México encabeza la lista de países en América Latina y el Caribe con más número de litigios climáticos, una nueva figura jurídica en la que se busca el derecho a litigar por un clima seguro.
A escala global existen mil 550 casos, algunos con precedentes exitosos. El litigio climático se refiere a casos judiciales que tienen como objetivo responsabilizar a gobiernos, empresas y otras instituciones públicas o privadas sobre sus obligaciones legales en relación a la crisis climática, para promover acciones para mitigar el cambio climático o bien por adaptarse a sus efectos inevitables, de acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
- El abogado senior del Programa de Cambio Climático de AIDA, Javier Dávalos, explicó que están próximos a lanzar una plataforma en la que reúnen los litigios climáticos en la región y en la cual contabilizan 50, de los cuales México encabeza la lista con diez.
- La abogada del movimiento que agrupa diferentes asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG’s), Jóvenes por Nuestro Futuro, Nora Velasco, explicó que un informe de la ONU y UNEP mostró que este tipo de litigios se duplicó en los últimos tres años y esperan que aumenten en México por las políticas de la actual gobierno federal.
“Significa que se duplicaron desde la última vez que se hizo este reporte, que fue en 2017 cuando había 884 litigios. Esos litigios estaban concentrados en 24 países y para 2020 sumaban 38 países. Cada vez más se están iniciando con mayor recurrencia estos casos en todo el mundo”, destacó.
- Velasco, quien impulsa en México uno de estos juicios a través de Jóvenes por Nuestro Futuro, comentó que están reclamando que con la reforma eléctrica, a diferencia de otras acciones llevadas por empresas, México no está haciendo lo necesario para alcanzar las metas para mitigar el CO2 que se establecen en el Acuerdo de París.
“Donde nos habíamos comprometido a avanzar más era en la transición energética en el sector eléctrico, y es precisamente en donde no lo estamos logrando, por eso es que este litigio climático es muy importante. Estamos llevando acciones respecto a la política de mitigación más importante que tenía México”, refirió la abogada.
Dijo que para diferenciar un litigio climático, se tiene que tener en el centro una reclamación relacionada con el medio ambiente, “no es una reclamación de contaminación, no es una reclamación de afectación a la salud, es un tema de que no podemos emitir gases de efecto invernadero porque eso calienta al planeta, esa es la reclamación que está en el centro”.
- Velasco ve que cada vez será mayor el número de litigios de este tipo, en la medida que no existe una política climática, y es la única manera de hacer exigibles esas metas que México estableció en tratados internacionales, en la propia constitución mexicana y la Ley General de Cambio Climático.
“Van a ser los tribunales quienes le digan al gobierno que tienen que cumplir con estas políticas”. Sobre este crecimiento a escala global en los litigios, el abogado Javier Dávalos comentó que la perspectiva en México será similar a la global porque las organizaciones de la sociedad civil están encontrando en esta herramienta una manera para acelerar los procesos de aumento en la visión climática de los países.
“Los buenos resultados que se tienen en jurisdicciones en Europa nos inspiran a utilizar esta herramienta en América Latina y en otras partes del mundo, para demandar el cumplimiento de las obligaciones. La tendencia será de crecimiento en el número de casos”, explicó Dávalos.
Dijo que este impulso se puede dar en México por el retroceso en la política energética, donde se está poniendo en segundo lugar una transición hacia las energías renovables que está planteado la comunidad mundial a través del Acuerdo de París y la COP 26.4.
- El abogado consultor de Greenpeace, Luis Miguel Cano, participa en cinco litigios climáticos que se impulsan en el país con el fin de asegurar la máxima protección de las personas en materia ambiental y consolidar la obligatoriedad de los compromisos climáticos de México.
- Cano afirmó que en los últimos tres años le tocó estar en juicios en los que se cuestiona la política energética y la apuesta del actual gobierno, para tratar de sostener el desarrollo nacional en la explotación de los combustibles fósiles, lo cual no está acorde a los objetivos de atender la crisis climática.
“Pemex es una de las principales empresas en el mundo que contribuye al calentamiento global. Somos parte del Acuerdo de París y el artículo cuarto de dicho acuerdo dice claramente que tiene que haber una progresión en cuanto a las metas de control del cambio climático”.
