Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen, confirmaron fuentes involucradas en la reunión que sostuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de México.
- Los datos que se dieron a conocer advierten que se realiza una investigación para saber a quién se suministró el gas comprado y a dónde fue a parar el capital de la transacción. Las fuentes consultadas aseguran que la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
- La secretaria de Energía del gabinete del presidente Joe Biden no mostró alguna oposición a la reforma eléctrica, aunque expresó su preocupación por algunos de los proyectos del plan de desarrollo de energía.
Se enteró de que el gobierno de Peña Nieto compró una gran cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas, pero nunca las hicieron, porque el negocio era comprar el gas, muy posiblemente para las empresas de la iniciativa privada.
También se puso sobre la mesa la estrategia de quienes desde las empresas privadas que producen energía eléctrica y que se dicen de autoabasto, en realidad han hecho un negocio de la venta de energía eléctrica.
- Granholm expresó durante la reunión dos preocupaciones principales del gobierno estadunidense, y las señaló, aunque fue muy cuidadosa al hacerlo. Primero, la reducción de la participación privada de 62 a 36 por ciento en la generación de la energía, lo que llevaría al cierre de algunas empresas que podrían ser compradas por la CFE en una transición de tres años. La adquisición y el periodo de pago no fueron resueltos en la discusión.
Algunos observadores establecieron que la “disolución” de las empresas llamadas de “autoabasto” traería consigo numerosos recursos legales y paneles de arbitraje, porque al parecer no se pueden disolver las empresas ya existentes.
- No obstante, la idea es evitar la simulación, es decir, que las empresas tengan lo suficiente para el autoabasto, pero sólo para ese propósito. Esa situación obligaría a disminuir sensiblemente su presencia en el mercado porque no habría “excedentes” que poner a la venta, como se hace ahora.
- El segundo tema es el cierre de terminales de almacenamiento de gasolinas, sin otro motivo (por más válido que sea), que el de reducir importaciones, lo que se considera, por parte de Estados Unidos, una medida arbitraria.
Estas reglas han sido propuestas, según información de la secretaria de Energía nacional, Rocío Nahle, bajo el argumento de que en ellas, en las terminales, hay huachicol. Ese posible cierre, según se expresó en la reunión, provocaría fuertes pérdidas a las empresas, pues se considera una acción unilateral sin mayor sustento, y advierten que no tiene sentido porque ahora Pemex importará gasolina por la compra de Deer Park, como lo hacen otras empresas.
- La opinión que han dejado sentir desde Washington es que la competencia entre las empresas tendría que dar por resultado la permanencia de unas y otras en el mercado, es decir, dejar a la eficiencia, la subsistencia de las terminales de gasolina y diésel. Aunque para todos fue muy grato observar el cuidado de la funcionaria estadunidense al tratar los temas, no pasó inadvertido para nadie que, cuando menos en esos dos puntos, habrá discrepancias difíciles de salvar.
Por lo demás, todos, los de un lado y otro, están de acuerdo en que la reforma eléctrica mexicana no será mal vista por el gobierno de Biden, y consideran muy acertado el establecimiento de un mecanismo en el que las partes puedan exponer sus razones. Todos serán escuchados, aseguró el presidente López Obrador.
Es posible que muy pronto se dé a conocer qué fue lo que sucedió con la compra masiva de gas que se utilizaría para 17 termoeléctricas que nunca se construyeron. Al parecer los datos de las operaciones ya se tienen pero se espera tener más información y no faltar a los principios legales que cuidan la secrecía de las investigaciones.
Los ganadores desconocidos de la reforma energética en México
Era una oportunidad incomparable. Cuando México abrió su mercado para que empresas privadas puedan producir y vender energía en el país por primera vez en décadas, un par de empresarios estadounidenses se encontraron de repente en una posición de privilegio.
- México iba a comprar grandes cantidades de gas natural de su vecino del norte y la persona a cargo de negociar los contratos era alguien que ellos conocían bien: un excolega de hacía más de 15 años.
- Una investigación realizada por EL PAÍS, con información de más de 80 entrevistas con miembros del sector energético, fuentes confidenciales y más de 5.000 correos internos de la CFE, revela los lazos entre ejecutivos de CFE International —el brazo internacional de la Comisión Federal de Electricidad de México, creado tras la reforma energética— y Whitewater Midstream, una empresa estadounidense desconocida que obtuvo contratos multimillonarios para suministrar enormes volúmenes de gas al Estado mexicano durante la gestión de Guillermo Turrent, exdirector de CFE International bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Es la historia de un puñado de traders que pasaron de generar grandes ganancias en un mercado energético recién liberalizado, el de California, a hacer lo mismo en otro mercado recién abierto, el de México, 15 años después.
En México, ahora están en la mira del Gobierno, según confirmó a EL PAÍS el vocero de la CFE, Luis Bravo Navarro, ante una consulta sobre Whitewater: “Con esta empresa lo que vamos a hacer es tomar acciones de carácter legal, tanto civiles como penales”, dijo Bravo Navarro este lunes 5 de julio.
