La Guardia Nacional está por cumplir dos años y es muy difícil definir y delimitar las funciones que desempeña, ya que cambian según el estado e incluso el municipio en el que actúa.
“Creo que ese es uno de los puntos clave, que es alarmante además, ya que vamos a cumplir en junio dos años del despliegue en campo de la Guardia Nacional y sigue sin identificarse si verdaderamente la presencia de este cuerpo de seguridad, su formación y su equipamiento son un elemento crucial para considerar que está incidiendo en la capacidad operativa técnica y táctica de los grupos de la delincuencia organizada”, explica Keyla Vargas, directora de proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
La Guardia Nacional se ha involucrado en asuntos de seguridad pública y realizado labores relacionadas con esta pandemia por COVID-19, por lo que no se ve que se prepare una vuelta a los cuarteles, ya que en principio se hablaba de que estaría solo en este sexenio en colaboración con las localidades y estados.
La desaparición de fondos como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), dan cuenta de que se ha desdeñado el entrenamiento y capacitación de las policías locales.
Uno de los ejemplos más notorios de esta falta de claridad en la participación de esta fuerza armada es el caso de Ovidio Guzmán, quien fue detenido y posteriormente liberado en Culiacán, Sinaloa, luego de una serie de balaceras.
“Más allá de toda la controversia que hubo, dejó en claro que no podía identificarse cuál era el papel de la Guardia Nacional en su interrelación con el Ejército y con los cuerpos de seguridad estatales”, explica Keyla Vargas.
Si bien el Gobierno federal ha dicho que hay situaciones en donde se nota la incidencia de la Guardia Nacional, la especialista considera que no hay elementos para saber qué tanto beneficia su participación a cada estado.
Para Fabiola Nava León, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de Casede, la participación de la Guardia Nacional obedece más a un hecho coyuntural que a alguna otra cuestión más coordinada y efectiva planteada en términos estratégicos.
“La creación de la Guardia Nacional estuvo vinculada con las labores de seguridad pública. Qué tan eficaz y eficiente esté siendo esta medida, es cuestionable, hasta el momento no hay ningún hallazgo sobresaliente que indique que efectivamente la participación de la Guardia Nacional en estas labores de seguridad pública sean realmente eficaces al momento de atender problemas de esta índole”, afirma Fabiola Nava.
La falta de coordinación entre las propias autoridades civiles ha resultado en la utilización de la Guardia Nacional para labores como el resguardo de las vacunas para el COVID-19.
“En el contexto de la pandemia es evidente que había un vacío respecto a estas cuestiones que necesitaba ser subsanado de diferente manera. La falta de coordinación entre la Policía federal y las estatales y municipales también coadyuvó a que entrara la Guardia Nacional para proteger las vacunas o para ir a cerrar negocios que no estaban acatando las medidas de restricción dadas las condiciones de pandemia”, explica la experta de Casede.
Falta de coordinación
El informe de Casede sobre la Guardia Nacional refiere que se ha optado en los estados por recurrir a las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad pero se ha ocasionado descoordinación en términos operativos y desconfianza entre cuerpos de seguridad.
“La Guardia Nacional tiene la facultad de investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente, para esta dimensión se consideran los casos en los que actuó en coordinación con los ministerios públicos locales. Las tareas de investigación que puede realizar la Guardia Nacional a nivel estatal incluyen atención de delitos en flagrancia, procesamiento del lugar de los hechos como primer respondiente, recibir denuncias y realizar detenciones, así como realizar intervención de comunicaciones”, detalla.
GN entre las instituciones con más quejas por actos contra derechos humanos
Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años y quien era tramitador aduanero, recibió un disparo el pasado 8 de abril mientras manejaba una camioneta pickup azul en el centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La bala que lo impactó procedía del arma de un elemento de la Guardia Nacional y le ocasionó la muerte.
- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) recabó testimonios que revelan que a Jorge Alberto «personal militar (le) sembró municiones, drogas y aparatos de comunicación, en un intento por justificar su ilegal actuación». Por esta razón, el organismo formalizó su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que desde noviembre de 2019 encabeza Rosario Piedra Ibarra.
