En febrero de 2011 Norma Andrade –en ese entonces residente en Ciudad Juárez, Chihuahua– se enfrentó, primero, a la desaparición de su hija… Una semana después, a su pérdida tras encontrarla asesinada con apenas 24 horas de haber fallecido.
- Su hija, Lilia Alejandra, era madre soltera; su feminicidio dejó en orfandad a una niña de año y medio, y a un niño con meses de nacido.
- Norma jamás recibió un apoyo gubernamental, ahora, dos décadas después, pasó de docente a defensora de Derechos Humanos y su diagnóstico es incontrovertible: Nada se hacía, nada se ha hecho y nada se hace para los quizá miles de huérfanos, no solo por feminicidio, sino por la violencia generalizada en el país.
Su nieta, ahora una joven en los 20, define a su propia generación como la generación de las balas.
Este miércoles el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio.
- Sin embargo, éste fue anunciado hace más de un año, el 20 de julio de 2020, como resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo impulsadas por el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) en 12 estados y de la colaboración con las Fiscalías y procuradurías estatales.
- En el protocolo se destaca que los niños y adolescentes en esta situación deberán recibir apoyos para gastos funerarios de cualquiera de los tres órdenes de Gobierno y se les deberá proporcionar albergue, alimentación, atención médica, psicológica y pedagógica.
La ruta que traza el protocolo establece 11 puntos y pretende dar atención, acompañamiento en la vida cotidiana y capacitaciones que tengan como objetivo brindarles herramientas para superar sus pérdidas y duelos, así como contribuir para prevenir futuras violencias.
VEN CAMINO ESPINOSO
Malú García Andrade es defensora de Derechos Humanos, participa en la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y es hermana de Lilia Alejandra, secuestrada y asesinada en 2011.
Tras conocer la publicación del protocolo expresa sus dudas pues “en el papel suena muy bonito, pero en la realidad vamos a tener muchos obstáculos”.
- De entrada, señala la limitante de los apoyos únicamente para los huérfanos por feminicidio, cuando existen casos de homicidios de mujeres que son reclasificados con agravante o por razones de género.
- “Sabemos muy bien que las autoridades tratan de minimizar o bajar las cifras de este delito. Tenemos sentencias como homicidio con agravante u homicidio por razones de género, pero no tenemos sentencias por feminicidio, son muy pocas.
“Por ley, todos los crímenes de mujeres se deben investigar como feminicidio hasta que la autoridad competente lo descarte, las Fiscalías así lo investigan, pero, cuando se judicializan las carpetas de investigación y llegan a un juzgado, las mismas Fiscalías reclasifican a homicidio con agravante u homicidio por razones de género y todos esos casos no entrarían”, expuso la activista.
Respecto a la ruta de atención que propone el protocolo, en la que se deja al Ministerio Público la decisión sobre si se investiga un asesinato como feminicidio, pues “si no le da la gana investigarlo así” esos niños quedarán sin apoyos o protección.
- “Tenemos muchos casos en donde el MP le niega la calidad de víctima a las familias, no solo a papás y hermanos, sino a los hijos; hemos tenido denuncias en comisiones de Derechos Humanos estatales.
- “Es como estar chiquiteando el dinero de las Comisión de Atención a Víctimas por el tema del alojamiento, salud, educación porque no tienen recursos”, dice García Andrade.
Por estas razones, la activista comentó que el tema sigue abierto y es necesario sentarse con las autoridades para que no sólo los menores, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, reciban apoyo del Estado, sino todos aquellos que han quedado huérfanos por el homicidio con agravante o por razones de género de su progenitora.
PROBLEMA MAYOR
Tan solo en 2019, según datos dados a conocer por el Inmujeres en la presentación del protocolo, las autoridades competentes detectaron 796 menores en orfandad por feminicidio, pero únicamente en 26 entidades federativas.
