México llegará a una capacidad instalada de 7,800 megawatts eólicos al cierre del 2021, lo que implicará un incremento anual de 9%, con un aumento máximo de 700 megawatts que entrarán en operación a lo largo del año. Sin embargo, esto será todo el incremento esperado a lo largo de la presente administración, dadas las condiciones de incertidumbre jurídica, como un total de 400 amparos en proceso contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y falta de robustez en la red de transmisión nacional.
- Así lo expuso Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) durante la presentación del Congreso Digital México Windpower 2021, que el 26 y 27 de mayo cumplirá 10 años de celebrarse en el país.
Desde la primera emisión de este congreso en el país, el aumento en la capacidad instalada eólica ha sido de prácticamente cero a 7,154 megawatts al cierre del 2020, con 68 parques instalados y en operación en 14 entidades del país, explicó el empresario. En ese lapso se han reducido en 70% los costos de generación de esta tecnología y hoy se generan 16,000 empleos directos relacionados con esta industria.
Sin embargo, en juzgados especializados en competencia se analizan el día de hoy un total de 400 amparos por parte de distintas empresas que argumentaron violación a derechos adquiridos luego de la modificación del poder ejecutivo aprobada por el Congreso para cambiar el orden de prelación de despacho privilegiando la generación de la Comisión Federal de Electricidad. Además, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso también ante la Suprema Corte su controversia constitucional por la invasión de sus facultades que representarían los cambios a este ordenamiento.
- “Hay dos cosas importantes que no podemos perder de vista: no en todo el país se genera la misma cantidad de energía por tecnología, la eólica tiene puntos específicos con un alto potencial, pero se necesita una red robusta que permita transportarla, además de que las inversiones se paralizan si no hay certidumbre jurídica y reglas claras a lo largo del tiempo”, dijo el empresario.
Rodríguez Olivé explicó que aunque se encuentran suspendidos los ordenamientos de la reforma, los inversionistas analizan las posibilidades de llegar al país, dado que no existen sentencias que anulen definitivamente las modificaciones, mientras que la presente administración continúa emitiendo ordenamientos que afectan la inversión privada, como la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
- Por lo pronto, la instalación de parques eólicos contratados a largo plazo por la CFE dentro de las tres subastas de la administración pasada lleva un avance de 85% y únicamente falta un megaproyecto que se mantiene en el trámite de consulta libre e informada a los pueblos indígenas de la región.
Los 700 megawatts que entrarán en operación en 2021 prácticamente ya están construidos y forman parte de la contratación de estas subastas por lo que sólo están en espera de pruebas para interconexión y arranque de operaciones.
Hasta el momento, en México se han invertido 13,000 millones de dólares en la capacidad eólica actual, que representa el 7% de la instalación eléctrica nacional. Al concluir la administración pasada, y dado el potencial del viento en regiones como Tamaulipas y Oaxaca, entre otros, se esperaba llegar a 20% de la capacidad instalada al 2024, pero los arreglos que se obtuvieron como exceso de socios de autoabasto o exención del pago de transmisión por considerarse energía renovable, han llevado a que la CFE tenga pérdidas al otorgar apoyos a privados que invierten en el sector, lo que ha provocado los desacuerdos y las modificaciones legales que hoy se desahogan en el poder judicial./EL ECONOMISTA-PUNTOPORPUNTO
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