Los gobiernos de Oaxaca y Guerrero asignaron bolsas presupuestales que ascendieron a más de 100 millones de pesos.
- Para la aplicación de programas a fin de desincentivar el matrimonio forzado con menores de edad y el abuso sexual que se da en estas entidades.
Sin embargo, no existe información documental de que se hayan desarrollado estos programas.
Con lupa
De acuerdo con una revisión que hizo Publimetro sobre los presupuestos de ambos gobiernos en los últimos cinco años.
- La presión que hicieron organizaciones civiles para combatir las uniones forzadas entre niñas y adultos que pagan por las menores fue tal que los gobiernos etiquetaron 20 millones de pesos al año –de 2015 a 2020–, en promedio, para elaborar estrategias que disminuyeran las bodas infantiles.
No obstante, pese a que se realizó el gasto para este rubro en los últimos cinco años por funcionarios de ambas entidades, no hay indicios, fotografías, videos y comprobantes de que se hayan efectuado.
En 2017, por ejemplo, el gobierno de Oaxaca pagó cinco millones de pesos para una cruzada con médicos, especialistas y activistas en comunidades con altos índices de pobreza.
Con la idea central de brindar talleres para menores de edad y dar a conocer sus derechos.
Los planes que se ejecutarían en esta localidad se centraban en educar a las niñas para tomar sus propias decisiones, becas y apoyos mensuales para que no dejaran de estudiar.
Pero la evidencia nunca llegó, y aunque el gasto se hizo, no hay rastro comprobable de dichos talleres y programas en comunidades de Oaxaca y Guerrero.
Un año más tarde, pero en el estado de Guerrero, el gobierno compró a proveedores pintura, sillas, mesas y pizarrones para equipar a escuelas y talleres de zonas como Metlatónoc.
Tampoco se pudo comprobar la compra que ascendió a siete millones de pesos.
Por esta situación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) levantó cuatro señalamientos en 2016, 2017, 2018 y 2019.
Esto a los gobiernos de Guerrero y Oaxaca para comprobar dicho gasto.
de acuerdo con una revisión que hizo Publimetro al órgano técnico de la Cámara de Diputados.
Por vacas y alimentos
En Chiapas la situación es mucho peor: aquí los gobiernos no han destinado un solo peso para atender este problema que ha sido denunciado por comunidades
- y organizaciones civiles. Aquí el pago no sólo es económico, también se acepta en especie (como azúcar, panes y otros alimentos que conforman la canasta básica)
para que un hombre pueda adquirir a una mujer en el sur de México.
Tampoco hay datos estadísticos sobre el negocio de los matrimonios forzados y la cifra negra podría alcanzar hasta los cientos de miles de niñas vendidas.
- Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes en América Latina, aseguró que la creencia de los usos y costumbres no están por encima de los tratados y derechos.
- “Hay una prioridad ante cualquier decisión de la familia. Las leyes no cambian la realidad, mientras las niñas son sujetas a este tipo de práctica que violan sus derechos humanos”, sostuvo.
Detalló que no es necesario realizar una reforma actualmente, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohíbe este tipo de prácticas,
por lo que se debería insistir en romper con estos “usos y costumbres” que están por encima de los derechos y son nocivas.
Invisibles ante autoridades
Pese a que se siguen violentando los derechos de las niñas en estas tres entidades, las autoridades se resisten a reconocer el problema.
Este diario solicitó entrevistas –en reiteradas ocasiones– con los tres gobiernos en turno, pero ninguno de ellos tomó la llamada hasta el cierre de esta edición./PUBLIMETRO-PUNTOPORPUNTO
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