PANDEMIA frena los avances en la reducción de las CARENCIAS SOCIALES

Entre los principales retos por atender actualmente se encuentran: el abandono escolar, el aumento de la pobreza laboral y el mejoramiento del sistema de salud, problemas que además se agravan para las personas pertenecientes a los grupos vulnerables.

Desde hace más de 30 años, las carencias sociales en el país han venido disminuyendo gradualmente gracias al desarrollo de políticas públicas y a la implementación de programas sociales.

  • La falta de acceso a la salud, por ejemplo, presentó una disminución a nivel nacional de 37.2 puntos porcentuales entre el año 2000 y el 2020. Mientras que entre 1990 y el año pasado, en el país decreció el porcentaje de personas con rezago educativo al pasar de 26.6 por ciento -hace 20 años- a 17.3 por ciento actualmente, una de las evoluciones más lentas de las últimas dos décadas.
  • A marzo de 2021, se identificaron mil 244 programas y acciones efectuadas para atender las afectaciones y riesgos derivados de la pandemia por parte de las entidades federativas

Sin embargo, ante el complejo escenario por la pandemia que enfrenta el país en cuanto a servicios de salud, recuperación económica y rezago educativo, entre otros, los avances obtenidos en la reducción de diversas carencias sociales hasta antes de la crisis sanitaria podrían perderse.

“Existe el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018. Por ello, es urgente reforzar la atención a grupos vulnerables y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos”, advirtió el Coneval en su “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020”.

GRUPOS PRIORITARIOS

Entre los principales retos por atender actualmente se encuentran: el abandono escolar, el aumento de la pobreza laboral y el mejoramiento del sistema de salud, problemas que además se agravan para las personas pertenecientes a los grupos vulnerables.

  • Entre los más afectados, por ejemplo, están los integrantes de los pueblos originarios, un grupo que en comparación con la población no indígena, sufre mucho más el rezago educativo, cuenta con menos accesos a los servicios de salud, a la calidad de los espacios de la vivienda y carece de alimentación suficiente así como de seguridad social.

Las mujeres, quienes padecen alguna discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, así como las personas de la tercera edad también se consideran vulnerables.

“Existen grupos de población cuyo ejercicio de derechos se encuentra sistemáticamente comprometido y en los que se observan menores niveles de bienestar. Asimismo, hay regiones del país que enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio de los derechos sociales de su población, a las cuales se debe dar atención prioritaria para cumplir con los compromisos establecidos por el Estado en términos de derechos sociales, así como mitigar lo más rápidamente los impactos de la pandemia”, dice el documento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

  • El Dr. Felipe Gaytán, especialista en sociología de la Universidad La Salle, explica que en parte esto se debe a la manera en que el Gobierno federal decidió manejar los programas sociales conocidos como Bienestar, los cuales no son integrales.
  • “Los programas del Bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han estado enfocados en dar la ayuda de manera directa, es decir, otorgar dinero a la gente que lo necesita, más no en brindar los servicios o facilitar el acceso a ciertos derechos, por lo que hacen falta acciones integrales que atiendan diversas necesidades, como se hacía con los comedores en las escuelas, ahí se brinda un servicio educativo y de alimentación para los estudiantes”.- Dr. Felipe Gaytán, Especialista en sociología de la Universidad La Salle

RESPUESTA A MEDIAS ANTE CARENCIAS SOCIALES

En este sentido, el informe del Coneval destaca que si bien “existe una clara intención por construir un sistema de bienestar universal, los Programas Integrales de Bienestar se enfocan principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan las personas en las distintas etapas del curso de vida”.

  • En relación con la atención a los efectos derivados de la pandemia, el documento señala que al primer trimestre de 2021se identificaron 20 afectaciones y 76 riesgos que se vinculan principalmente con los derechos a la salud, la educación y al trabajo, así como con la dimensión de bienestar económico.
  • Para atender este panorama, el Coneval menciona en su estudio “De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres” que el gobierno impulsó 44 programas de desarrollo social con alguna medida o acción para la atención de la pandemia por COVID-19, de estos se encontró que 38 pueden incidir en la disminución de los riesgos planteados, de acuerdo con los diferentes apoyos o servicios que entregan.

En 2020, de las 53 intervenciones federales, 31 fueron programas presupuestarios y 22 acciones no presupuestarias.

  • En cuanto a las intervenciones implementadas por las entidades federativas, a marzo de 2021, se identificaron mil 244 programas y acciones efectuadas para atender las afectaciones y riesgos derivados de la pandemia.

“La etapa de recuperación se podría orientar a la construcción de medidas oportunas que permitan disminuir niveles de riesgo y reorientar la política de desarrollo social a recuperar aquellos espacios afectados en el bienestar de la población.

