Por segunda ocasión, México incumplió el plazo que se había establecido para certificar que los policías de todos los niveles desplegados en el país cuentan con el perfil, las habilidades y conocimientos para hacer ese trabajo. Más del 40 por ciento de los agentes siguen hoy sin esta evaluación que, en el papel, es una obligación legal desde hace cuatro años y medio.
- En julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad había aprobado la última prórroga de 18 meses para que los estados y la federación consiguieran certificar a sus policías, luego de que el periodo original de tres años establecido para ello resultara insuficiente.
Dicha prórroga, que comenzó a correr el 10 de septiembre de 2019, venció el día de ayer pero, como prueban datos oficiales a los que Animal Político tuvo acceso a través de una solicitud de transparencia, el compromiso se ha incumplido nuevamente.
- La información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arroja que, a nivel estatal, de los 305 mil 231 policías estatales, municipales y adscritos a las Fiscalías, 164 mil 534 cuentan con dicha certificación denominada Certificado Único Policial (CUP).
En proporción, significa que el 54 por ciento de los agentes ya cuenta con el CUP, mientras que un 46 por ciento no lo tienen y, de acuerdo con lo que la ley marca, no podrían seguir desempeñándose como policías.
- Si se desglosa por el tipo de corporación, el mayor rezago se advierte en las policías ministeriales adscritas a las fiscalías estatales. De sus 40 mil 290 elementos en total, solo 4 mil 944 cuentan con el CUP, que equivale a solo el 37.1 por ciento. En tanto, de los 131 mil 606 policías municipales en el país hay 73 mil 171 con CUP, que son 55.6 por ciento.
En cuanto a las policías estatales, del estado de fuerza reportado hasta febrero de 133 mil 335 elementos, un total de 76 mil 419 elementos están certificados, que equivalen al 57.3 por ciento.
- Querétaro es la única de las 32 entidades federativas que ha cumplido al cien por ciento con la certificación de todos sus agentes estatales, municipales y ministeriales. Le siguen tres estados que se ubican entre un 80 y 90 por ciento de policías con el CUP: Campeche. Coahuila y Durango.
El resto de los estados se ubican en niveles por debajo del 80 por ciento. Guerrero es el estado mas rezagado de todos con 2 mil 118 policías certificados de los 8 mil 28 con los que cuenta, que significa un promedio de apenas 26.4 por ciento. Dicho de otra forma, solo la cuarta parte de los policías de Guerrero están calificados como aptos para desempeñarse como tales.
A Guerrero le sigue Baja California Sur en donde solo 834 policías de los 2 mil 719, que equivalen al 30.7 por ciento, cuentan con el CUP.
- Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas e Hidalgo son las otras entidades en donde el porcentaje de policías certificados no supera el 40 por ciento del total.
- La Ciudad de México, por su parte, reportó que ha conseguido certificar a 21 mil 23 policías preventivos que equivalen al 56 por ciento de todos sus policías. Es decir, poco más de la mitad de ellos. La cifra es mayor a los 15 mil 651 policías certificados según el SESNSP.
Aunque está lejos de legar al cien por ciento, la Secretaria de Seguridad Ciudadana capitalina dijo a Animal Político que en el actual sexenio se ha implementado una estrategia para agilizar la certificación, luego de que en 2018 se recibiera un grave rezago con apenas 4 mil policías evaluados. Estimó que al cierre de este año podría terminar la certificación de todos sus agentes.
Y a nivel federal… peor
Las corporaciones federales de policía están aún más atrasadas en la certificación de sus elementos que las estatales.
- Por ejemplo, de los 5 mil 352 agentes de investigación con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR), solo 654 tienen su Certificado Único Policial. Esto representa apenas un 12.2 por ciento del total del estado de fuerza de dicha institución.
Aún peor es el balance de la Guardia Nacional (GN) que este sexenio sustituyó a la Policía Federal. De un estado de fuerza de 88 mil 188 elementos en activo con los que contaban al cierre del año pasado, solo 8 mil 75 cuentan con dicho certificado. Es apenas el 9.6 por ciento de sus elementos.
- Cabe recordar que la Guardia Nacional se ha ido conformando con expolicías federales – entre los que se ubican los que tienen el CUP – pero sobretodo con elementos de las fuerzas armadas reclutados por las secretarías de la Defensa y Marina. Un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que se trata de militares que carecen, incluso, de la formación básica para ser policía.
La ley que dio pie a la creación de la Guardia Nacional estableció un plazo especial de dos años a esta corporación para cumplir con la certificación de sus elementos. Dicho periodo vence el próximo 27 de mayo.
Omisiones, pandemia… y corrupción
El 9 de septiembre de 2016 el Consejo Nacional de Seguridad aprobó los lineamientos para la emisión del CUP. El objetivo de era cumplir con la obligación constitucional que establece que en México todos los policías deben contar con una certificación que avale que tienen el perfil y la preparación para desempeñar esta función clave en la seguridad del país.
- Se definió al CUP como un requisito obligatorio para poder ingresar a una fuerza policial y que, para obtenerlo, el aspirante debía superar cuatro tipo de evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza.
Los lineamientos aprobados en 2016 establecieron un periodo de tres años para que todas las corporaciones policiales del país depuraran sus filas, certificando a los elementos aptos y dando de baja a los que no lo fueran.
- Sin embargo, para julio de 2019, a unas semanas de que venciera dicho plazo, menos del 30 por ciento de los agentes habían sido certificados. Ante ese escenario, el consejo nacional de Seguridad sesionó y autorizó una prórroga de 18 meses más para que se terminara el proceso. Como ya se describió, pese a que la cifra de policías certificados se duplicó en este lapso, no se logró llegar a la meta.