Precedentes de éxito
Algunos de los litigios climáticos tienen éxito y sientan un precedente para más casos en otros países. Uno de ellos fue en Países Bajos, donde se demandó al gobierno que lograran leyes más ambiciosas para mitigar los gases de efecto invernadero.
- Nora Velasco aseguró que los litigios climáticos están obligando sobre todo a los gobiernos y algunos autores corporativos a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático.
- Destacó que uno de los casos importantes, aunque pendiente por resolver, es el de Juliana contra Estados Unidos, donde un grupo de adolescentes llevó a juicio a la administración de Donald Trump por el calentamiento global. Por su parte, Javier Dávalos dijo que en Alemania existe una sentencia a la corte constitucional para el cambio de la política pública del gobierno en un plazo muy corto.
“Existen varios precedentes, en 2018 la corte constitucional colombiana declaró a la Amazonia como sujeto de derechos, y estableció una serie de medidas que el gobierno debía adoptar para preservar su integridad como ecosistema contra el cambio climático.
Ejecución de sentencias, uno de los retos
Javier Dávalos dijo que uno de los retos es la institucionalidad, que no es tan fuerte en los países de la región, por lo que existen problemas particulares en la implementación de las sentencias.
«Está será la diferencia más grande que encontremos respecto a lo que sucede en países como Alemania». Añadió que otro reto es el riesgo que corren los defensores ambientales en América Latina, ya que más personas son asesinadas o afectadas en su integridad física por llevar adelante procesos de defensa de sus territorios y de sus derechos.
- Por su parte, Luis Miguel Cano compartió que en las sentencias existe un problema de cumplimiento y ejecución. «Hay un reto en la claridad de las acciones y los tiempos para cumplir y por lo menos en mi experiencia de muy mala fe de las autoridades de querer retrasar el tema».
El abogado de AIDA abundó en que los litigios tienen jurisdicción nacional, por lo que no existe un mecanismo de la comunidad internacional para ejercer algún tipo de coerción o presión de cumplimiento de las sentencias; esto como muestra de respeto hacia la división de poderes de cada uno de los países y el principio de no intervención de la soberanía de cada Estado, desde la perspectiva del derecho internacional.
Presiones comerciales
Sin embargo, Dávalos manifestó que existen otro tipo de mecanismos de presión internacional; países como Francia en relación a Brasil solicitó desde una perspectiva comercial, ciertos requisitos en cuanto certificación de no deforestación en la producción de carne, por ejemplo.
- “Otro ejemplo pueden ser los acuerdos a los que México llegó en América del Norte en donde los temas climáticos y de emisiones también son importantes, y se hizo algún tipo de presión para que ciertas decisiones sean revisadas por parte del gobierno mexicano”.
Este tipo de presiones comerciales pueden ser una ayuda para que el país se encamine a asegurar el cumplimiento de las metas que suscribió en los acuerdos internacionales en materia de cambio climático.
Litigios climáticos, asignatura pendiente en América Latina
Manifestaciones, actos de protesta y campañas en redes sociales son algunas de las acciones que llevan a cabo las organizaciones medioambientales para difundir sus reivindicaciones y ejercer presión para que las empresas y gobiernos las escuchen.
- Pero a estas herramientas se está uniendo otra medida: el litigio climático, que «trata de exigir ante las cortes que los causantes de la crisis climática se hagan responsables de sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales sobre el clima y la legislación interna”, explicó a DW Javier Dávalos, abogado del Programa de Cambio Climático de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente).
«Los litigios climáticos continúan aumentando a nivel mundial tanto en tribunales nacionales como internacionales, si bien el América Latina no hay tantos casos como en los Estados Unidos, Australia o Europa”, dijo a DW Ingrid Hausinger, Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll en San Salvador. «Estados Unidos es el país con el mayor número de casos, y el segundo es Australia”, agregó a DW la brasileña Joana Setzer, coautora de la publicación ‘Global trends in climate change litigation: 2020′.
Ello se explica porque «el Norte Global cuenta con legislación especializada que permite que los individuos y organizaciones tengan un referente en cuanto al cumplimiento o no de dicha norma”, dijo a DW el ecuatoriano Juan Auz, doctorando en el Centro de Derechos Fundamentales de la Hertie School de Berlín. En cambio, en la región «está apenas emergiendo y su implementación es paulatina”, lamentó.