“Estaremos cumpliendo con las obligaciones de denunciar actos y hechos de naturaleza ilegal en detrimento del Estado mexicano”. Por otra parte, Turrent está siendo investigado por las autoridades por firmar contratos cuestionables durante su tiempo en la empresa de servicios públicos mexicana, según un alto funcionario del Gobierno, quien habló bajo condición de anonimato.
- La reforma energética impulsada por el Gobierno de Peña Nieto hizo de la estadounidense Whitewater Midstream, empresa fundada en 2016, una gran ganadora: apenas cinco meses después de ser creada, la empresa ya había acordado su primer negocio con la CFE y, en un par de años, pasó de ser inexistente en el sector a trabajar codo a codo con grandes transnacionales.
Correos y documentos confidenciales obtenidos por EL PAÍS demuestran que la empresa negoció al menos dos contratos con CFE International. Uno de los contratos, en el cual se comprometen a suministrar un alto volumen de gas natural —entre un 15% y 20% de la demanda diaria de importación de México, un volumen inédito según expertos en el sector—, lo ganaron en asociación con una de las más grandes empresas de energía en Norteamérica, de acuerdo con un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde figuran los términos de este contrato tal como fueron aprobados
- Los contratos fueron otorgados bajo la dirección de Guillermo Turrent, entonces la cabeza de CFE International, quien trabajó con el fundador y con un alto ejecutivo de Whitewater entre 2000 y 2001 en la empresa Royal Dutch Shell en San Diego, California.
Así lo demuestran documentos del regulador de energía en EE UU, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) que forman parte de un caso abierto por posibles precios injustificados en la negociación de un contrato a largo plazo con el Estado de California. En esa época, un año después de abrir su mercado a la competencia privada, California sufrió una crisis de electricidad que llevó a apagones que afectaron a millones, ocasionados por una repentina alza en los precios que casi dejó en bancarrota al Gobierno del Estado.
Los contratos “leoninos”
Desde el inicio de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado la reforma energética, bajo el argumento de que los contratos que fueron otorgados gracias a esta reforma favorecen a las empresas privadas y no al pueblo mexicano. En 2019, el director general de CFE Manuel Bartlett renegoció algunos contratos de compra de gas natural que se firmaron durante el sexenio pasado por considerarlos “leoninos”, pero ni él ni el presidente han mencionado hasta ahora a Whitewater.
- En estos dos años y medio de gestión de López Obrador, la información de los negocios entre CFE International y Whitewater Midstream nunca ha salido a la luz, pese a los posibles conflictos de interés que existían entre sus ejecutivos, que se conocen desde hace casi 20 años.
- Decenas de peticiones de información hechas entre 2019 y 2021 al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), así como directamente con la CFE, para conocer las versiones públicas de los contratos con Whitewater fueron rechazadas bajo el argumento de que son confidenciales.
No obstante, según el vocero de la CFE, próximamente la empresa estatal mexicana saldrá a hablar de estos contratos. “Esto tiene que ver con cero tolerancia a la corrupción”, dijo Bravo Navarro. “Lo que estamos haciendo es defender los intereses de la CFE, defender los intereses de los mexicanos en ese sentido y por esa razón, se emprenden acciones legales”, añadió.
A partir de la reforma energética, CFE fundó una empresa privada basada en Houston, Texas, y constituida en el Estado de Delaware, que goza de protección confidencial de sus contratos. La llamó CFE International (CFEI), y, en México, se le conoce como CFEnergía. Estados Unidos es el principal productor de gas natural en el mundo, el cual vende a los precios más bajos en el mercado.
El rol de CFEI dentro del grupo de empresas que conforman a CFE es, precisamente, aprovechar la cercanía con EE UU y negociar contratos de compra y venta del combustible a los mejores precios, ya que este gas se utiliza en México para generar electricidad. Para lograr esto, CFEI necesita gozar de cierta confidencialidad, tal como tiene cualquier empresa privada que compite en el mercado y que negocia contratos con otras compañías. Revelar los precios a los que negocia la compra y venta del gas la haría vulnerable ante la competencia.
- Crear un brazo privado de una empresa del Estado, como es CFEI, fue una parte importante de la apertura del mercado eléctrico en México, explica Adrián Duhalt, investigador especializado en energía del Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad Rice en Texas. “Puede ser el instrumento para incrementar la presencia de las empresas paraestatales en el extranjero”, dice el especialista.
Por lo tanto, CFEI, a diferencia de su empresa matriz y la empresa del Estado Petróleos Mexicanos, no está obligada por ley a publicar los acuerdos y negocios que hace. Es, en pocas palabras, una especie de caja negra. “Esto se presta a que funcionarios tomen ventaja de esa laguna legal que no aplica a las empresas estatales”, apunta Duhalt. Es decir: CFEI no debe rendir cuentas a la población y sus negociaciones con privados dependen solo de la buena fe y confianza de los funcionarios a cargo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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