En su primer año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entregó un contrato de arrendamiento de equipo por 245 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados registrados ante el IMSS y que, a su vez, subcontrató a una firma inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.
- Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Segalmex entregó a Micro Credit un contrato con vigencia del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2022 para proveer transportadores helicoidales tipo bazooka y sets de laboratorio para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo del programa Precios de Garantía.
Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre de 2019, pero Micro Credit seguía entregando los equipos en marzo de 2020, el último mes auditado por el Órgano Interno de Control. Un retraso de más de 100 días.
- Pese a ello, Miguel Carrillo Villarreal, director de Planeación y encargado de supervisar el cumplimiento del contrato, no aplicó las multas económicas correspondientes por los retrasos. Incluso, la dependencia ha realizado pagos mensuales a la empresa hasta por 8 millones de pesos a pesar de no haber recibido los bienes en el tiempo pactado.
Además de Carrillo, firmó el contrato René Gavira Segreste, el ex director de Administración.
Fue en el Órgano Interno de Control de Diconsa donde se descubrió que Micro Credit no tenía registrados trabajadores activos ante el IMSS y que subcontrató a Multicorporación Brexot, una empresa que fue inhabilitada en 2020 por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores que el ISSSTE había adquirido para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
- Según una auditoría interna del ISSSTE, esos ventiladores tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos, deterioraron la condición de dos pacientes y condicionaron el fallecimiento de uno más en el Hospital 20 de Noviembre de la CDMX porque fallaban súbitamente y no eran volumétricos, que son los requeridos para tratar a enfermos de Covid-19.
- En julio de 2021, MCCI también documentó que Ana Valeria Quintana Contreras, una joven de 24 años y residente de una colonia popular, aparecía como accionista de Gentsai Hoon, la cual formaba parte de una red de seis empresas irregulares que recibieron 800 millones de pesos de Segalmex. De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Ana Valeria también es representante legal de Multicorporación Brexot.
Segalmex cumple tres años con detenciones y acusaciones
Pagos indebidos, incertidumbre jurídica, incumplimiento de las disposiciones normativas, falta de mecanismos de control y contrataciones con vicios, son algunas de las irregularidades detectadas en los últimos tres años por el órgano interno de control de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que absorbió a las empresas estatales Diconsa y Liconsa.
- Desde que inició su operación, Segalmex ha sido señalada en diversas ocasiones por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ejercicio indebido de los recursos públicos.
Esta semana el gobierno federal denunció ante la Fiscalía General de la República a tres directores de Segalmex, Diconsa y Liconsa por posibles irregularidades en compras y licitaciones. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública detectó el mal uso de recursos públicos en estas empresas estatales durante 2019, 2020 y 2021.
- Segalmex es un organismo público descentralizado creado el 18 de enero de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para promover la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeños productores y la distribución de alimentos básicos para la población más vulnerable del país.
Desde las primeras auditorías realizadas a Segalmex por el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se registraron irregularidades.
En la auditoría 01/2020, el Órgano Interno de Control reveló pagos indebidos por 311.6 millones de pesos del programa Precios de Garantía al programa de Agromercados Sociales y Sustentables a cargo de ASERCA; incumplimiento a la normatividad establecida para la compra del maíz y frijol del ejercicio 2019; falta de evidencia documental que acredite el depósito de la ministración del subsidio a los beneficiarios de leche, por importe de 155 millones de pesos, además de pagos indebidos en la adquisición de bienes y servicios, entre otros posibles actos de corrupción.
Destituyen a funcionarios de Segalmex por presuntos actos de corrupción
Ante presuntos actos de corrupción en la oficina de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, el Gobierno federal separó a servidores públicos de sus cargos.
- En comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, en los cuales detectó posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios.
Por ello, la SFP presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible responsabilidades administrativas o penales.
- Por lo anterior, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, separó de su cargo a varios servidores públicos y solicitó la intervención jurídica y administrativa en estas instancias.
- Además, designó temporalmente a Juan Francisco Mora Anaya, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, como responsable de las Direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa.
El titular de Sader también nombró provisionalmente a Alma Contreras Garibay como encargada de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
“Con estas acciones se combate frontalmente la corrupción, preservando el Estado de derecho y, sobre todo, se cumple con el objetivo principal de garantizar el derecho a la alimentación, lograr el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos, en beneficio de la población más vulnerable del país”, señaló la dependencia en comunicado.
Exfuncionario investigado por escándalo de corrupción en Segalmex es papá de representante de Samuel García
Uno de los directivos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que fue destituido este miércoles por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades es padre de la titular de la representación del estado de Nuevo León en la Ciudad de México, Pilar Lozano Mac Donald.
- El 26 de enero, la SFP publicó en un comunicado que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra tres funcionarios de Segalmex, entre ellos el director comercial de Liconsa, Manuel Lozano Jiménez.
- Lozano Jiménez es padre de la representante del nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García.
- Lozano Mac Donald fue diputada federal por Movimiento Ciudadano y su hermano, César Manuel Lozano Mac Donald, igual que su papá trabaja en Segalmex; es gerente de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.
Por denuncias de presuntas irregularidades, la Función Pública ordenó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los años 2019, 2020 y 2021.
Además de Lozano Jiménez, fueron separados de su cargo también el director de operaciones de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez y Carlos Antonio Dávila Amerena, director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Liconsa.
- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, como cabeza de ese sector, comunicó que “para garantizar la legalidad y transparencia de los procedimientos jurídicos, se tomó la decisión de separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias”.
- En un comunicado la Presidencia de la República aseguró que la destitución de los funcionarios de Segalmex es una muestra del combate a la corrupción que ha emprendido el Gobierno federal.
“Con estas acciones se combate frontalmente la corrupción, preservando el Estado de derecho y, sobre todo, se cumple con el objetivo principal de garantizar el derecho a la alimentación, lograr el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos, en beneficio de la población más vulnerable del país”, afirmó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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