Estados Unidos aceptó el envío de 23 agentes mexicanos a su territorio para trabajar en el combate al tráfico de armas, informó este sábado el canciller de México, Marcelo Ebrard.
- «Estados Unidos aceptó que México envíe a (…) 23 agentes que se van a concentrar en tema de armas», dijo el canciller ante parlamentarios del partido oficialista Morena e invocó el «principio de reciprocidad».
- Indicó que agentes de seguridad estadounidenses trabajan en territorio mexicano y su presencia y actividades son reguladas por la Ley de Seguridad Nacional mexicana aprobada en 2020, la cual estableció nuevos parámetros para este tipo de cooperación.
El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha sido un duro crítico de la actuación que elementos de agencias estadounidenses tuvieron en México en anteriores gobiernos, alegando que, en ocasiones, atentaron contra la soberanía y leyes del país.
Uno de los casos más citados por el mandatario es la operación «Rápido y Furioso», entre 2006 y 2011, cuando agencias de Washington introdujeron ilegalmente armas a México con el fin de rastrear si llegaban a manos de mafias, pero que terminaron siendo utilizadas en crímenes dentro del país.
«Ahora tendremos nosotros también agentes en los Estados Unidos para el tema que nos ocupa que son armas principalmente, aunque no solamente, pero sí principalmente», detalló Ebrard en teleconferencia desde Honduras, donde realiza una visita oficial.
- La estrategia mexicana contra el tráfico de armas incluye también una histórica demanda judicial presentada en agosto pasado en una corte federal de Boston contra grandes fabricantes de ese país, a los que acusa de realizar un comercio «negligente e ilícito» de sus productos.
- México y Washington lanzaron a finales del año pasado una «nueva etapa» de la cooperación en materia de seguridad tras la visita en octubre del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.
Para ello, instalaron un «grupo de alto nivel» que incluye cinco equipos de trabajo para abordar temas como la lucha y persecución de grupos criminales que operan en los dos países./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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