En México es vital la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para resolver el grave problema de desaparecidos que existe en el país, comentó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob); quien dio a conocer que en el país existen más de 52 mil cuerpos sin identificar, los cuales fueron recuperados de fosas clandestinas.
- Este jueves, el subsecretario presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en el país, donde uno de los puntos álgidos del informe fue la crisis forense que tiene México. “Según estimaciones, tanto de instituciones públicas como de organismos no gubernamentales, tenemos alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses del país; además, basta ver solamente los resultados del censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2020 de cómo ubicó nueve mil 400 cuerpos de personas fallecidas en las cámaras frigoríficas o las planchas de los servicios forenses de los estados”, añadió Encinas
“En un país donde tenemos una cifra superior a los 95 mil registros de personas desaparecidas y no encontradas, necesitamos con toda seguridad encontrar a muchos en esta lamentable situación que estamos impulsado y de ahí la importancia de que hagamos un replanteamiento de todo el tratamiento de los servicios forenses”, añadió, explicando que existe la autorización del presidente para la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para poder atender el rezago que existe en esta materia.
“Se están haciendo ya los primeros ejercicios, el caso de Coahuila, donde se han exhumado los cuerpos de las dos fosas comunes de los panteones de Torreón, de la fosa común de Saltillo, donde más de mil cuerpos en estos momentos están siendo ya procesados dentro del Centro de Identificación Humana de Saltillo”, señaló.
¿Cuánto dinero se invierte en acciones referentes a derechos humanos?
Encinas explicó que en los tres años de gobierno de López Obrador, la secretaría de Gobernación ha destinado seis mil 103 millones 513 mil pesos que se distribuyen en distintas áreas. “En el presupuesto es donde se registra con mayor claridad el fortalecimiento de las políticas, desarrollo de capacidades institucionales e infraestructura para la protección y garantía de los derechos humanos”.
- El subsecretario explicó también que se han incrementado los subsidios para el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y las capacidades forenses en las entidades de la República. Esto, “ha permitido encarar las tareas de búsqueda de personas de manera cada vez más intensa, favoreciendo el acompañamiento de familiares donde todavía tenemos muchos retos por delante”, añadió.
- Entre las tareas que realizó la Comisión Nacional de Búsqueda -y las comisiones locales- destacó que, en noviembre pasado, se realizaron dos mil 200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 314 municipios. “Un ejercicio de más de mil 247 millones de pesos que se han ido orientando fundamentalmente a fortalecer las capacidades de los estados para las labores de búsqueda en apoyo a los familiares y favorecer todo lo que es la atención a uno de los rezagos más graves que tenemos, que es, en materia forense”.
“Desde el inicio de este gobierno hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad reconociendo la existencia de una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos que lamentablemente se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado para enfrentar esta situación”, comentó Encinas.
El subsecretario explicó que en muchos casos se dejó en manos de los propios familiares de las víctimas la búsqueda de justicia y la resolución de esos problemas “porque el Estado renunció con muchos casos, en particular en la búsqueda de personas, a su obligación y responsabilidad para garantizar el derecho a las personas a ser buscados y a regresar íntegramente con sus familias”, añadió.
Avanza impunidad en crímenes contra periodistas; Ley de Amnistía queda a deber
Por otro lado, Encinas informó sobre la implementación de la Ley de Amnistía -aprobada en abril de 2020- de la cual, se presentaron mil 798 solicitudes. Hasta la fecha, solo se han sesionado mil tres casos, de los cuales, 900 terminaron con un dictamen improcedente; mientras que 103 sí tuvieron un dictamen procedente, es decir, fueron admitidos a trámite.
“Aún quedan por resolver 795 solicitudes presentadas, las cuales se espera estén listas en el primer trimestre de 2022; de los cuales, 642 casos corresponden a mujeres, 153 a hombres”, comentó Encinas.
- Explicó que en la última reunión al respecto, realizada el 17 de diciembre, se aprobaron 55 casos nuevos como procedentes, 376 se declararon improcedentes y “por ello estamos en espera en los próximos días que los jueces resuelvan sobre estos 55 casos que, respecto de los anteriores, 44 personas ya se encuentran en libertad, tres se modificó su situación jurídica, uno queda pendiente”.
Finalmente, explicó que es necesario que los mecanismos estatales y la acción de la autoridad de impartir justicia se fortalezcan. Como ejemplo, señaló la impunidad en los asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos: “Tenemos más del 90% de impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores, y un dato que es muy delicado: el 45% de las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con el crimen, de los grupos delictivos en sus respectivos territorios”, concluyó.
Familias de desaparecidos llevan “fosas” ante AMLO
Si Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, “no va a las fosas, las fosas vienen a él”.
- Con este lema, palas en mano, las fotos de sus seres queridos y montones de tierra, tres colectivos de familiares de desaparecidos en el estado central de Guanajuato recrearon el lunes ante el Palacio Nacional, sede de la presidencia de México, los enterramientos clandestinos que han proliferado en el país, generalmente encontrados por la sociedad civil, para exigir al mandatario que les atienda y les escuche.
- Guanajuato es uno de los estados de mayor violencia de México y dos de sus municipios —Salvatierra y Acámbaro— están entre las diez localidades del país en las que se han localizado más cuerpos en esta administración.
“Cuando las autoridades nos dijeron que no había fosas clandestinas en el estado, nosotras con nuestras manos llenas de tierra y amor les demostramos que sí», dijeron al leer un comunicado. “Cuando nos dijeron que ya no había masacres, fueron personas inocentes las víctimas de esos delitos, las que probaron que sí».
Los familiares, principalmente mujeres, se quejaron de los “oídos sordos” del gobierno a sus exigencias de justicia. “Buscamos respuestas, buscamos verdad”, clamaron junto a las fosas reconstruidas bajo las que desenterraron lemas pintados previamente en el suelo del Zócalo de la capital con exigencias similares.
- México tiene más de 95.000 personas no localizadas, según datos del gobierno federal. Más de 93.000 de esas desapariciones tuvieron lugar desde 2006, cuando comenzó el combate frontal contra el crimen organizado. Además, hay una grave crisis forense con 52.000 cuerpos sin identificar.
Pero más allá de los enormes números, está el hecho de que se trata de un problema generalizado, como señaló el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, al concluir su visita al país en noviembre. Este grupo de expertos expresó su preocupación por el hecho de que impere, según indicó, una impunidad “casi absoluta, estructural” para atender las desapariciones, por la falta de coordinación entre autoridades y la revictimización de los afectados. Afirmó que el actual enfoque de seguridad “no sólo es insuficiente sino además inadecuado”.
- Justo eso fue lo que denunciaron en su protesta los colectivos de búsqueda de desaparecidos “Hasta Encontrarte”, “Una Luz en mi Camino” y “Una Promesa Por Cumplir”, de Guanajuato, donde la violencia ha crecido más en los últimos años y la actual estrategia de seguridad “ha tenido como consecuencia el aumento de la violencia”, señalan.
Los colectivos pidieron una audiencia con el presidente, que el gobierno reconozca que su estrategia de seguridad ha fracasado y empiece a trabajar con la sociedad civil para buscar respuestas y que garantice la seguridad de los grupos que buscan desaparecidos y que en su mayoría conforman mujeres./Agencias-PUNTOporPUNTO
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