Cuando la cantidad no está reñida con la calidad
«Los litigios climáticos en América Latina son un fenómeno relativamente nuevo pero se están desarrollando rápidamente”, consideró Setzer. «A pesar de los pocos casos, estos han hecho fuertes contribuciones al litigio”, agregó Hausinger
- Destaca el ‘El caso de Futuras Generaciones contra Colombia’ en el que, en abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló a favor de más de una veintena jóvenes y niños de todo el país que alegaron que la deforestación en la Amazonía colombiana acelera el cambio climático, amenazando sus derechos constitucionales.
«Se puede considerar que la sentencia 4360 es el primer litigo que aborda explícita y centralmente el tema de cambio climático, desde argumentos de derechos humanos y usando como fundamento los acuerdos internacionales sobre el tema, en Latinoamérica”, apuntaron a DW fuentes de Dejusticia, la organización que acompañó el caso.
No obstante, consideran que «antes ya había otros casos en el Sur Global e incluso en Latinoamérica abordando el problema de cambio climático, aunque no necesariamente de forma explícita”.
- Por otro lado, también existen «las demandas a grandes empresas contaminantes. Muchos casos no son llevado en cortes del Sur Global pero sí toman casos de personas afectadas del Sur, ya que las empresas se encuentran en el Norte Global”, apuntó Hausinger.
- En este campo destaca la demanda del peruano Saúl Luciano contra la empresa alemana de energía RWE, que se está juzgando en Alemania aunque actualmente paralizada por el coronavirus.
«El viaje de la Corte a Huaraz seguramente se llevará a cabo en la segunda mitad del 2021. No obstante, los jueces dijeron que quieren viajar lo antes posible”, dijo a DW Noah Walker-Crawford, de Germanwatch, la organización que sigue el caso.
Sentando precedente
La victoria colombiana generó un efecto dominó en la región. «En Perú, México y Argentina se han presentado acciones constitucionales similares que buscan proteger ecosistemas clave para la regulación del clima”, puntualizó Auz.
- En diciembre de 2019 fue el turno de Perú. «Los demandantes, un grupo de siete jóvenes menores de 15 años, argumentaron que el Estado está violando su derecho a un ambiente sano debido por su omisión en la formulación y ejecución de una política pública de alcance nacional con concretas medidas para reducir la deforestación en cinco departamentos de la Amazonía peruana”, explicó Setzer.
«El 2 de julio de 2020 se presentó una demanda colectiva en la Corte Suprema de Argentina contra los gobiernos de la provincia de Entre Ríos y el municipio de la ciudad de Victoria por su presunta falta de protección de humedales ambientalmente sensibles. La demanda, presentada por los grupos Asociación Civil por la Justicia Ambiental y Foro Ecologista de Paraná, y un grupo de niños, argumenta que el Delta del Paraná tiene sus propios derechos”, complementó Hausinger.
Desde Dejusticia consideraron que «si bien conocemos de casos que han seguido pasos similares, no se puede borrar del panorama elementos contextuales como la presión frente a los cada vez más evidentes efectos del cambio climático así como la creciente fuerza de los procesos de organización del activismo juvenil frente a este fenómeno en varios países”.
Barreras particulares
Existen varios aspectos que explican que este tipo de acciones escaseen en la región. «El litigio climático es sumamente costoso, es de larga duración y requiere evidencia científica con la que muchas veces no contamos”, explicó Hausinger.
- También hay una carencia de especialización. «Necesitamos más abogados calificados que conozcan los contextos nacionales y tengan los recursos necesarios para llevar adelante casos clave con toda la complejidad técnica y social que implican”, consideró Dávalos.
- Igualmente Setzer apuntó a la falta de implementación de las leyes, las políticas e incluso las decisiones judiciales como uno de los mayores obstáculos. En este punto se encuentra el caso colombiano.
«A día de hoy no se han terminado de elaborar el Plan de Acción y el Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía; sin embargo, Presidencia y los Ministerios de Ambiente y Agricultura se encuentran diseñando y ejecutando un plan para elaborar dichos instrumentos”, explicaron en Dejusticia. «Los otros planes municipales y regionales han tenido avances relativos, ya que no todos han sido diseñados”, puntualizaron./Agencias-PUNTOporPUNTO
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