El Tren Maya, proyecto insignia de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se encuentra nuevamente en la mira, un medio de circulación nacional tuvo acceso a archivos “secretos” donde se destaca los posibles problemas de construcción del transporte, los promotores del Tren Maya ocultaron información crítica relacionada con su trazado, la posible demanda y los riesgos constructivos para acelerar las obras y licitaciones.
Antes ya había estado en el ojo del huracán, debido a que la empresa responsable de su construcción, fue la misma que se encargó de hacer la Línea 12 del metro, por lo que las dudas con respecto a su calidad fueron en aumento.
Los informes de actividades y diversos documentos y borradores entregados que a lo largo del año 2019 realizó la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), a la que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagó 32 millones de pesos por la Asesoría Económico Financiera, revelan que se escondieron datos y censuraron secciones en el Análisis Costo Beneficio que debe presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar luz verde a un proyecto.
Entre las casi siete mil 500 páginas que PWC entregó a Fonatur, conseguidas vía Transparencia por El UNIVERSAL, se observa como diferentes críticas y precisiones fueron eliminadas de los informes finales mientras se acumulaban los retrasos. AMLO ha advertido en diversas ocasiones que quiere dejar el Tren Maya funcionando a finales de 2023 y ha espoleado repetidas veces a las empresas encargadas de su construcción para acelerar las obras.
Este megaproyecto consta de mil 500 kilómetros para crear un lazo en la península de Yucatán. Tiene tres ejes económicos: turismo, transporte local y mercancías. En 726 kilómetros desmantela y reconstruye las vías existentes para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y en el resto serán nuevas vías. Los dos tramos más complejos, sin vía construida y que atraviesan las Reservas de la Biosfera de Calakmul y la de Sian Ka’an, serán construidos por el Ejército.
No es la primera vez que las autoridades censuran críticas al Tren Maya en informes encargados por ellas mismas, ni que retuercen la legislación para acelerar plazos, ni que son señaladas por solo hablar de los beneficios del proyecto y nunca de sus riesgos.
Problemas de imagen y reputación para el Tren Maya
El Tren Maya pasa por un momento complicado, no ha podido recuperar su reputación perdida debido a que la empresa constructora a cargo es la misma que construyó la Línea 12 del Metro de la CDMX, el cual tuvo un accidente de consecuencias fatales
- Como ya te habíamos reportado, desde CICSA plantaron postura al respecto indicando, en principio que “CICSA lamenta lo sucedido y se solidariza con las familias de quienes perdieron la vida así como las personas y las familias de quienes resultaron lesionados”.
Adicional, la marca indicó a Merca 2.0 que esperaría los resultados de los peritajes para hablar más sobre el tema y tomar decisiones en caso de que sea necesario.
- Es importante mencionar que esta empresa de Carlos Slim en asociación con la firma española FCC Construcción está a cargo de la construcción del Tramo 2 del Tren Maya, el cual se extiende por 235 kilómetros, luego de ganar en abril de 2020 la licitación que les dio acceso a un contrato de más de 18 mil 553 millones de pesos.
Al ser cuestionados sobre este tema y el impacto que podría tener el accidente en el proyecto, la vocería de la mencionada empresa indicó que no podían comentar nada por el momento.
Es importante mencionar que el Tren Maya es uno de los proyectos emblema de la administración actual y la llamada 4T, situación que cobra relevancia en medio de un momento en el que el proceso electoral no se puede perder de vista.
Dejan sin transparentar adquisición de vagones
Con el compromiso de hacer contrataciones públicas con total transparencia, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no convocó a la representante de Gobernanza Desarrollo y Transparencia Institucional AC, testigo social designado, a participar en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas en la licitación para la compra de 42 trenes, sistemas electromecánicos, talleres y cocheras para el Tren Maya, como debió hacer.
- Dicho testigo social fue designado en noviembre del 2020 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para acompañar la parte normativa y su participación en la etapa mencionada de la licitación de mayor monto del proyecto prioritario (36,564.1 millones de pesos, adjudicado al consorcio Alstom Transport México) es una de las obligaciones establecidas en el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
“Se sugiere convocar al testigo social a reuniones de evaluación de las proposiciones en términos del artículo 67, fracción II inciso i) del reglamento…”, mencionó en su informe del proceso, con fecha 23 de junio del 2021, la representante legal de Gobernanza Desarrollo y Transparencia Institucional AC, Maricarmen Hernández Cruz, de quien quedó constancia de participación virtual en la ceremonia de fallo.
El 28 de mayo, dos días después de conocerse que el consorcio integrado por Alstom, Bombardier Transportation, GAMI Ingeniería y Construcciones Urales ganó la licitación (competía en la etapa final con el grupo de CAF y Rubau), el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, hizo una síntesis del concurso de carácter internacional en la conferencia mañanera celebrada en el Palacio Nacional.
“La evaluación la hicimos con el apoyo de empresas conocedoras del tema”, dijo el funcionario.
- Mencionó, entre otros expertos internacionales, a: PwC (parte económica), DB (en sistemas), Renfe e INECO en (materia rodante), MexTypsa (parte técnica) y al testigo social (en la parte normativa).
- Sin embargo, un mes después el propio testigo social informó que “el proceso de evaluación de las proposiciones presentadas en este procedimiento se realizó sin la intervención presencial o electrónica de esta representación”.
Aún con la importancia de acompañar el resto de la licitación como garante de parte de la SFP, el propio reglamento de la ley de adquisiciones detalla que, en ningún caso el testimonio del testigo social tendrá efectos jurídicos sobre el procedimiento de contratación.
Por lo anterior el contrato respectivo se firmó el pasado 20 de junio y vence el ocho de abril del 2029.
Menor costo de los trenes
Entre otras recomendaciones hechas al Fonatur por el testigo social, sin respuesta, están: generar versiones estenográficas de las sesiones de sus órganos colegiados en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de que se solicite al Órgano Interno de Control una opinión jurídica sobre la idoneidad de la participación de la filial Fonatur Tren Maya en funciones de área técnica.
De acuerdo con el informe final, previo a la publicación de la convocatoria de licitación, el Fonatur hizo un estudio de mercado y solicitó a empresas como Alstom y CAF una cotización sobre el material rodante y los sistemas electromecánicos (esta información no era pública).
- De las respuestas obtenidas, se concluyó que el costo promedio de trenes y sistemas era de 23,870.1 millones de pesos y el resto de infraestructura se podía hacer, igual en promedio, en 12,422.4 millones de pesos, de tal suerte que todo el paquete rondaría los 36,292.4 millones de pesos, sin IVA. De ahí que el monto presupuestal estimado era de 40,000 millones de pesos.
Finalmente, el contrato con Alstom se firmó por 31,520.5 millones de pesos, sin IVA, lo que implicó un ahorro de 767.3 millones de pesos frente a la oferta de CAF, que a decir de Jiménez Pons era un propuesta “muy robusta”, pero hubo una diferencia de precio total de 890 millones de pesos, mayor grado de contenido local y tiempos de entrega.
El testigo social avalado por la SFP
¿Quién es Gobernanza, Desarrollo y Transparencia Institucional A.C.?
- Especialidad: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en obras públicas y servicios relacionados con las mismas
- Es una asociación civil constituida el 13 de junio del 2011, en cuyo objeto social, entre otros se encuentra el de promover la democracia y legalidad en contra de corrupción, la deshonestidad y la impunidad en todo tipo de proceso judicial y administrativo y proporcionar asistencia jurídica, incluyendo la representación ante autoridades administrativas o jurisdiccionales./Agencias-PUNTOporPUNTO