La violencia contra las mujeres en los servicios de procuración de justicia y en el ámbito cibernético creció durante el confinamiento por el COVID-19 en al menos cinco entidades del país, de acuerdo con un análisis de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) Mujeres y el Colegio de México.
- El organismo internacional y el centro académico realizaron un análisis cualitativo en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Coahuila para conocer los tipos y modalidades de violencia que han vivido mujeres y niñas mexicanas durante el encierro.
- El estudio Violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en México. Estudio cualitativo. Informe de Resultados se realizó el 20 y 27 de julio de 2020.
Durante la investigación se formaron grupos de discusión, donde participaron mujeres que son miembros de organizaciones que luchan contra la violencia.
De acuerdo con el estudio, una forma de violencia que se incrementó durante el confinamiento fue la institucional, especialmente en los servicios de procuración de justicia.
Según los testimonios recabados, las mujeres fueron objeto de revictimización cuando acudieron buscar apoyo gubernamental y en los servicios de salud:
“Hubo un caso que para nosotras fue muy fuerte, fue con una ginecóloga… ella le dijo que tenía que hacer el aborto y que le cobraba 40 mil por hacerlo aquí en Monterrey, y que tenía ya 14 semanas y que ‘tenía que hacerlo’… Cuando esta chica llega con nosotras, referida por otras personas, la mandamos precisamente con nuestra ginecóloga aliada y le dijo: ‘Tienes nueve semanas y lo puedes hacer tranquilamente con medicamentos, no hace falta ninguna intervención quirúrgica (…)’”, compartió Luisa, quien es parte de una organización civil en Nuevo León.
- Las entrevistadas dijeron que la epidemia ha servido como pretexto para que los servidores públicos ejerzan violencia institucional y minimicen las situaciones en que las mujeres han sido vulneradas.
- Además, en todos los grupos de las entidades se habló de un aumento de la violencia cibernética, en particular la extorsión y el uso de imágenes de mujeres.
“Se disparó en los primeros meses porque al final de cuentas, también las relaciones personales pues tendrían que seguir la dinámica que estaba siguiendo todo, entonces, a partir de eso, bueno, recibimos personas, tanto mujeres, niñas incluso, y una persona gay también que estaba siendo acosada por su pareja sentimental o por una persona a la que le había mandado sus nudes”, dijo Hannah, de una organización civil de Coahuila.
- Las organizaciones civiles destacaron que aunque autoridades locales implementaron programas de apoyo a las mujeres, no se logró una operación óptima, por lo que las víctimas acudieron a grupos de apoyo de activistas.
‘’Las instituciones públicas desarrollaron distintas estrategias ante la contingencia sanitaria, algunas con planificación y otras sin ella. Entre las primeras se encuentra la creación de líneas telefónicas de emergencia o aplicaciones que permiten generar alertas de seguridad. Las segundas consistieron en improvisar acciones a quienes tenía mayor riesgo feminicida’’, se explicó en el informe.
El análisis apuntó que el uso de redes sociales ha sido de gran ayuda para las activistas, ya que se formaron grupos de apoyo locales y se difundieron protocolos de ayuda y atención a víctimas de diversos tipos de violencia.
CEDHJ emite recomendaciones por violencia sexual e institucional
Por violencia institucional contra una mujer víctima directa de tentativa de feminicidio y sus tres hijos menores de edad y por violencia sexual en contra de una adolescente, por parte de un servidor público del Ayuntamiento de Mascota, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió las recomendaciones 156 y 157, respectivamente.
La primera, debido a la agresión que sufrieron una mujer y sus hijos por parte de su expareja y padre de los niños. Los integrantes de la familia ya habían vivido anteriormente varios episodios de violencia física, psicológica y sexual, por lo que existían dos denuncias previas ante la Fiscalía Estatal.
- La Comisión informó que, durante la investigación que realizó sobre el actuar del personal de la Fiscalía Estatal, se constató que se incurrió en graves omisiones y faltas, lo que generó impunidad, continuidad y aumento de la violencia.
- Mientras que para la víctima ocasionó falta de credibilidad y confianza en la procuración de justicia. Así, sin apoyos institucionales, tuvo que solventar los gastos con sus propios recursos y los de su madre.
Derivado de omisiones, como revictimización, y la falta de prevención y protección a las víctimas por parte de la Fiscalía del Estado, se generó impunidad y derivado de ello, la tentativa de feminicidio en julio de 2020.
Por ello, la Comisión recomendó al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, realizar la atención, reparación, rehabilitación y compensación del daño, así como garantía de no repetición, diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género e iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa por las omisiones de las agentes del Ministerio Público responsables de los actos y omisiones.
- Mientras que en la segunda, se emitió por los hechos ocurridos en contra de una adolescente que sufrió violencia sexual de parte de un servidor público del Ayuntamiento de Mascota, quien generó confianza en la menor de edad para invitarla a formar parte de una asociación juvenil.
- Para esto la citó en las instalaciones del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de manera oculta y fuera del horario institucional, en donde de manera indebida realizó comentarios y tocamientos hacia ella, lo cual quedó evidenciada en diversas conversaciones y audios de WhatsApp.
La madre de la adolescente interpuso una denuncia penal por el acoso, con lo que se iniciaron las investigaciones ministeriales; se judicializó y se celebró una audiencia ante el juez de Control, en la cual se concedió la suspensión condicional por seis meses, con el propósito de generar un plan de reparación.
La Comisión recomendó al presidente municipal de Mascota, Marco Antonio Rubio López, realizar la reparación integral del daño a favor de la adolescente y de su madre. También ofrecer atención médica y psicológica por el tiempo que sea necesario y se cubran los posibles gastos que generen las intervenciones, canalizaciones y medicamentos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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