ONG´s y EMPRESARIOS, además de la OPOSICIÓN condenan reelección en Reforma JUDICIAL

Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, comentó que es “totalmente criticable” e “inconcebible” la aprobación de ese artículo en el Congreso, de la llamada Ley Záldívar.

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No solo “inconstitucional”, para partidos de oposición y organismos de la sociedad civil y empresariales, la aprobación en la Cámara de Diputados de la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar, al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), es una “atrocidad legislativa” y un “pésimo precedente” para la democracia en México.

  • Luego de que se aprobara durante la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), y que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamara a quienes no les parezca «a acudir a las instancias legales», partidos de oposición anunciaron su inconformidad y acciones al respecto.
  • El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, manifestó su “indignación y protesta” al respecto y aseguró que “es inadmisible y sienta un pésimo precedente para el país, para la vida democrática y para la vida constitucional”.

“Movimiento Ciudadano no se detendrá en presentar todos los recursos legales, por supuesto ante el tribunal constitucional en el país, pero si es necesario ante instancias internacionales correspondientes para detener este atraco constitucional a México, a las mexicanas y mexicanos”, dijo en un mensaje en redes sociales.

El político reiteró que la posición de MC posición frente al “respeto a la división de poderes” y han denunciado la pretensión del presidente de capturar el Poder Judicial, lo que –afirmó– no van a permitir.

A su vez, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, informó que interpondrán una Acción de Inconstitucionalidad junto con el Grupo Parlamentario del PRD y los aliados nacionales, a fin de que la Corte se pronuncie respecto a la aprobación de la reforma que le da mayores facultades y mayor tiempo del que señala la Constitución al ministro Arturo Zaldívar.

  • Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que es inaceptable que la Cámara de Diputados aprobara la que calificó como una “atrocidad legislativa” y exigió al ministro Arturo Zaldívar rechazarla ya que consideró hay una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y la sumisión de éste al Ejecutivo, encabezado por López Obrador.

“Hoy nosotros no vemos, como lo dijo el presidente Zaldívar, una Suprema Corte ni independiente ni vigorosa ni mucho menos autónoma. Está claro que el presidente López Obrador quiere tener control, injerencia y quiere mantener a su contentillo al presidente de la Corte que le resultó incómoda, esto es inaceptable en un país democrático”, sostuvo.

Cortés Mendoza señaló que el PAN espera que Zaldívar se excuse porque no puede ser juez y parte y que los ministros actúen con dignidad constitucional e insistió en que esto abre la puerta para que el Ejecutivo también pueda ampliar su mandato.

“Es una manzana envenenada, lo que hoy está haciendo el Legislativo por orden del Ejecutivo es ampliarle el periodo al presidente del Poder Judicial para que después no haya pretexto para no ampliarle el periodo al titular del Poder Ejecutivo”, señaló.

De acuerdo con estos grupos, el transitorio décimo tercero la ampliación los periodos de los encargos de quienes integran el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) viola el artículo 97 de la Constitución en el que se establece que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

  • Y el artículo 100 de la Constitución en el que se establece que “salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.”
  • La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que existe una “gravísima y contundente inconstitucionalidad” que pone en riesgo la autonomía de Poderes. “Esta aprobación de una ley que incumple lo establecido en la Carta Magna, mina la división e independencia de los Poderes en nuestro país”, alertó el organismo empresarial.

Durante la discusión en el Congreso, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, fue uno de los que más criticó esta propuesta. El legislador consideró que Zaldívar no “puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución” y aseguró que estaba obligado a desligarse del Ejecutivo que lo declara como “juez a modo”.

“Este es un momento de no retorno, o nos vamos de un lado o nos vamos del otro, o nos vamos hacia la democracia o nos vamos al autoritarismo”, sentenció en su participación que duró alrededor de una hora y 20 minutos.

Por su parte, el ministro Zaldívar señaló que existen los cauces constitucionales y las vías para defender lo que dice la Constitución, por lo que aseguró que será la SCJN la que decida si es constitucional o no este precepto, mientras que en un comunicado expresó que ejercerá el periodo por el que electo.

Previamente el presidente había reiterado su apoyo al presidente de la Corte y aseguró que él es quien puede encabezar la reforma al Poder Judicial, aunque para algunos especialistas, como el exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde, ya estará marcada por la ampliación de Zaldívar.

