INSABI sin DEFINIR reglas de ADQUISICIÓN y DISTRIBUCIÓN de MEDICAMENTOS

La auditoría del OIC también hizo una revisión de contratos y encontró que las áreas encargadas de realizar contrataciones o autorizar el pago a proveedores no tenían un control integral de los desembolsos realizados a los proveedores

A pesar de ser algo sustancial para cumplir sus tareas, en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que inició formalmente operaciones en enero del 2020, suman dos años sin definir sus reglas de adquisición y distribución de medicamentos, en medio de una intensa polémica pública por el tema del desabasto.

  • Así lo reveló una auditoría de desempeño practicada por el propio Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia, adscrito a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se llevó a cabo a mediados del año pasado y supervisada tres meses después, en la que se advirtió que esta falla “podría provocar el desabasto de medicamentos, material de curación, equipo médico e insumo en los hospitales y centros de salud”.

La Razón solicitó el pasado lunes 3 de enero a funcionarios de Comunicación Social del Insabi una postura a los señalamientos plasmados en la auditoría; sin embargo, hasta el cierre de edición no ha habido respuesta.

Creado en reemplazo del Seguro Popular, el Insabi tiene como una de sus tareas la de “prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e insumos asociados y demás elementos necesarios para la atención a las personas sin seguridad social”.

  • Sin embargo, la auditoría 04/21 realizada a la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico observó que “no se tienen definidos los procedimientos y programas para los procesos de abasto de medicamentos e insumos”.
  • El documento, que se obtuvo por medio de una solicitud de transparencia, especificó que: “se carece de los procedimientos y programas de las siguientes actividades: a) Planes y programas técnico-administrativos para la investigación de mercados para la adquisición de medicamentos, de equipo médico e insumos; b) Procedimiento para planear, programar y supervisar los procesos de basto de medicamentos e insumos.

“c) Procesos para coordinar la integración de requerimientos de las entidades adheridas a los procesos de compras consolidadas y d) Los procesos para coordinar los criterios en la integración de los mínimos y máximos de medicamentos e insumos”, detalla.

Entre las justificaciones que dio sobre sus deficiencias, la Unidad de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico se estableció que tenía “cargas de trabajo y falta de personal”.

De estos resultados y de otros más que dan cuenta de anomalías operativas importantes, tuvieron conocimiento Alejandro Antonio Calderón Alipi, titular de dicha coordinación, y Héctor Mateo Infante, coordinador de Optimización y Procesos del Abasto, quienes firman las auditorías.

Otra observación de la auditoría es que no se tienen definidos cinco procedimientos para las actividades que debe realizar la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto:

  • La coordinación con unidades administrativas y la promoción de lineamientos correspondientes a los procesos y sistemas de control interno; desarrollo de herramientas tecnológicas; y la efectiva difusión y capacitación de proceso de abasto “implementados a través de una eficiente administración del cambio que asegure sustentabilidad de los mismos y provea una nueva percepción del nivel de abasto otorgado”.
  • Al respecto, la justificación dada que quedó asentada en la auditoría fue que esto se dio “a consecuencia de la extinción de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, la situación de la enfermedad del virus SARS-CoV2 (Covid-19), y por la falta de personal”.

La revisión, hecha por los auditores Francisco Hernández, Jacinto García y Yolanda Cano, titular del área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, hace, en ese punto, la advertencia de que pudieran darse casos de incumplimiento de las funciones establecidas.

PAGOS IRREGULARES

La auditoría del OIC también hizo una revisión de contratos y encontró que las áreas encargadas de realizar contrataciones o autorizar el pago a proveedores no tenían un control integral de los desembolsos realizados a los proveedores, los saldos pendientes por liquidar y el pasivo contraído con éstos.

  • De una muestra de 15 contratos de adquisición y distribución de insumos por un monto de cuatro mil 88 millones 880 mil 818 pesos, reflejó un monto pagado de 635.4 millones de pesos, lo que representa 16 por ciento del total. Es decir, que el instituto adeudaba tres mil 453 millones de pesos.

Pese a que los administradores de contratos realizaron la verificación física de la entrega de material y medicamentos con las condiciones establecidas, se desconoce el total del monto pagado y el saldo por liquidar, lo que pudo derivar en un desabasto al retrasar el pago a los proveedores.

  • El OIC señaló también al respecto que la Coordinación de Asuntos Jurídicos no firmó los contratos realizados durante 2020, por lo que no se cuenta con certeza de que lo contratado sea favorable para el Insabi. Además, en caso de que el proveedor incumpla, se puede carecer de sustento contractual para exigir la reparación del daño.

El Insabi, a cargo de Juan Ferrer, ha atravesado problemas para el abasto de medicamentos y material de curación, originados por retrasos en las compras consolidadas realizadas de la mano de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En noviembre pasado, ambos informaron que está garantizado el abasto para el primer semestre del 2022 con las claves contratadas a través de licitaciones internacionales.

Por este motivo, las claves adquiridas por el organismo internacional se redujeron 68 por ciento respecto a 2021. Sin embargo, las protestas por la falta de insumos continúan.

FALLA OTRA VEZ COMPRA MÉDICA

En la primera licitación consolidada de medicamentos para 2022, el Gobierno federal consiguió apenas 54.5 por ciento de las claves que solicitó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

De las 583 claves de medicinas solicitadas, se lograron contratos para 318, mientras que las 265 restantes fueron declaradas desiertas, ya sea por falta de ofertas o por precios demasiado altos.

  • La licitación, cuyo fallo fue publicado el pasado 22 de diciembre, busca abastecer al IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Prevención y Readaptación Social, hospitales federales de alta especialidad, institutos nacionales de salud y al propio Insabi.
  • Para completar el abasto del primer semestre, el Gobierno federal cuenta con 549 millones de piezas de medicamentos y material de curación comprados en 2021 por medio de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), así como las adquisiciones que hizo cada dependencia de forma independiente.

Para la proveeduría del segundo semestre, la UNOPS convocó en diciembre a una nueva licitación.

En 2020 y 2021, el Gobierno tuvo que hacer adjudicaciones directas por más de 72 mil millones de pesos para conseguir cientos de claves que no fueron cubiertas en los procesos consolidados, por lo que es previsible que este año ocurra lo mismo con las claves de medicinas que no fueron contratadas.

LOS VENDEDORES

En el primer concurso para el abasto de 2022, nueve empresas concentran la mitad de los alrededor de 13 mil 200 millones de pesos de las partidas asignadas por el Insabi y, en algunos casos, ellas mismas tendrán que hacerse cargo de la distribución.

  • Se trata de Laboratorios Pisa, CSL Behring, Laboratorios Vanquish, Probiomed, Laboratorios Liomont, Landsteiner Scientific, Proteín, Brulugasa y Neolpharma.
  • Pisa, inhabilitada y atacada constantemente por el actual Gobierno, fue la gran ganadora, al obtener 73 contratos que le pagarán hasta 2 mil 255 millones de pesos, el 17 por ciento del monto total adjudicado.

Ningún otro laboratorio ganó más de 13 contratos y, en cuanto a los montos, ninguno obtuvo siquiera la mitad que Pisa, que tiene una filial de distribución.

  • Esta empresa pudo participar en la licitación gracias a una suspensión otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que también permitió concursar a Accord Farma, ganadora de ocho contratos por 94 millones de pesos, la cual estuvo inhabilitada durante 45 meses por la Secretaría de la Función Pública.

Dos empresas involucradas en procesos de concurso mercantil por problemas financieros también ganaron./Agencias-PUNTOporPUNTO

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