La histórica sequía que sufre México este año está aumentando la presión para que los gobiernos regionales y locales avancen en proyectos de agua que presentan cada vez más atrasos.
En tanto, el financiamiento federal requerido para los proyectos se está volviendo más escaso año tras año, según un análisis de una calificadora.
- Las reservas de agua habían caído al 39,7% de la capacidad (a mayo de 2021) y ahora se espera que el estrés hídrico se intensifique en los 32 estados del país, de acuerdo con un informe que Moody’s Investors Service publicó el jueves.
- Matthew Walter, autor del informe y vicepresidente asistente de Moody’s, señaló que «hay tiempo para fortalecer el acceso al agua, pero los recortes en la inversión han generado un déficit de infraestructura considerable».
Los presupuestos federales han experimentado recortes importantes en casi todos los ámbitos desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, primero por la campaña inicial del mandatario para aumentar los recursos a través de iniciativas de austeridad y luego por el covid-19, que forzó una profunda consolidación de las agencias federales y que solo dejó intactos los fondos de un puñado de programas emblemáticos.
- El financiamiento federal a través del regulador Conagua para infraestructura de agua potable, alcantarillado y drenaje ya estaba en declive cuando AMLO asumió el cargo. Entre 2016 y 2019 presentó una caída de 60%, indicó Moody’s.
- Mientras tanto, los fondos federales transferidos a ciudades y estados también se han contraído y los gobiernos regionales y locales se han visto obligados a recortar sus propios presupuestos de capital para contener los déficits.
Walter agregó que México ha logrado “avances importantes” en las últimas décadas para mejorar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado, pero estos están siendo socavados por un mantenimiento deficiente de las redes de distribución, que están sujetas a filtraciones y frecuentes interrupciones en el servicio.
“Esto se refleja en un índice de eficiencia física relativamente bajo a nivel nacional, de 57%, lo que indica que el 43% del agua potable producida cada año se pierde, principalmente por filtraciones en las redes de distribución de agua y el robo de agua”, agregó Walter.
LENTITUD
El lento movimiento de fondos, incluso en los pocos proyectos considerados prioritarios por el Gobierno Federal, hace tambalear financieramente a muchos gobiernos regionales y locales, mientras que las condiciones han empeorado por la actual sequía.
PROBLEMAS DEL GOBIERNO
Los gobiernos regionales y locales son constitucionalmente responsables de proporcionar servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento e invertir en infraestructura.
Sin embargo, “solo un puñado de gobiernos regionales y locales y empresas de aguas han demostrado la experiencia técnica y el conocimiento financiero para planificar y ejecutar proyectos de agua a largo plazo”, advirtió Walter.
- Esa realidad ha quedado demostrada por la falta de ejecución de diversos proyectos grandes. Eso es lo que ocurre con el retraso de 15 años en la construcción de la presa El Zapotillo, valorada en 7.000 millones de pesos (US$352mn al cambio actual) y diseñada para proporcionar un embalse que suministre agua a los estados de Guanajuato y Jalisco.
- Ese proyecto tuvo un inconveniente cuando un fallo de un tribunal a favor de las comunidades locales forzó a cambiar los planes originales y luego sufrió otro cuando el socio privado que respaldaba el proyecto quebró durante la fase de rediseño.
Asimismo, los gobiernos regionales y locales se han mostrado reacios a obtener financiación por su cuenta.
Walter dijo que si bien estos gobiernos son teóricamente capaces de obtener financiamiento a través de deuda con bancos privados o multilaterales, estos últimos en conjunto con el banco estatal de desarrollo Banobras, “en general la mayoría de los gobiernos regionales y locales han tenido poco interés por endeudarse a largo plazo en los últimos años”.
- El Gobierno Federal ha reconocido las dificultades que enfrentan estos estamentos gubernamentales. También se ha fijado una serie de objetivos clave para abordar los desafíos hídricos del país, «aunque no ha establecido metas de inversión específicas», comentó el experto.
“Dada la capacidad limitada de los gobiernos regionales y locales para afrontar estos complejos desafíos por sí mismos y su falta de flexibilidad financiera, seguirán dependiendo de alguna manera de los fondos federales”, agregó. Hasta entonces, estos gobiernos tendrán que confiar en los funcionarios federales para cumplirlos.
PRIORIDADES DE CONAGUA
Germán Martínez Santoyo, quien asumió la dirección de Conagua a principios de julio, dijo al oficializarse su nombramiento que los desafíos fundamentales mientras esté al mando de la entidad serán terminar las obras iniciadas por la actual administración y las que quedaron inconclusas en gobiernos anteriores.
