A partir del 2023 las empresas multinacionales estarán sujetas a un impuesto mínimo del 15 por ciento que generará 150 mil millones de dólares adicionales en ingresos tributarios para los países, como parte del acuerdo fiscal global para la era digital alcanzado hoy entre 136 países bajo la coordinación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que busca de una distribución fiscal más justa entre los países y las grandes empresas favorecidas por la globalización.
- “El acuerdo que se ha alcanzado hoy hará que nuestros acuerdos fiscales internacionales sean más justos y funcionen mejor», señaló Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE y confió en que este acuerdo garantice que el sistema fiscal internacional cumpla su propósito en el marco de una economía mundial digitalizada y globalizada.
“Ahora, debemos trabajar con rapidez y diligencia para garantizar que esta importante reforma se aplique eficazmente», añadió durante el anuncio del acuerdo alcanzado en la 13ª Reunión de la OCDE y el G20 del Marco Inclusivo sobre BEPS.
- No se pretende obstaculizar la competencia, sino buscar una distribución más justa de los beneficios generados por las grandes firmas en la era digital y este acuerdo histórico significan limitaciones pactadas multilateralmente representadas a partir de una solución de dos pilares.
- Como parte del Pilar 1 se asignarán algunos derechos de gravamen sobre las multinacionales desde sus países de origen hacia los mercados en los que realizan su actividad económica y obtienen beneficios, independientemente si tienen o no presencia física, calculados en unos 125 mil millones de dólares.
Las empresas multinacionales cuyas ventas mundiales superen los 20 mil millones de euros y su rentabilidad exceda del 10 por ciento estarán sometidas a las nuevas normas, de modo que se reasignará a las jurisdicciones de mercado el 25 por ciento del beneficio que supere el umbral del 10 por ciento, explica la OCDE en su comunicado.
El Pilar 2 se refiere al impuesto mínimo global que generará una recaudación tributaria adicional para los países de unos 150 mil millones de dólares. Será aplicable a las empresas cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros, con lo que se calcula que generará una recaudación tributaria adicional, en todo el mundo, de unos 150 mil millones de dólares estadounidenses anuales.
- La solución basada en dos pilares será presentada a los ministros de Finanzas del G-20 en Washington DC, el próximo 13 de octubre, y posteriormente en la Cumbre del G-20 en Roma, a finales de octubre, como una estrategia pionera para enfrentar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.
- Este acuerdo renueva y formaliza alcanzado en julio pasado, ahora con Estonia, Hungría e Irlanda adheridos, lo que significa que tiene el apoyo de todos los países miembros de la OCDE y del G20. Cuatro países miembros del marco inclusivo – Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka – aún no se han sumado a la Declaración.
El acuerdo alcanzado por 136 países y jurisdicciones de los 140 miembros de este marco inclusivo, que representan más del 90 por ciento del PIB mundial, también reasignará más de 125 mil millones de dólares estadounidenses de beneficios procedentes de alrededor de las 100 mayores y más rentables empresas multinacionales a países de todo el mundo, lo que asegurará que dichas empresas paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponda, con independencia de donde lleven a cabo sus actividades y generen los beneficios.
- En el 2022 se firmará una convención multilateral para que su aplicación sea efectiva en 2023, ésta ya está en elaboración y será el vehículo para implementar los nuevos derechos de imposición pactados en el marco del Pilar Uno, así como para suspender y suprimir disposiciones relativas a todos los impuestos sobre los servicios digitales y otras medidas unilaterales existentes. Esto aportará más seguridad jurídica y ayudará a atenuar las tensiones comerciales.
Por su parte, la OCDE desarrollará normas modelo para introducir el Pilar Dos en la legislación interna en 2022, de forma que estén en vigor en 2023./EL FINANCIERO-PUNTOporPUNTO
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