Mayra Hernández, experta en temas de seguridad pública y formación policial, advirtió que el fracaso del país en la certificación de sus policías es resultado de una combinación varios factores que van, desde los pocos recursos que se han destinado para ello, hasta problemas de corrupción.
Por principio de cuentas, señala que la capacitación de los policías nunca ha sido una prioridad presupuestal. En 2020, por ejemplo, de dos fondos federales que se entregaban a estados y municipios para acciones de seguridad, menos del 20 por ciento se etiquetaba para estos rubros. En cambio, se prefiere gastar en adquisición de equipos y materiales-
A ellos se suma que no ha habido una estrategia consistente de certificación. Incluso, pese a que la reforma de la Guardia Nacional obligaba a las entidades a acelerar la profesionalización de sus policías y reportar periódicamente su progreso, en los hechos esto se ha traducido en la presentación de informes con datos imprecisos o malhechos que nadie realmente revisa.
Y luego viene la corrupción. Ante el temor de perder su trabajo por no contar con el CUP, muchos policías han tenido que pagar a sus mandos para tener acceso a las evaluaciones.
“Policías que ganan 10 mil pesos mensuales han tenido que pagar hasta 55 mil para ser evaluados. Aquí habrá que ponerle lupa, para que la ausencia de CUP no termine siendo un negocio con cargo a las policías”, indicó la especialista.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana añadió que la pandemia sanitaria por el COVID-19 también ha traído algunas complicaciones. Dijo, por ejemplo, que cuenta con casi 4 mil 500 elementos que por distintas circunstancias son población vulnerable y, por lo tanto, no se les puede exponer ahora a las pruebas.
En este contexto y ante la falta de cumplimiento en la certificación, Hernández consideró que el Consejo Nacional de Seguridad debe sesionar de forma extraordinaria para aprobar una nueva prórroga – la tercera ya – para certificar a sus elementos. Esto con el objetivo de no dejar en situación de ilegalidad a los policías que no cuentan con el cup.
“Pero tiene que ser una prórroga con mayor corresponsabilidad. Que estados y municipios informen puntualmente cada mes sobre avances y cumplimiento para cumplir máximo en 1 año con la CUP. Y que también se imponga una corresponsabilidad financiera para que no haya pretextos y, por ejemplo, se asigne el 50 por ciento del Fortamun (fondo federal a municipios) para que las policías cumplan con el CUP”, dijo la especialista.
Autoridades federales consultadas por Animal Político señalaron que es altamente probable que se apruebe una prórroga para la certificación en esta misma semana.
Ejército, GN y FGR, instituciones con más violaciones a los DH
Durante 2020, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército recibieron casi la misma cantidad de acusaciones por presuntamente violar derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
- Entre enero y diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 359 quejas por supuestas vulneraciones cometidas por elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que otras 350 fueron por actos en los que habrían participado oficiales de la GN. - El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH revela que a excepción de Yucatán, la Guardia Nacional (GN) fue acusada en todos los estados por incurrir en presuntas violaciones a derechos humanos. En el caso del Ejército, fueron 29 entidades donde se le señaló por la misma situación.
- La Ciudad de México, con 37 querellas, es la entidad donde más señalamientos recibió la institución a cargo del comandante Luis Rodríguez Bucio. Le siguió el Estado de México, con 35 denuncias; Chihuahua y Guanajuato, 27; Chiapas, 22; Oaxaca, 19; Baja California, 14; Michoacán y Puebla, 13, y Quintana Roo y Veracruz, con 12 cada una.
Las presuntas vulneraciones cometidas por la Guardia Nacional son diversas, pero entre las que destacan están las detenciones arbitrarias, emplear indebidamente la fuerza pública, intimidación, impedir el acceso a la justicia, retención ilegal, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, desaparición forzada y omitir brindar protección a quien lo necesita.
Otras acusaciones son por prestar indebidamente el servicio público, incomunicación, apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento, transgresión de los derechos de los migrantes y adultos mayores, e irregularidades durante cateos, entre otros.
- Según las cifras de la CNDH, la GN concluyó 2020 en la octava posición del top 10 de instituciones que más violaciones a derechos humanos cometen, superando a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta última no pertenece a una corporación de seguridad.
Un lugar por delante, en la séptima posición, se encuentra el Ejército, que desde 2014 ha ocupado los primeros puestos en vulneración de garantías.
Falta de preparación y sanciones
Especialistas en seguridad y derechos humanos lamentaron que los números de la Guardia Nacional sean muy parecidos a los del Ejército en este rubro, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que las instituciones del Estado Mayor mexicano, especialmente las dedicadas a la seguridad, ya no cometerían abusos.
- María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, consideró que las irregularidades en el actuar de la GN se deben a que esta institución está conformada principalmente por elementos del Ejército y la Marina, dependencias señaladas por carecer de preparación en materia de derechos humanos.
“Una cosa es el discurso político y otra es la realidad que vive el país, desgraciadamente los militares, aunque les hayan cambiado de nombre y ahora sean guardias nacionales, no dejan de ser militares y su misión es distinta a la de una policía, y su preparación también, entonces, la consecuencia en materia de derechos humanos es esto [las acusaciones en la CNDH], y en tranquilidad significa que no tenemos más seguridad”, aseveró Morera.
Agregó que no se puede responsabilizar únicamente a los elementos de seguridad por las vulneraciones, sino que parte del problema han sido los funcionarios que sacaron a las Fuerzas Armadas a la calle sin un curso práctico de uso de la fuerza, manejo de armas de fuego o proximidad policial.
“Los militares son más disciplinados y espero que este año la Guardia Nacional pueda estar mucho mejor preparada, por lo menos en el uso de la fuerza y derechos humanos, aunque parece que no les importa [a los funcionarios]”, expresó la presidenta de Causa en Común./Agencias-PUNTOporPUNTO
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