La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (LP) y Empresas Conexas (Amexgas) estima que ya han cerrado aproximadamente 10% del total de las rutas de reparto en el país, es decir, a partir de agosto se ha dejado de trabajar paulatinamente en 3,500 zonas, debido al control de precios máximos implementado por el gobierno federal que impide a las empresas distribuidoras cubrir los costos necesarios para su operación, situación que podría agravarse en los próximos días.
- En México hasta hace un mes existían 35,000 rutas de reparto y 4,700 estaciones de servicio, mediante las cuales se realizaban más de un millón de servicios diarios en los hogares, en ciudades, rancherías, así como en comercios, hospitales, tortillerías, panaderías, hoteles, restaurantes e industrias, explicó la organización.
“Ante la implementación del sistema de control de precios máximos de venta al público, determinado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las 1,292 Plantas de Distribución de todo el país enfrentan condiciones adversas que imposibilitan mantener la cobertura geográfica y el nivel de servicio que requiere la población consumidora, provocando con esto el cierre de rutas de reparto, desempleo y falta de inversiones estratégicas para garantizar el abasto a nivel nacional”, detallaron, “situación que podría agravarse en los próximos días”.
- Cabe señalar que el control de precios inició en agosto luego de que la Secretaría de Energía denunció que a lo largo del 2020, el precio final del gas LP al consumidor en México aumentó 28% en el promedio nacional gracias a que los distribuidores no redujeron sus márgenes de ganancia mientras que el crudo llegó a sus precios más bajos en dos décadas, por lo que se consideró establecer este control de precios para que las empresas se plantearan márgenes menos nocivos para sus clientes.
Pero aun así, el precio máximo en promedio del gas LP a nivel nacional para la semana del 10 al 16 de octubre es ya 3.4% superior al último precio real que los distribuidores reportaron en promedio antes de la política de control de precios, luego de que para esta semana la CRE determinó un tope de 26.05 pesos por kilogramo, mismo que además es superior en 2.2% al de la semana anterior, y que cumple su segunda semana en haber rebasado los precios previos al 1 de agosto, cuando se determinaron los precios máximos para evitar abusos por parte de los comercializadores.
- La Amexgas recordó que México produce el 40% e importa el 60% del gas LP que se consume, por lo que la escalada internacional de precios del energético ha impactado en los precios en el país y en el resto del del mundo. Analistas especializados consideran que estos precios seguirán subiendo durante los próximos meses de invierno, razón por la cual se hace urgente definir una “estrategia integral efectiva” que contemple los precios de Petróleos Mexicanos (Pemex), precios de venta al público y los costos reales de la distribución, se requiere de un modelo que sea sostenible, con apego a la realidad económica y que garantice el abasto a la población mexicana.
- Para ello, a decir de los empresarios, el modelo económico de precios máximos que establece la CRE debería reflejar la realidad de los costos de operación de las empresas distribuidoras para evitar que se sigan cerrando más rutas generando desempleo y principalmente para garantizar el abasto a la población consumidora.
“De continuar operando con un modelo de precios alejado de la realidad económica, se incrementa sustancialmente el riesgo de continuar eliminando zonas de reparto por la incosteabilidad económica, generándose con ello más desempleo, menos inversiones en infraestructura, más desabasto y fomentando con este escenario el incremento del robo de gas, la inseguridad y distribución ilícita del producto, afectando principalmente a la población consumidora”, enfatizaron.
A la vez, aseguraron que es necesario realizar operativos para combatir la distribución ilícita que opera con absoluta libertad, construir un modelo económico y operativo con bases realistas y fundamentalmente brindar las condiciones de certeza jurídica y certeza económica que fomenten la actividad económica y el empleo./EL ECONOMISTA PUNTOporPUNTO
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