Durante la pandemia de Covid-19 y mientras se levantaban las restricciones por ella, los grupos del narcotráfico en el país se dedicaron a reforzar sus bases sociales mediante el reparto de víveres y hasta la construcción de hospitales, advirtió el observatorio Justice in México.
“La pandemia de Covid-19 parece haber beneficiado a algunos grupos del crimen organizado y actividades delictivas más que otros. Estas tendencias impactaron especialmente las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que es un proveedor clave de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo”, detalló.
- Justice in México —cuya sede se encuentra en la Universidad de San Diego— mencionó en un informe que al inicio de la pandemia, en 2020, hubo interrupciones en las cadenas de suministro que hicieron especialmente difícil al CJNG la obtención de precursores químicos desde China.
“Con la reanudación de la producción del precursor químico, envíos y el aumento gradual del tráfico transfronterizo en puertos de entrada terrestres en EU, el CJNG retuvo deliberadamente los envíos de drogas ilícitas para inflar artificialmente los precios al por mayor de las metanfetaminas con el fin de aumentar las ganancias y compensar la pérdida de ingresos”, indicó.
Aprovechan vacíos
De acuerdo con Justice in México, los cárteles más influyentes del narcotráfico aprovecharon “el vacío” dejado por el gobierno federal durante la pandemia, y se dedicaron a ayudar a las comunidades afectadas.
Detalló que en la comunidad El Alcíhuatl en Jalisco, el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, el Mencho, instruyó la construcción de un hospital privado para él, su equipo de seguridad y los habitantes.
- En comunidades de San Luis Potosí: Salinas de Hidalgo, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva, Rioverde, Villa de Zaragoza y Soledad de Graciano Sánchez, el CJNG repartió artículos de despensa, e incluso botiquines de ayuda Covid-19, para ganar simpatía y apoyo de los residentes locales.
En Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas, el Cártel del Golfo distribuyó cientos de cajas de ayuda etiquetadas que contenían alimentos básicos.
Los Zetas proporcionaron cajas de ayuda en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que el Cártel de Sinaloa a través de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín el Chapo Guzmán, coordinó la distribución de “Provisiones del Chapo” en Guadalajara, Jalisco, según Justice in México.
“Por otro lado, el subgrupo sinaloense llamado Los Chapitos, instauró toques de queda de cuarentena, y castigar a quienes los violaron con reprimendas que incluyeron azotes públicos con paletas que se grabaron y se pusieron en las redes sociales del Cártel de Sinaloa”, estableció el reporte.
Detalló que Los Granados, un grupo de la organización Beltrán Leyva, adoptó un enfoque similar de toques de queda y castigos en Teloloapan, Guerrero.
- Los grupos más pequeños, aliados de los principales, jugaron un papel de asistencia humanitaria. “El Comando de la M”, un grupo remanente de La Familia Michoacana, brindó kits de ayuda a residentes de bajos recursos y ancianos San Lucas, Villa Guerrero, El Santiago y Arcelia en Guerrero.
- En Michoacán, la organización Los Viagras distribuyó alimentos para los residentes de Apatzingán, Santiago Acahuato y pueblos vecinos. “Para financiar sus actividades humanitarias exigió a las empresas locales impuestos de calle (pago de renta) para apoyar al resto de las comunidades”, detalló.
El observatorio advirtió que con las acciones antes descritas los cárteles buscan tener presencia en zonas que no controlan con el apoyo de los pobladores.
Cárteles recurren a narcodespensa para construir su “capital criminal”
Organizaciones del crimen organizado han recurrido a la entrega de despensas y ayudas a la población que padece las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, con el objetivo de obtener beneficios en el corto y mediano plazo, coincidieron en señalar el investigador de El Colegio de Veracruz, Jesús Alberto López González y el director de la Escuela de Guerra Naval de la Secretaría de Marina, Rubisel Venebra Jaimes.
- Durante una videoconferencia organizada por la Jenkins Graduate School de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), López González explicó que las organizaciones criminales recurren a estas prácticas con el objetivo de construir e incrementar lo que llamó su “capital criminal”.
Explicó que, con estas donaciones o apoyos, lo que buscan es generar simpatía en la población, a cambio de favores, secrecía para sus actividades, protección ante futuros eventos de persecución policial o militar y, en ocasiones, los obligan a vender drogas o permitir que en sus propiedades operen casas de seguridad o giros negros.
Recordó que ese tipo de tácticas las han hecho en el pasado capos de la delincuencia como Lucky Luciano y Al Capone, en Estados Unidos y Pablo Escobar, en Colombia.
De acuerdo con el académico, esas acciones, a las que también se le conoce como actividades para incrementar el “poder suave” de los criminales, son usadas no solo para ganar cierta legitimidad, sino establecer gobernanza criminal en los lugares donde operan.
- El investigador de El Colegio de Veracruz dijo que cuando los delincuentes incrementan ese capital criminal “es sintomático de una enfermedad más grave: la incapacidad del Estado para operar o el mando criminal sobre la autoridad legalmente constituida” en pedazos del territorio.
- Además, es una muestra que en el cálculo de costo-beneficio que hacen los criminales al antes de operar, consideran que el riesgo es menor o bajo.
A la larga, recalcó Jesús Alberto López González, esta situación “es el peor escenario para las comunidades, porque la presencia permanente de este tipo de organizaciones termina por destruir a la comunidad por completo, además de que incentiva la innovación y la creatividad criminal”.
Es por eso por lo que la acumulación de capital criminal es algo valioso para las bandas del crimen organizado.
Ante esa situación, dijo, es necesaria la respuesta del gobierno para elevar los riesgos de los criminales no solo para hacer este tipo de actividades, sino las otras a las que se dedican.
Eso implica la implementación de modelos de vigilancia más intrusivos, purgas en las agencias de seguridad, si es necesario reformas a las agencias de seguridad, profesionalización de las capacidades institucionales e impulsar el desarrollo económico en las zonas donde opera el narco./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
OCVM-21
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