La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el Acuerdo publicado esta semana por la Presidencia de la República, orientado a agilizar los trámites para la ejecución de obras públicas consideradas como de seguridad nacional, plantea riesgos para la competencia y libre concurrencia.
- El martes de esta semana el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
Este recurso administrativo instruye a un conjunto de dependencias federales para que otorguen a los ejecutantes de obras que sean consideradas de seguridad nacional una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de cinco días hábiles, y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta.
Con relación a dicha autorización, la Cofece alertó que su otorgamiento se plantea sin excepciones siempre que se mencione el carácter de seguridad nacional de la obra, aunque ello no esté plenamente justificado.
- “Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos”, dijo en un comunicado.
- Y agregó que el hecho de que una obra sea considerada de seguridad nacional no plantea necesariamente una excepción para sujetarse a los requisitos de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículos 41, fracciones II y IV) y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (artículo 42, fracciones II y IV).
“En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, dijo el órgano antimonopolios./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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