“Asimismo, es pertinente continuar con los esfuerzos para garantizar el acceso al ejercicio efectivo de los derechos sociales, a través de diagnósticos a profundidad para identificar los principales retos a los que se enfrentará la población una vez que termine la pandemia, considerando elementos como: la fragmentación del sistema de salud en México, la atención de brechas de financiamiento entre subsistemas y el reto de incentivar la atención primaria y preventiva”, dice el documento “De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres”.

Entre los principales retos por atender actualmente se encuentran: el abandono escolar, el aumento de la pobreza laboral y el mejoramiento del sistema de salud, problemas que además se agravan para las personas pertenecientes a los grupos vulnerables.

CRECE LA DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el gasto en salud que se destina a las personas de los sectores más vulnerables del país se redujo. En el periodo que va de 2019 a 2021 pasó de tres mil 656 pesos a dos mil 911 pesos por persona, advierte el estudio De Seguro Popular a Insabi: Mayor población con menor atención.

  • El informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) establece que la incorporación de 14.4 millones de personas al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) entre 2019 y 2021, provocó un deterioro en el gasto per cápita del programa que sustituyó al Seguro Popular y, al mismo tiempo, generó mayor desigualdad con aquellas personas que tienen acceso a otros sistemas de salud pública.

A decir de la organización civil, las diferencias en el gasto per cápita de los subsistemas de salud “exacerban la desigualdad en el acceso a los servicios de salud».

  • La desigualdad en el país en este sector se ha incrementado durante la administración de la Cuarta Transformación. A manera de ejemplo, el gasto per cápita en los servicios de salud de Pemex pasó de 23 mil 896 pesos en 2016 a 29 mil 803 pesos por persona en 2021, lo que equivale a 10.2 veces lo que se destina a quienes están inscritos en el Insabi, dice el estudio.
  • A pesar de que en 2021 el instituto incrementó 4.5 por ciento en términos reales el presupuesto en comparación con lo ejercido en 2019, hubo una contracción del gasto per cápita debido al incremento de los afiliados.

“El presupuesto del Insabi no es congruente con el objetivo de cubrir a toda la población sin seguridad social, de tal forma que el gasto per cápita para esta población pasa de tres mil 656 pesos en 2019 a dos mil 911 pesos en 2021, una contracción de 20.3 por ciento”, señala el estudio De Seguro Popular a Insabi.

El financiamiento del instituto evidencia la tendencia de un presupuesto que no está vinculado al número de personas afiliadas y sigue sin considerar las variables demográficas y epidemiológicas del país.

  • Se trata de una caída de más de 20 por ciento en el gasto en salud por persona, pero al observar lo que se destinó a las enfermedades de alta especialidad, la caída es equivalente a dejar sin servicios a tres mil mujeres y hombres con cáncer de mama, seis mil 200 casos de cuidados intensivos neonatales y a 15 mil personas diagnosticadas con VIH, agrega el documento.

Por lo que hace al gasto para enfermedades crónicas, el estudio señala que la disminución fue de dos mil 73 millones de pesos respecto a lo ejercido en 2018, con impacto en el número de casos atendidos de este tipo y de alta especialidad.

Considera que la reorientación del gasto en 2020 para atender la emergencia de la pandemia de Covid-19 redujo 36.9 por ciento el presupuesto del instituto y podría condicionar aún más la atención de enfermedades de alta especialidad.

  • En el año 2000, 55.6 millones de personas no contaban con afiliación a alguna institución de seguridad social y para 2018 la cifra se redujo a 22.4 millones de personas sin acceso a los servicios públicos de salud, según datos del Inegi.
  • Con la creación del Insabi se estimó que para 2024 el número de personas sin afiliación al sistema público bajaría a 11.8 millones, según la proyección del Diario Oficial de la Federación, señaló la organización civil.

Pero el estudio advierte que el presupuesto no ha crecido hasta ahora de manera proporcional a la incorporación de más mexicanos al servicio de salud.

“Continuar incrementando el número de personas afiliadas sin aumentar los recursos económicos disponibles limita los resultados que pudieran alcanzarse en materia de cobertura universal y atención efectiva”, establece el CIEP.

Una consecuencia directa de esa reducción en el gasto es el incremento en el número de personas que para obtener medicinas o servicios de salud debe pagarlo de su bolsillo.

Tan sólo de 2014 a 2018, a nivel nacional se estima que cuatro millones de personas más ejercieron gasto de bolsillo, agrega el estudio.

  • Al crear el Insabi, el gobierno de la Cuatroté fusionó tres rubros presupuestales, pero debido a los recortes en los últimos años de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto el presupuesto para la población sin seguridad social pasó de 31.8 por ciento del gasto total en salud en 2017 a 28.6 por ciento en 2021 con el Insabi, lo que representó la menor proporción desde 2016.

Además, señala el estudio, en 2021 el presupuesto del Insabi es 5.6 por ciento menor a lo ejercido por el Seguro Popular en 2017, cuando cubría solamente a 53.5 millones, en tanto, la población objetivo para 2021 es de 68.1 millones de personas./Agencias-PUNTOporPUNTO

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