Específicamente mencionó que seis proyectos son prioritarios: una planta desaladora en el estado de Baja California Sur; una planta potabilizadora en la Comarca Lagunera (bajo el proyecto Agua Saludable para La Laguna); el acueducto Independencia, ahora parte de una iniciativa gubernamental que promueve la justicia social para el pueblo yaqui; el proyecto de riego y represa Santa María, junto con el acueducto Picachos-Mazatlán, ambos en el estado de Sinaloa; y el canal Centenario en Nayarit.
- Sin embargo, las prioridades de Martínez no se superponen exactamente con las de la administración considerando que de los 72 proyectos del primer y segundo paquete anunciados para el plan maestro de infraestructura de México hasta 2024, PNI, solo 3 están relacionados con agua potable.
Esto es mucho más bajo que el número de proyectos actualmente en planificación en el sector de aguas de México.
- Según la base de perfiles de proyectos de BNamericas, hay 27 proyectos con gastos de capital superiores a US$50mn en obras iniciales y 15 en construcción.
Además, aunque los supervisores de los tres proyectos de agua del PNI dijeron en mayo que las obras comenzarían en julio, ya se están reportando retrasos.
La Peninsular-Acción Agua, consorcio que fiscaliza un programa de eficiencia y recuperación de agua por 1.110mn de pesos en el estado de Baja California y la ya mencionada planta desalinizadora de 607mn en Baja California Sur, dijo a las autoridades locales este mes que la construcción de la desaladora comenzaría en la segunda quincena de agosto o en septiembre.
IMPACTOS EN ZONAS URBANAS
El incremento relativamente desenfrenado del estrés hídrico afectaría con mayor gravedad a las principales áreas urbanas, cuya población comenzará a percibir efectos negativos sustanciales.
Walter advirtió que los desafíos a largo plazo serán importantes en Ciudad de México, la ciudad más grande del país y donde la infraestructura deficiente ha significado que el 15% de la población experimente escasez de agua frecuentemente.
Agregó que los acuíferos que brindan agua a la capital ya estaban en declive cuando comenzó la sequía de 2021, mientras que los principales embalses han caído a niveles bajos.
- Agua Capital, organización que busca promover soluciones de sustentabilidad hídrica en la capital, informó recientemente que la ciudad requerirá nuevas inversiones por 270.000mn de pesos durante los próximos 50 años para revertir el daño causado por décadas de bajas inversiones. Ello requiere una coordinación significativa del Gobierno Federal y probablemente un aumento del endeudamiento.
- Pero los préstamos, es decir, cualquier acumulación de nueva deuda, ha sido un anatema para el presidente, quien ha sentido una aversión por el gasto deficitario y los presupuestos desequilibrados a lo largo de su carrera política.
RIESGOS CREDITICIOS POR SEQUÍAS
México ha experimentado este 2021 una de sus peores sequías en décadas y, de acuerdo con proyecciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que el grado de presión sobre el recurso hídrico se intensifique durante la próxima década, lo que aumenta la presión crediticia de los gobiernos locales y regionales.
- La sequía comenzó a desarrollarse en 2020 y la Conagua estimó que alrededor del 85% de México fue afectado por condiciones desde anormalmente seco hasta sequía excepcional durante la primera mitad de 2021, además, el nivel promedio de agua de las 210 principales presas del país cayó al 39,7% de la capacidad en mayo de 2021.
Según las proyecciones de crecimiento poblacional y disponibilidad de agua renovable, la Conagua estima que el estrés hídrico aumentará en 30 de los 31 estados de México y en la Ciudad de México en los próximos 10 años.
Los estados donde se pronostica un grado muy elevado de estrés hídrico en el largo plazo son aquellos que este año experimentaron algunas de las peores condiciones de sequía, como Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California y Sinaloa.
- Matthew Walter, analista de Moody’s México, dijo a Bloomberg Línea que la calificadora comenzó a incluir en su análisis para México las sequías como parte de los riesgos físicos de medio ambiente y sobre eventos que tienen impactos crediticios en el largo y mediano plazos, en línea con los criterios ESG (Environmental, Social and Governance).
- “No necesariamente vamos a ver en el corto o mediano plazo acciones de calificación muy fuertes justamente por este tema, lo que hemos comunicado con los reportes es que hay tiempo para ajustar, este es un cambio que va a venir en los años siguientes, pero es algo que vamos a monitorear entre los varios factores que evaluamos para asignar calificaciones” — Matthew Walter, analista de Moody’s México
Apuntó que la calificadora asigna las notas crediticias al sector público con base en el monitoreo de diversos factores, por lo que las sequías y el estrés hídrico se suman a los varios factores que se evalúan debido a que es una variable que va a contribuir a las necesidades de gasto en el largo plazo.
Walter mencionó que la inversión registra una reducción del 60% de los fondos federales que se ejercen a través de la Conagua para infraestructura de agua, alcantarillado y drenaje en los últimos años, junto con el recorte de los gastos de capital por parte de los gobiernos locales y regionales./Agencias-PUNTOporPUNTO
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