La presencia de los cárteles del narcotráfico en vastas regiones del país es tal que las nuevas autoridades estatales y municipales que surjan de las votaciones de este domingo 6 no podrán soslayar un hecho: la gobernabilidad en sus respectivos territorios transita por la criba del crimen organizado.
- Así lo advierten analistas consultados por Proceso, algunos de los cuales van más allá: no sólo ven a estas organizaciones como un factor de poder, sino que consideran que algunas entidades –como Jalisco– son ya “narcoestados”.
Las cifras de los políticos asesinados son indicativas: 89, de los cuales 35 eran precandidatos o candidatos. De estos últimos, 30 aspiraban a algún cargo municipal, el primer eslabón donde el crimen organizado busca influir imponiendo directores de la policía, de obras e infraestructura y de “alcoholes” (los que emiten registros para giros negros y casinos).
- Los analistas consultados coinciden en que el tema de seguridad y la presencia del crimen organizado en los 15 estados donde se renovaron las gubernaturas y 20 mil cargos locales –entre síndicos, presidentes municipales, regidores y diputados locales–, será el primer desafío.
- Los casos más impactantes de candidatos asesinados –pues se grabaron en el momento en que se cometía el crimen o cuando estaban cubiertos de sangre sobre el asfalto– fueron los de Alma Barragán, de Movimiento Ciudadano (MC) para la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, zona controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación; y el asesinato de Abel Murrieta, aspirante del mismo partido al gobierno de Cajeme, Sonora, área controlada por Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa y de la rama lidereada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
El partido con más políticos muertos fue Morena con 11, seguido por PAN con seis, PRI con cinco, MC con cuatro, PRD con tres, PVEM con dos y Fuerza por México y Redes Sociales Progresista, con uno cada uno, más otro independiente.
- Los estados con mayor número de candidatos asesinados fueron: Veracruz, ocho; Oaxaca, cuatro; Jalisco, Michoacán y Guanajuato, tres cada uno; Guerrero, Morelos y Quintana Roo, dos cada uno; mientras que Chiapas, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua registraron cada uno un deceso.
La lucha entre los cárteles por el control de plazas y el intento de cooptación por parte del crimen organizado serán dos retos que enfrentarán las nuevas autoridades locales. No es casualidad que los 30 asesinatos se centraron en cargos del primer nivel de gobierno: el municipio.
- En un recuento y análisis elaborado por los corresponsales de Proceso sobre la presencia de grupos criminales en los 15 estados donde se renovaron gubernaturas y ayuntamientos, los cárteles de mayor presencia son: Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima (SRL), Los Zetas y Cártel de Sinaloa; con menor influencia: el Cartel del Golfo (CDG). Además de varios grupos con presencia local como Los Rojos en Morelos y Guerrero; o el grupo Sombra, una escisión del CDG en Veracruz; o el grupo del Bukanans, exjefe de la policía de Maltrata, Veracruz, quien se asentó en Puebla, en la llamada zona del Triángulo Rojo, lugar de intenso robo de combustible.
Esos grupos están registrados en reportes de agencias gubernamentales nacionales e internacionales; entre ellas, la DEA de Estados Unidos, la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y la entidad privada de análisis Crisis Group. También en reportes de inteligencia del Ejército, de la Marina y del gobierno federal, entre éstos, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que las autoridades federales presentaron en septiembre pasado.
Estados con elección sufren por la violencia
Este domingo se espera una participación electoral superior a la de anteriores comicios intermedios; por el contrario, podrían registrarse algunos actos de violencia y producirse descalificaciones del proceso. En seis de los estados donde se escogerá gobernador hay un riesgo alto de conflictos poselectorales, estima Integralia Consultores.
- En su reporte previo a la jornada electoral del próximo domingo, Integralia Consultores presenta una serie de consideraciones acerca de las fortalezas y los riesgos de ese proceso. Entre los primeros destaca que la participación electoral podría ser de entre 50 y 55 por ciento, mayor al 45 por ciento promedio de elecciones intermedias anteriores; gran respuesta de los ciudadanos que serán funcionarios de casilla; amplia presentcia de representantes de los partidos en las casillas, además de buenos protocolos sanitarios.
Por el contrario, los riesgos son varios, y uno de los más destacados antes, durante y después de la jornada electoral es la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de declaraciones para influir en la orientación del voto, y después para intentar cuestionar y desacreditar el proceso electoral con acusaciones de fraude.
- En la jornada electoral, los problemas que detecta Integralia Consultores son problemas por el uso de cubrebocas en las casillas, aglomeraciones, controversias entre funcionarios y representantes de casilla durante el conteo de votos y dificultades en el traslado de los paquetes electorales a los comités distritales. En estos, después podría haber tomas y bloqueos para obstaculizar el recuento oficial de los sufragios.
- Especial preocupación general las probables actitudes de partidos y candidatos tras la jornada electoral por sus anuncios anticipados de triunfos, que en muchos casos incluso podrían declarar como “irreversibles”, sin esperar los conteos rápidos de las autoridades electorales. También partidos y candidatos podrían descalificar los comicios y anunciar movilizaciones por ello.
Al tomar en consideración la escasa distancia entre candidatos ganadores y perdedores, el perfil de los candidatos y los antecedentes de movilizaciones sociales, en seis de las entidades de la República donde habrá elecciones de gobernador hay riesgo alto de conflictos poselectorales. Ellos son: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí y Campeche.
Con riesgo medio Integralia Consultores sitúa a cuatro estados: Sinaloa, Zacatecas, Colima y Querétaro.
Otro aspecto importantes de la conflictividad electoral pueden ser los litigios a que da lugar el proceso electoral, que pueden ser por la intervención indebida del presidente (ya señalada y sancionada tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), rebase de los topes de gastos de campaña y el financiamiento ilegal. Además, se señala en el documento la saturación de asuntos pendientes y que pueden llegar a estarlo en los tribunales.
Integralia Consultores destaca que el actual es el segundo proceso electoral más violento en México desde 2000, con 91 políticos asesinados, sólo por debajo del de 2017-2018, cuando hubo 152./Agencias-PUNTOporPUNTO
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