- Sin embargo, la Red de Defensa por los Derechos de la Infancia en México (Redim) intentó determinar cuántos menores de edad eran víctimas indirectas de ese delito, pero su intento no prosperó pues se enfrentaron a la falta de datos confiables respecto al número de feminicidios, ya que muchos están clasificados simplemente como homicidios.
- Los feminicidios se han mantenido al alza desde 2015 cuando pasaron de 412 casos a 948 en 2020, pero la cifra de homicidios dolosos contra mujeres es más alta, de mil 734 a dos mil 793, en el mismo periodo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De las mujeres asesinadas el año pasado, la mayoría tenía entre 20 y 44 años, de acuerdo con los datos sobre mortalidad en el país del Inegi.
Mientras que los datos de maternidad indican que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido, al menos, un hijo nacido vivo.
AUTORIDADES PRESENTAN PROTOCOLO
La Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) publicaron el Protocolo de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, el cual tiene el objetivo de restituir a estos menores, los derechos vulnerados.
- Este decreto fue emitido en el Diario Oficial de la Federación y busca, además, que haya coordinación entre las diversas autoridades competentes, para la atención de los casos, y la prestación de servicios de ayuda inmediata.
- El documento señala que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los menores de edad, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus garantías fundamentales, de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Constitución.
- El protocolo es de observancia obligatoria para las unidades administrativas del SNDIF, de coordinación para las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada y de orientación para las demás autoridades federales, locales y municipales, personal del servicio público en el ámbito de sus respectivas competencias y, en general, a toda persona que intervenga en los procedimientos relacionados con la atención de los pequeños.
También se subraya que la situación de estos niños es de especial preocupación, porque el contexto de violencia feminicida constituye un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección, les coloca en un mayor riesgo de la vulneración de sus derechos. El impacto es grave y se requiere de la intervención de todas las instituciones responsables, ratifica el documento.
Este esfuerzo es el resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por el Inmujeres en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.
- La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann informó que 26 entidades federativas dieron respuesta y fueron identificados por las autoridades competentes, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y diciembre de 2019. Asimismo, Gasman destacó que “la orfandad de madre o cuidadora de niñas, niños y adolescentes no debe traducirse en una orfandad de Estado”, por lo que el Protocolo no solo buscó ordenar los datos, sino también las líneas de atención y la responsabilidad específica que tiene cada institución.
En su intervención, el secretario ejecutivo del Sipinna, Ricardo Bucio Mújica, subrayó que el feminicidio es la expresión más radical de la violencia de género contra niñas y mujeres que, cuando sucede, se presenta casi siempre en el ámbito de casa.
Este delito suele conllevar a la par otros tipos de violencias como la económica, psicológica, sexual, y en el caso de la primera infancia, de castigo corporal, y disciplina negativa, por lo que es importante llamar a la corresponsabilidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno para avanzar por un cambio cultural desde la igualdad de género.
Por su parte, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, dijo que en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador el Estado tiene el compromiso de visibilizar a las hijas y los hijos de las víctimas para brindarles, de manera inmediata, la protección que requieren y precisó “este Protocolo tendrá que prever la articulación interinstitucional en dos ejes fundamentales: el primero, que considere cuatro garantías de protección integral: el Derecho a la Protección, a la Ayuda, a la Asistencia y a la Atención. Esto implica la restitución integral y el acceso a la justicia”.
5,000 NIÑOS HUÉRFANOS DESDE 2018
El Gobierno de México ha censado a 4,966 menores de edad en orfandad por el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o ex parejas desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2021, según datos de las fiscalías de los estados, recabados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- El informe del organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, muestra que, si se suman los datos provisionales de abril (104 niños y adolescentes más), la cifra alcanza los 5,072 huérfanos por feminicidios en México.
El promedio mensual es de 177 casos de orfandad por feminicidio entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, lo que significa al menos cinco huérfanos al día (5.9). Desde entonces, se han perpetrado 2,222 feminicidios en México, según los datos más recientes en el Sistema de Seguridad Pública, que llegan hasta marzo, que han dejado un promedio de dos niños huérfanos por cada caso./Agencias-PUNTOporPUNTO
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