¿Valdrá el costo político?

Andrés Manuel López Obrador suele decir que la política es “decidir entre inconvenientes”. La frase nunca pudo ser mejor aplicada que ahora. A pesar de las críticas, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se quedará dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la premisa de que se encargará de una Reforma al Poder Judicial.

  • Pero los observadores dicen que esta decisión del Poder Legislativo (con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena), auspiciada por el Poder Ejecutivo (emanado de Morena), alimentará las críticas al Presidente por “acumular demasiado poder”, y tendrá un costo político que podría ser tan o más caro que someter esa Reforma a lo que decida la Suprema Corte, donde hay ministros que fueron propuestos por los últimos cuatro presidentes de México.

El Presidente pareció dejar claro que prefiere pagar el costo político de aumentarle dos años a Zaldívar, a quien ve como su aliado, que confiar a que el pleno del máximo tribunal del país decida si la reforma va. “Creo muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el Ministro Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”, dijo apenas hace unos días, el pasado 20 de abril en su conferencia matutina.

  • Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, admitió la noche del jueves en el programa de “Los Periodistas”, conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que la decisión se presta a un “golpeteo político” contra el Presidente, pero al mismo tiempo, dijo, él está acostumbrado y se mantiene “firme en sus ideas”: “los contrarios van a insistir en que esto es un experimento para la reelección del Presidente, pero López Obrador es antireeleccionista, es un hombre de palabra, y como ha dicho: cuando termine su periodo se irá a vivir lejos de la política a su finca en Palenque, Chiapas”.

La Suprema Corte está conformada por 11 ministros. Uno está allí a propuesta de Vicente Fox Quesada, de Acción Nacional (PAN); cinco vienen del periodo de uno de los principales enemigos del Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, también del PAN; dos llegaron por Enrique Peña Nieto (PRI) y tres están a propuesta de López Obrador, es decir, son los más recientes.

Pero la composición no debería importar si se considera que los ministros son independientes a cualquier influencia externa. El Presidente dice que no, que “una mayoría” está allí para responder a los intereses de las anteriores administraciones.

El dictamen de Reforma del Poder Judicial, prevé la extensión de dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal hasta 2026.

  • La reforma ha sido tachada de inconstitucional, pues en la Constitución está establecido que el mandato del presidente de la Suprema Corte tiene una duración máxima de cuatro años; Arturo Zaldívar fue elegido en enero de 2019.
  • También se advirtió que la decisión del Senado constituye una interferencia que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Abogados constitucionalistas consultados por SinEmbargo coincidieron en que la ampliación de mandato es a todas luces inconstitucional y que las implicaciones de esta nueva ley pueden ser más negativas que positivas.

El Presidente López Obrador, cuestionado sobre el tema en varias ocasiones, explicó que él mandó al Congreso la iniciativa de Reforma del Poder Judicial para combatir la “corrupción y el nepotismo” de los jueces y que fueron los senadores quienes añadieron un artículo con la ampliación del mandato de Zaldívar.

  • Julio Scherer Ibarra dijo que esta reforma que es resultado de que “la corrupción del Poder Judicial es infinita”. Dijo que desde su perspectiva no hay violación a la Constitución porque se hace esta reforma y se crean estas leyes transitorias con el objetivo de que ésta se pueda aplicar.

“Lo que se desea es que la justicia opere para todos los mexicanos. El problema del Poder Judicial en México es enorme, y ahí están, todos los días, las quejas de la gente sobre el mal comportamiento de los jueces penales […] Hay ministros que han hecho de la Corte un instrumento al servicio del poder. Esa corte se tiene que modernizar y transformar, y los jueces y magistrados tomar el papel honorable que de ellos se espera”, comentó en la entrevista transmitida por el canal de YouTube de SinEmbargoAlAire.

Otro punto que abarcó fue el de los ministros que han hecho de la Corte “un instrumento al servicio del poder”: “Esa corte se tiene que modernizar y transformar, y los jueces y magistrados tomar el papel honorable que de ellos se espera […] El Poder Judicial federal tiene un problema, monstruosa, de corrupción”.

