En México, el poder adquirido por el Ejército, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es ya tan grande que “no hace falta un golpe de Estado”, advierte la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
- El documento “México militarizado: una guerra perdida que no ha traído la paz”, señala al presidente Andrés Manuel López Obrador de profundizar la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad pública en el país.
De acuerdo con un análisis, WOLA advierte que la militarización en el país es tan profunda que no necesitaría un golpe de Estado pues el Ejército ya controla muchos ámbitos fuera de la seguridad pública.
El análisis refiere que pese a que en 2012 Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en caso de ser presidente, sacaría al Ejército de las calles, en 2019 creó Guardia Nacional (GN), una corporación federal de seguridad, que están a cargo de las tareas policiales federales. Así, las Fuerzas Armadas se encuentran en funciones de seguridad pública, vigilancia de instalaciones estratégicas, control de puertos y aduana e incluso en el control migratorio.
- WOLA señala que la militarización detonó en graves violaciones de derechos humanos. Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura a civiles, incluyendo a personas inocentes torturadas y posteriormente acusadas por delitos que no cometieron son delitos cometidas por el Ejército, la Marina, así como por otras fuerzas de seguridad de todos los niveles ampliamente documentados en los últimos años.
Según un análisis del World Justice Project basado en los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, el 88% de las personas detenidas por la Marina y el 85% de las personas detenidas por el Ejército de 2006-2016 reportaron tortura o malos tratos.
- Según la misma encuesta, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina, el 21% de las mujeres detenidas por el Ejército y el 10%-13% de las mujeres detenidas por las diferentes fuerzas policiales del país reportaron sufrir una violación sexual en el marco de la detención.
- A la luz de la violencia perpetrada por el Estado, sumada al fracaso de la militarización como estrategia contra la violencia que hay en México, un gran número de voces llevan sexenios exigiendo la desmilitarización y la transformación del modelo de seguridad.
“La desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado. Este mes cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, cumple dos años la Ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por López Obrador que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).”, señala WOLA.
“Con la seguridad en manos militares, y con las Fuerzas Armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar”, agrega.
- El análisis de Stephanie Brewerconcluye que “ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales; mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho.”
“…actualmente, preocupa que la apuesta del gobierno sea una creciente e indefinida dependencia de las fuerzas armadas.”, concluye.
La inclusión del Ejército en un consejo científico en México profundiza las críticas por la militarización
Asunto latente durante la actual Administración, la discusión sobre la militarización en México añade un nuevo capítulo a su historia. La Cámara de Diputados ha aprobado la inclusión de las Fuerzas Armadas en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, órgano que define las inversiones gubernamentales en la materia. A falta de que el Senado ratifique la decisión, la reforma abriría un nuevo carril entre la vida castrense y la pública, autopista de amplitud creciente.
- Aprobada por una amplia mayoría, que incluye a Morena, el PRI o el PAN, los cambios a la ley de ciencia que ha aprobado la Cámara de Diputados modifican la composición del consejo, para añadir a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval, y la Secretaría de Marina (Semar), el almirante José Rafael Ojeda.
La discusión sobre la reforma empezó en el año 2013, cuando el PRI contaba con mayoría en ambas cámaras y la militarización de la vida pública, si bien preocupaba, parecía acotada al ámbito de la seguridad pública. El Senado la votó en 2016 y apenas llamó la atención. La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle era entonces senadora y recuerda que votó a favor. Ahora, ya en la cámara baja, ha votado en contra. “Entonces no le di tanta importancia, o no le doy la importancia que le doy ahora, a la luz de las circunstancias”, explica.
- Las circunstancias de las que habla Tagle apuntan al papel creciente del Ejército y la Armada en la vida pública del país, no solo en temas de seguridad, sino en asuntos de obra pública y administración. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, las Fuerzas Armadas han devenido en una suerte de institución multiusos, que igual sirven de molde para el advenimiento de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, que de empresa constructora de obras emblemáticas del sexenio, como el Tren maya o la red de sucursales del Banco del Bienestar.
- “La lógica de integrar a las Fuerzas Armadas tenía sentido entonces, porque al final forman parte del subsistema de centros que hacen investigación en México: todas las instituciones de educación superior, universidades públicas, privadas, tecnológicas, etcétera”, explica Alma Maldonado, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN). “Por eso en el Senado votaron que sí”, añade. “Para mí no es suficiente justificación, porque al final las actividades de investigación que hacen no son tan relevantes. Y también por una cuestión de confianza. El consejo debería mantener el carácter civil”.
La diputada Tagle, una de los 14 legisladores que votaron en contra –frente a los 426 que dijeron que sí–, añade una preocupación: “Recientemente, Sedena accedió a recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para investigación. Ahora que formará parte del consejo, no dudo de que ellos tratarán de acceder más a estos fondos. El consejo es plural, porque hay muchas dependencias ahí, pero ellos, desde ese espacio, en esta administración, van a tener mayor peso”.
La nueva ley
La previsible inclusión de las Fuerzas Armadas en el consejo general ocurre además en medio de la discusión sobre la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. En diciembre, el Conacyt presentó un anteproyecto de ley precisamente en una reunión del consejo. El borrador prevé la creación de un nuevo “consejo de Estado”, encargado de elaborar una “agenda de Estado”, depositaria de los vectores de investigación prioritarios para el Estado.
Maldonado, que forma parte de Procienciamx, una red que agrupa a decenas de investigadores de diferentes instituciones y estados del país, señala que en la propuesta, el Consejo de Estado está integrado por los titulares de todas las secretarías, entre ellas Sedena y Semar. “Por eso es absurda esta reforma. No tiene sentido cambiar la ley ahorita, cuando viene el debate importante, que es la nueva ley general”.
En un comunicado divulgado en marzo, firmado por decenas de investigadores de todo el país, Procienciamx señalaba que el proyecto de ley que elaboró el Conacyt llega viciado de origen. Uno de los problemas, dice el comunicado, es la centralidad de los órganos cuya aparición prevé la ley, como el consejo de Estado. Estos órganos se apoyarán en instituciones federales, marginando, a su juicio, a órganos consultivos ajenos a la administración y a los gobiernos de los Estados.
Maldonado concluye que la reforma a la ley antigua es un aviso de lo que viene. “A mí me parece que esto es un adelanto de que los órganos de Gobierno que se perfilan en el anteproyecto de ley seguramente incorporarán también a las Fuerzas Armadas: el consejo de Estado, por ejemplo. Claro, yo no quiero que un militar forme parte de un consejo que perfile la agenda de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación”, zanja./Agencias-PUNTOporPUNTO
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