El ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, usó el proceso de desaparición de la Policía Federal que dio paso a la Guardia Nacional, para crear un fondo de más de un billón de pesos.
Para la gestión de recursos, el ahora abanderado de Morena al gobierno de Sonora, habría echado mano de uno de sus principales operadores, Elliot Romero Grijalva, titular de la unidad de transición.
La dependencia contrató con despachos de abogados y litigantes particulares para “presionar” a los efectivos de la PF y firmar su liquidación.
Las cartas de liquidación obligaban a los policías federales a entregar un porcentaje a los litigantes de entre el 11 y el 30 por ciento de su pago.
Asimismo, litigantes que participaron con la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana revelaron a Milenio, que a su vez ellos estaban obligados a entregar un porcentaje a Romero Grijalva, titular de la unidad de transición.
Policías Federales que participaron en este proceso estimaron que el promedio de antigüedad de los efectivos era de 11.7 años, con lo que podrían alcanzar una indemnización de 648 mil pesos.
Existe una base de datos de 9 mil 913 PF indemnizados, de los cuales, 5 mil 767 ocuparon la representación legal ofertada por la dependencia que encabezaba Alfonso Durazo.
Con el cruce de la base de datos y de los efectivos que usaron los servicios de los litigantes contratados por la secretaría, cada policía habría cedido 194 mil pesos, lo que da un total de 1 billón 118 mil 798 millones de pesos.
Entre los abogados que participaron con los funcionarios de Durazo están: Nayeli Martínez Ortega, Raúl Carmona Jaime, Enrique Carpizo Aguilar, Norma Jazmín Hernández Catalán, Iván Emmanuel Chávez Espejel, entre otros.
Litigantes consultados revelaron que el propio Romero Grijalva era el encargado de “pasar la charola” para cobrar la comisión por las indemnizaciones.
Agregaron que Jorge Carpizo Aguilar ayudó en el proceso de liquidación de 4 mil 500 elementos; la asociación Ciudadanos Uniformados de Iván Manuel Chávez Espejel, a mil 50; Nayeli Martínez a mil 150 y el Movimiento de Policías con Dignidad Valor y Justicia a 350. Mientras que 3 mil 800 más lo hicieron directamente con abogados de Romero Grijalva que también les habría cobrado una comisión.
Se consultó con las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, si los recursos les habían sido reportados, a lo que respondieron que “desconocen” el destino final de los mismos.
Los mismos litigantes, afirman, que el dinero tenía como propósito la campaña a la gubernatura de Durazo.
La Auditoría detectó también deficiencias en el manejo presupuestal y en el ejercicio de los recursos destinados para atender las necesidades de seguridad nacional relativas a las actividades realizadas a nombre de la GN, ya que “se efectuaron pagos por 15 mil 817.8 miles de pesos (15.8 millones) por concepto de la compensación de 5 mil 576 elementos asignados sin que se presentara la evidencia de la dispersión de recursos realizada a las cuentas de los beneficiarios, y no se acreditó que se realizó el pago de la compensación a mil 384 elementos asignados por 2 mil 546 miles de pesos (2.5 millones)”.
Otra inconsistencia fueron los pagos en demasía a 26 elementos por 53 mil 200 pesos, sin acreditar que fueron recuperados y reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Aún en operaciones, la Auditoría halló en la Policía Federal deficiencias en la adjudicación, contratación, operación, comprobación y supervisión de los recursos ejercidos en diversas partidas, específicamente en pago de servicios.
“Del servicio de mantenimiento de aeronaves no se proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación de 254.4 miles pesos (254 mil 400) derivado de las diferencias cambiarias generadas a favor”.
“La Policía Federal, al amparo de un contrato y un convenio modificatorio realizó el pago de servicios de hospedaje y alimentación por concepto de tarifas extraordinarias por 10,761.1 miles de pesos (10.7 millones) sin que se justificaran dichas tarifas, y también pagó 504.0 miles de pesos (504 mil ) sin proporcionar la evidencia que acredite la prestación del servicio; de otro contrato se realizó el pago de 504.7 miles de pesos (504 mil 700) por concepto de hospedaje y alimentación, de lo cual no se acreditó la prestación de los servicios; además, se realizaron pagos por 46.9 miles de pesos (46 mil 900) por concepto de tarifas extraordinarias sin contar con la justificación correspondiente”.
“De la extinción de la PF, se determinaron inconsistencias en las liquidaciones efectuadas a los elementos de la extinta Policía Federal, toda vez que se pagaron 15,634.1 miles de pesos (15.6 millones) por concepto de nóminas extraordinarias con cargo a la partida presupuestal 15202 ‘Pago de liquidaciones’, por lo que dicho monto fue reintegrado a la Tesorería de la Federación; además, se realizaron pagos en demasía por 472.2 miles de pesos (472 mil 200) a cuatro elementos respecto del monto calculado en el concepto de pensión alimenticia adicional a lo ya incluido”.
Así, por concepto de “Erogaciones por Servicios de la Policía Federal”, se pidió aclarar 12 millones 71 mil 75 pesos; por la extinción de la PF, 472 mil 185 pesos; mientras que por la instrumentación de la GN, se solicitó la aclaración de 18 millones 364 mil 702 pesos.
En otro rubro: Servicio de Protección Federal, la Auditoría detectó que hubo faltantes de documentación diversa, la cual debía acreditar el cumplimiento de requisitos de ingreso y permanencia de elementos adscritos; y que la contratación directa de servicios de suministro de combustible, arrendamiento de vehículos y servicio integral de hospedaje y alimentación se fundó y motivó en la existencia de casos fortuitos o de fuerza mayor, circunstancias que finalmente no se acreditaron.
“En la adjudicación de un contrato abierto para el servicio integral de hospedaje y alimentación para el personal del SPF, no establecieron los mismos requisitos y condiciones para todas las empresas cotizadas, debido a que se realizó una solicitud a la empresa que resultó adjudicada con ocho días posteriores a las solicitudes realizadas a los demás participantes.
Además, no se acreditó con la evidencia correspondiente de que se prestaron los servicios pagados por un monto de 63,239.6 miles de pesos (63.2 millones)”.
APUNTES FIDEDIGNOS
En los próximos días, la alcaldia Iztacalco podría pintarse completamente de azul si el candidato panista a la titularidad de la demarcación, Daniel Ordóñez Hernández derrota a sus contrincantes Armando Quintero Martínez, de Morena; Fabiola Bautista, de la coalición PRD-PRI y Pablo Raúl Moreno, independiente.
Al momento, las preferencias electorales se inclinan en favor de Ordóñez toda vez que existe un hartazgo generalizado por la reelección de Quintero, así como por la presencia de la “familia imperial” (Carlos Estrada-Elizabeth Mateos) a través de su abanderada Fabiola Bautista.
Y mientras tanto, el independiente Pablo Raúl Moreno Carrión, ni siquiera figura en las encuestas debido a que su candidatura nació débil y fenecerá de la misma forma.
Este panorama por supuesto que pone el camino libre a Ordóñez, quien va con todo para sacar a Quintero de Iztacalco junto con sus funcionarios corruptos. Seguiremos informando!!!!!!
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