RITA MAGAÑA TORRES
La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, consideró necesario que la Comisión Permanente del Congreso demande al presidente Enrique Peña abrogue el Decreto que crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán y terminar la función de Alfredo Castillo Cervantes.
También planteó que se solicite al Procurador General de la República (PGR) y al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública investigar el desempeño de Castillo Cervantes y de la coordinación que debía desempeñar el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.
«La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realice una investigación respecto de la situación de los derechos humanos en el Estado de Michoacán», expone en el documento.
Pide la comparecencia urgente de Osorio Chong, a fin de definir una estrategia a desarrollar para revertir la situación que se vive en el Estado de Michoacán, en el que se contemple el fortalecimiento de las autoridades municipales y la participación de la sociedad civil.
«La Comisión Permanente solicita una reunión de trabajo entre el Secretario de Gobernación y la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, con el fin de que de manera detallada informe sobre los acuerdos logrados con integrantes de los grupos llamados Autodefensas y la Fuerza Rural», añadió.
Padierna Luna afirmó que la crisis de seguridad que afronta Michoacán desde hace más de seis años continúa en aumento.
«El desarrollo del crimen organizado develó la ineptitud de los distintos niveles de gobierno para garantizar los derechos más fundamentales a la sociedad michoacana, lo que provocó que ésta se organizara para protegerlos, dando origen a los grupos llamados Autodefensas», dijo.
Por su parte, recordó, el gobierno federal respondió ante esta situación con la expedición del Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, por el que Peña Nieto decidió crear una figura anticonstitucional y antifederalista para intervenir en el estado, en detrimento de la soberanía.
Para este efecto designó a Alfredo Castillo, un singular personaje vinculado con el titular del Ejecutivo y relacionado con casos como el de la niña Paulette, o la explosión en la Torre B2 de Pemex en mayo de 2013, agregó.
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