitraje internacional respecto a las disputas que puedan surgir entre inversionistas extranjeros y los Estados.
Existen entonces tres estándares mínimos en el T-MEC, que se mantienen si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica: el primero es el de nación más favorecida, del artículo 14.5 del T-MEC establece que el país otorgará a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el que otorga en circunstancias similares a otros extranjeros. La reforma no contradice este principio y las empresas podrán seguir participando en el sector independientemente de su nacionalidad, explicó.
- El principio de trato nacional contenido en el capítulo 14 del T-MEC establece que el país otorgará a inversionistas extranjeros el mismo que se dé a los nacionales. “En este sentido, la forma en que está planteada la reforma a los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales no violan el principio de trato nacional”, explicó, además de que el 46% en el que podrán participar privados incluye tanto a nacionales como a extranjeros.
Finalmente, está el tercer principio del nivel mínimo de trato del Artículo 14.6 del T-MEC, que dice que el país otorgará a las inversiones un trato acorde con el derecho internacional, con acceso a justicia y transparencia, lo que tampoco se obstruye con los cambios legales, según la abogada de la CFE.
Reforma destinará menos recursos para la generación eléctrica
La iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador debilitaría financiera y operativamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que se destinarían recursos escasos para fortalecer la generación eléctrica del país en vez de invertirlo en la red nacional de transmisión, señaló Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- Este punto es importante porque, además que de CFE tiene el monopolio legal de la transmisión eléctrica en México, esta actividad es la que le genera su mayor fuente de ingresos y es la principal razón por la que la empresa productiva del Estado pudo operar con utilidades entre 2016 y 2019, añadió el especialista durante su participación en el parlamento abierto.
“Es necesario permitir que la CFE esté en condiciones de invertir donde solo ella puede, es decir en sus redes, específicamente la transmisión, que además le genera a esta empresa pública utilidades significativas, 8 mil millones de pesos en 2018, 18 mil millones en 2019 y 2 mil millones en 2020″, detalló.
- Para el especialista del IMCO, esta no sería el único punto en contra de la iniciativa del Ejecutivo, ya que también se incentivaría una planeación del sistema a la medida de las prioridades de generación de la CFE, pero no de las necesidades del país, ya que se convertiría a la CFE en regulador, participante y operador del mercado.
“Además, se cancelaría la posibilidad de una integración acelerada de energías renovables al cerrar la puerta a nuevas inversiones en la generación eléctrica a actores distintos a la CFE. Por estas razones, la iniciativa representa un riesgo para el desarrollo y la confiabilidad del sistema eléctrico”, subrayó Ocampo.
- Víctor Ramírez Cabrera, socio de la firma de consultoría Perceptia21 Energía, coincidió en estos puntos, y afirmó que no es necesaria la reforma constitucional para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
- Agregó que la iniciativa presidencial ahuyentaría las inversiones privadas en el sector eléctrico, lo que podría ser contraproducente, ya que el Estado tendría que invertir dinero que no tiene o reasignar recursos de otras actividades esenciales como seguridad, educación o salud.
Sin embargo, Nahúm Román Vargas, consultor independiente en el campo eléctrico, consideró que la reforma de 2013 provocó que la capacidad instalada de generación eléctrica creciera desmesurada y desproporcionadamente en comparación del crecimiento de la demanda, lo que causa problemas para el sistema eléctrico.
“Necesitamos que se apruebe la iniciativa para que el Estado ejerza la planificación del SEN y pueda hacerlo de manera integral y coordinada”, dijo.
- Asimismo, Rafael Ismael Mateu Lazcano, jubilado de la CFE, afirmó que después de la reforma energética de hace ocho años, la comisión sufrió una fragmentación que le restó facultades, como por ejemplo, la planificación del SEN.
Además, denunció que la CFE se encuentra en caída libre, por lo que es necesario fortalecerla.
Al respecto, el especialista del IMCO le contestó que una empresa que va en caída libre no opera con utilidades, y que actualmente la CFE es una empresa muy exitosa y que incluso, es un modelo de empresa pública que es capaz de generar valor económico y rentabilidad para el estado mexicano.
Economía mexicana caería debajo de 0.0%
La reforma eléctrica del gobierno federal, que se discute en el Congreso, llevaría a México a una crisis de inversiones y crecimiento de 10 años; con impactos graves de empleo e ingresos para los mexicanos, alertaron especialistas consultados por Publimetro.
- El profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Raymundo Tenorio Aguilar, explicó que la reforma pararía en seco el crecimiento y llevaría a la economía mexicana a una recesión profunda; sin proyectos de infraestructura, electricidad cara para las empresas y mayor inflación.
- Indicó que México retrocedería cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB); provocando que el desempeño del país cayera a un tasa igual o por debajo de 0.00% para este año; “diciendo adiós nuevas plazas de trabajo”, mejores salarios, reducción de la pobreza y posibilidades de ahorro.
El especialista advirtió que en términos de inversión México enfrentaría una crisis semejante a la que provocó la nacionalización de la banca en 1982; cuando el capital privado –nacional y extranjero- le dio la espalda, el peso perdió atractivo en las operaciones internacionales y la incertidumbre frenó el comercio con el país.
“Si después de la nacionalización de la banca, México tardó 11 años a los mercados de capital, con una cosa como ésta, igual tardaríamos una década en recuperarnos. Sería una crisis de largo aliento; su impacto no sería de un año, sino de una década” advirtió.
Lo anterior, refirió Raymundo Tenorio, debido a los impactos negativos de reforma eléctrica; entre los que destacan la cancelación de contratos y permisos a inversionistas privados y convertir a la CFE en un monopolio; así como dar prioridad la electricidad proveniente de combustibles fósiles y marginar las energías limpias.
Necesario dar marcha atrás
El presidente del Comiste Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Mario Correa Martínez, señaló que frente a todos los impactos negativos, lo más conveniente sería que el Congreso “dé marcha atrás” a la reforma eléctrica.
- Indicó que, aun cuando los legisladores hicieran algunas modificaciones para aprobar una “reforma descafeinada” o menos negativa; los puntos centrales de la iniciativa –como la cancelación de contratos y permisos- tienen muchas aristas que lastiman el clima de negocios en México.
- El directivo del IMEF confirmó que, si la reforma se aprueba en los términos que hoy está planteada, habría una “revisión muy significativa” en el crecimiento de la economía mexicana; que pasaría de 2.7% del PIB, a niveles cercanos a cero o por debajo de cero” para el cierre de 2022.
“Y aunque esté descafeinada o el Congreso logre una reforma neutral al crecimiento económico del país, habría que dar marcha atrás; por todas las implicaciones negativas o aristas puntiagudas” que afectan el desarrollo de país, subrayó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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