Al gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, le quedan dos días de mandato y dejará 3 mil 649 millones de pesos de daño patrimonial de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejercicio irregular de 19 fondos federales.
- Además, su relevo, Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, denunció que nada se sabe de los 4 mil millones de pesos de crédito que, en diciembre pasado, Aureoles pidió a los bancos para el supuesto ejercicio de obra pública y que quedarán como deuda para el gobierno entrante.
- Se trata de dos créditos simples: uno con Banorte por 2 mil 45 millones de pesos y otro con Banbajío por 2 mil 45 millones, a los que se suman otros con Banobras por mil 149 millones y por mil 218 millones solicitados apenas este 2020.
- De acuerdo con información del sistema de seguimiento de auditorías de la ASF, el mayor monto de irregularidades que a la fecha siguen sin ser aclaradas por el gobierno de Michoacán se concentra en el ejercicio de los recursos de las Participaciones federales, con observaciones por mil 128.5 millones de pesos.
Le siguen los recursos económicos entregados al gobierno estatal a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, con irregularidades por 852 millones 807 mil pesos y los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, por 370 millones 894 mil pesos.
Sobre los mil 128.5 millones de pesos, la ASF encontró un presunto desfalco del gobierno de Michoacán; la mayor parte corresponde a un monto de mil millones 653 mil pesos que la Secretaría de Finanzas supuestamente gastó en el mantenimiento de software, publicidad, asesorías, servicios de informática y sistemas de monitoreo.
No presentó evidencia de los procesos de adquisición y contrataciones, lo que impide verificar la realización de licitaciones y adjudicaciones de conformidad con la normativa aplicable y que las adquisiciones no estuvieran amparadas en un contrato debidamente formalizado.
- Por otra parte, de los 852 millones 807 mil pesos de presunto desfalco del Fondo de Fortalecimiento Financiero, la ASF encontró que la mayor parte de la irregularidad, por 347.9 millones de pesos, corresponde a la falta de documentación comprobatoria del gasto de seis dependencias estatales y 23 municipios.
- Las dependencias que no comprobaron el uso de estos recursos son el Colegio de Bachilleres, las secretarías de Desarrollo Económico, de Gobierno y de Salud, así como la Coordinación General de Comunicación Social y el Sistema Integral de Financiamiento.
De esas, Salud fue la que más recursos dejó de comprobar, por un monto de 31 millones de pesos, seguido del Colegio de Bachilleres, por 25.3 millones de pesos, y Comunicación Social, con 7.6 millones de pesos.
En el caso de los 370 millones 894 mil pesos, destaca el monto de 2018, que es el más elevado, por 176.2 millones que no se utilizaron y no se devolvieron a la Federación.
No cubrieron asistencia social (111.7 millones), infraestructura educativa básica (15.4 millones), infraestructura educativa media (4.7 millones) e infraestructura educativa superior (25.8 millones), con lo que no devolvió más de 176 millones./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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