- Este caso dista de ser el único que se ha derivado en una queja contra la Guardia Nacional presentada ante la CNDH por posibles violaciones a los derechos humanos.
Desde su creación, este cuerpo de seguridad constituido en el actual sexenio —gracias a una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador— acumula 424 quejas en esta materia, y tanto en 2020 como en 2021 se ha ubicado en el top ten de las instituciones a las que la ciudadanía atribuye más abusos.
- El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos reportó que en 2020 la Guardia Nacional ocupó el octavo lugar en este terreno, con 350 quejas, y en lo que va de este año se ubica en el sexto, con 74. Arriba de ella en las primeras cinco posiciones están el IMSS, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Bienestar, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el ISSSTE.
En promedio, desde su creación a mediados de 2019, cada mes se han presentado 20 quejas contra la Guardia Nacional por posibles violaciones a los derechos humanos.
A pesar de las críticas que este nuevo cuerpo ha recibido, el presidente López Obrador ha defendido el actuar de la Guardia Nacional y ha asegurado que no viola derechos humanos.
«Todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos, estoy pendiente… Si hay constancia de violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, pues entonces rectificamos, pero si no es así, ¿por qué? ¿Solo por lo ideológico? No», dijo en su conferencia de prensa del 14 de mayo de 2020.
- La directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, advirtió que lo grave de las violaciones de la Guardia Nacional, integrada principalmente por elementos de las Fuerzas Armadas, es que suelen quedarse sin sanción.
- «Lo más grave no es solo que las cometan, sino que tienen la excepcionalidad de guardar un grado de impunidad que es incluso mayor que para las autoridades civiles, porque pueden clasificar la información, porque (sus elementos) pueden no ser sancionados ante la justicia civil, porque gozan de protección política e institucional», afirmó.
- Entre las violaciones que se han atribuido a la Guardia Nacional destacan actos de tortura, trato cruel e inhumano, detenciones arbitrarias, empleo de la fuerza pública de forma desproporcionada, intimidación, apropiación de bienes inmuebles y retención ilegal.
«Es un problema estructural, en el que no importa quién sea el líder supremo… Históricamente la estructura está podrida, históricamente esta estructura ha cometido violaciones a los derechos humanos, y con lo único que se está tratando de paliar es dando cursos, lo que es insuficiente», consideró la activista Ixchel Cisneros.
Si bien el presidente López Obrador asegura que en su gobierno ha disminuido el índice de letalidad —que se refiere a la proporción de civiles fallecidos y heridos en actos de las fuerzas de seguridad—, Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, tiene otros datos. Contrario a lo que sostiene el mandatario, la especialista afirma que en 2019 y 2020 ese índice subió. Tan solo el año pasado, en los 260 enfrentamientos en los que estuvieron involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, 237 civiles y seis militares murieron.
«Son instituciones hechas para la guerra y no para garantizar la seguridad ciudadanía, no para garantizar la seguridad pública», señaló.
En violaciones también hay una cifra negra
Lucía Chávez, subdirectora de Análisis y Estrategia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que varias de las violaciones a los derechos humanos son cometidas contra migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, pero no todas son denunciadas.
«Por desgracia, no todos los casos llegan a conocimiento de la CNDH, hay una cifra negra», dijo Chávez.
- El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos reporta que Chihuahua es el estado donde más posibles violaciones a los derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional se han registrado en lo que va de 2021. Esa entidad del norte del país acumula 20 de las 74 quejas, es decir, el 27%.
- Chihuahua también es uno de los estados por los que más migrantes transitan rumbo a Estados Unidos, o bien, son repatriados.
Actualmente, el gobierno federal tiene desplegados a cuando menos 8,715 elementos en los estados fronterizos del norte y del sur, como parte del Plan de Migración y Desarrollo.
Por lo pronto, no se prevé que la Guardia Nacional se retire de labores de control migratorio e incluso es probable que su presencia aumente, lo que abre la puerta a más detenciones de migrantes y más quejas por posibles violaciones a los derechos humanos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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