La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) dio a conocer el estudio “Impunidad Ambiental en México. Índice Global de Impunidad Ambiental México 2020”, en el que se establecen los retos en materia ambiental de cada una de las entidades de la República Mexicana.
- El análisis, encabezado por la Doctora en Ciencias Políticas y Sociales Celeste Cedillo y el profesor decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, Juan Antonio Le Clercq Ortega, define “impunidad ambiental” como: “La imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente, sea esto consecuencia de la falta de capacidades institucionales o de voluntad política de las autoridades”.
- De acuerdo con el estudio, una entidad destaca como de muy alta impunidad: Colima, y seis entidades comparten impunidad alta: Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco.
- Otras 15 entidades se ubican en situación de impunidad media, cerca del promedio nacional (que se ubica en 0.25): Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit.
Y finalmente, en impunidad media baja se encuentran las diez entidades con mejor -o menos peor- desempeño: Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Baja California, Ciudad de México, Morelos y Durango.
NINGUNO ES UN EJEMPLO
El documento aclara que ninguna de las anteriores pueden catalogarse como ejemplo de impunidad baja, y que más que la posición de cada entidad en el ranking, lo más importante es que los datos nos advierten que ninguna destaca por haber alcanzado un alto desempeño en materia de política ambiental.
Añade que los estados deben definir políticas ambientales más ambiciosas y mejor implementadas, cuyos resultados puedan ser medibles, verificables y reportables.
PARA QUÉ SIRVE ESTA INFORMACIÓN
El Índice de Impunidad Ambiental es una herramienta cuantitativa que tiene como objetivo medir y evaluar la estructura y el funcionamiento de la capacidad institucional en asuntos relacionados con el medioambiente, los delitos que involucran el aspecto ambiental, así como la degradación y las políticas desarrolladas para hacer frente a los retos del futuro.
- “Todo esto se combina en un solo indicador que evalúa el comportamiento que tienen cada una de las entidades, que a su vez se desglosa por cada dimensión para permitir obtener un diagnóstico más preciso sobre las diferentes condiciones que imperan en cada región. Con esta lógica, la intención es que dicho instrumento sirva de diagnóstico para reconocer los problemas en distintas áreas que involucran al medioambiente”, apunta el documento.
Esto representa un insumo de gran importancia para los tomadores de decisiones, ya que permite focalizar los esfuerzos y encontrar las áreas más vulnerables, y se fomenta el diseño de políticas públicas basadas en evidencia orientadas a garantizar tanto la protección del medioambiente como el disfrute al derecho a un medioambiente sano.
MÉXICO NO TOMA EN SERIO LA SITUACIÓN
El estudio también señala que, en el contexto de la crisis ambiental global, México no está tomando con seriedad La situación, y que esto se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, a pesar de mantener en las últimas décadas una posición de liderazgo en la definición de instrumentos ambientales internacionales, sus programas de gobierno y aplicación de la justicia ambiental, tanto federales como estatales, corren el riesgo de entregar resultados ineficientes y de baja calidad ante una profunda reducción presupuestal que ha minado al sector al menos desde 2012.
El Índice de Impunidad Ambiental 2020 fue desarrollado por investigadores y estudiantes de la UDLAP, y se trata de un proyecto que fue seleccionado para representar a México en el Foro de París sobre la paz, que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre de 2021.
IMPUNIDAD AMBIENTAL DEVIENE EN PÉRDIDA ECOSISTEMAS
Por décadas, en México ha predominado la inacción oficial ante organizaciones criminales y grandes corporaciones que dañan el medio ambiente. La impunidad de quienes atentan contra los ecosistemas termina por impactar tanto en la calidad de vida de comunidades humanas como en la salud de los hábitats y el patrimonio natural del país, señalan especialistas.
- Tan sólo entre 2012 y 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales interpuso 27 mil 32 denuncias por violación a la normatividad ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Mientras, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública identifica 7 mil 708 delitos ambientales federales entre 2015 y 2019 y 11 mil 758 estatales en el mismo periodo.
- Entre 2012 y 2018 se contabilizaron 3 mil 560 delitos ambientales denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales únicamente se investigaron 586.
“Estas cifras deben ser tomadas con mucha prudencia ante la dimensión que adquiere la cifra negra y la falta de reportes en muchos estados”, advierten Inés Arroyo Quiroz y Tanya Wyatt en su análisis Criminología Verde en México, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registra 440 ataques a activistas defensores del medio ambiente entre 2014 y 2019, con un registro de 49 y 42 casos solamente entre 2018 y 2019.
- Mientras que en lo que respecta a conflictos ambientales, en 2019 se calculaba que existían más de 500 activos vinculados al acceso al agua, desarrollo de megaproyectos, la minería o la protección de bosques, entre otros.
- Estos problemas adquieren un nivel de gravedad especial al vincularse con prácticas de corrupción tanto a nivel federal como estatal, un contexto de violencia creciente relacionado con actividades de organizaciones criminales, capacidades institucionales limitadas para garantizar el acceso a la justicia, señalan los analistas.
De igual manera, afirman que hay muy poca voluntad política para garantizar el acceso a la justicia para comunidades y personas afectadas por delitos y el daño ambiental.
Por ejemplo, mientras en 2012, año en que se incorporan el derecho al medio ambiente sano y el derecho humano al agua en el artículo 4 constitucional, el presupuesto total de Semarnat fue de 54 mil 717 millones 658 mil 406 pesos, en 2020 se redujo a 29 mil 869 millones 450 mil 777 pesos.
“La disminución acelerada de la capacidad presupuestal para el sector ambiental en México representa un factor central para comprender la existencia de altos niveles de impunidad ambiental, lo cual se retroalimenta de inconsistencias y vacíos en la información reportada principalmente por los estados, en gran parte por la corrupción de autoridades”, subrayan.
- De esta manera es evidente la inacción oficial ante la violencia provocada por organizaciones criminales o la indefensión de pequeñas comunidades para enfrentar los daños ambientales o los saqueos de recursos generados por grandes corporaciones o megaproyectos públicos.
- Lo anterior pone en evidencia la falta de voluntad política. Medir la impunidad ambiental supone reconocer la existencia de una problemática que tiene impacto tanto en la protección de ecosistemas y especies, al igual que en el disfrute del derecho al medio ambiente sano.
Concluyen que entender la impunidad ambiental importa porque este fenómeno retroalimenta las consecuencias de problemas como inseguridad, violencia o corrupción, multiplica el daño a las víctimas y aumenta la vulnerabilidad de quienes previamente lo son por factores de desigualdad socioeconómica, como prevalece en México./Agencias-PUNTOporPUNTO
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