De Arturo Zaldívar dijo que él tiene todos los méritos para continuar en la SCJN y en el CJF, “se puede concretar una reforma que planteó el Poder Judicial para el Poder Judicial y vendía muy bien encabezada por Arturo Zaldívar, que como lo dije ha demostrado ser un hombre probo e íntegro, con capacidad técnica para llevarla a cabo”.

Oposición en San Lázaro promoverán acción de inconstitucionalidad

Fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en la Cámara de Diputados promoverán de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

  • “Convencidas y convencidos de que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia”, remarcaron.
  • A través de un comunicado, sostuvieron que, la aprobación en el Congreso de la Unión del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía por dos años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal; no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial.

“Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia”, expusieron.

Asimismo, las fracciones de dichos partidos afirmaron que el Poder Judicial debe contribuir decididamente en la generación de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama, para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la Defensa de los Derechos Humanos.

  • “Por ello, debemos impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de las y los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales”, añadieron.

En tanto, señalaron que, desde el Poder Legislativo se debe favorecer el control democrático del Poder Judicial, involucrando a la opinión pública, a la academia y asegurar el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas procesales, facilitando el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, porque no es posible una democracia sin un poder judicial independiente permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa.

Una democracia que alcance a todas y todos, principalmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que permee las estructuras sociales y sirva para construir una convivencia ética y pacífica.

“Por esa razón, las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, promoveremos de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, convencidas y convencidos de que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia”, resaltaron.

López Obrador defendió nuevamente la reforma al Poder Judicial

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que la reforma al Poder Judicial será “letra muerta” si llega a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un “personaje del partido conservador”.

Este lunes en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que sí son importantes las instituciones, pero “también los hombres y las mujeres que las dirigen”.

  • Se hacen reformas y el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial es un personaje del partido conservador, del antiguo régimen caracterizado por el servilismo en favor de los grupos de intereses creados, sobre todo del poder económico, que nunca se preocupan por el pueblo y.a favor de la corrupción, de qué sirve que se lleve a cabo una reforma así, es letra muerta”, declaró.
  • López Obrador hizo énfasis en que los ministros de la Corte serían parte de la corrupción si no aprueban la reforma al Poder Judicial que amplía dos años más el mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar.

“Sí (serían parte de la corrupción). Yo creo que consciente o inconscientemente, por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo, apoyan al régimen de corrupción”, puntualizó.

En este caso lo que se aprobó fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país, los que avalaron la corrupción”, agregó.

Los detalles de la ley

Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó en entrevista que es “totalmente criticable” e “inconcebible” la aprobación de ese artículo en ambas cámaras.

“Esto no es una cuestión de interpretación. Aprobar algo que es evidentemente inconstitucional, parece una falta de ética, de responsabilidad, de compromiso constitucional […] ha habido muchísimas voces e instituciones que han hecho distintos pronunciamientos y yo no he escuchado uno solo, serio que defienda esta posibilidad de que se amplíe el mandato del actual Ministro presidente de cuatro a seis años y de los seis consejeros de la Judicatura restantes, de cinco a siete años”, comentó.

  • Burgoa dijo que son más los riesgos o los puntos negativos que puede tener esta reforma, que los positivos. Uno de ellos es el daño a la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), “dado que desde los otros dos poderes, que son los que tienen la responsabilidad del proceso legislativo –tanto Cámara de Senadores como de Diputados– más lo que le corresponde al Presidente –la aprobación, promulgación, publicación en el Diario Oficial de la Federación– que ellos estén haciendo algo que va en contra de la Constitución y que además se estén inmiscuyendo, en las decisiones internas porque le corresponde al pleno de la Corte estar decidiendo entre sus miembros cada cuatro años quién será el Ministro Presidente, con esta reforma se ataca la autonomía de la Corte, siendo la cabeza del Poder Judicial de la Federación”.

Bernardino Esparza, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, coincidió en este punto. Mencionó que la ley es inconstitucional, “porque ahí en la Constitución está muy claro: el presidente de la Corte sólo durará en el cargo cuatro años y obvio no tiene reelección de manera inmediata”.

Agregó que la Reforma sí podía pensarse sin el Ministro Zaldívar de por medio, respecto a lo dicho por el Presidente de que si no estaba él, la ley sería “letra muerta”.

  • “Cuando se hacen las reformas legales en este contexto y sobre todo con la Ley Orgánica de una reforma constitucional, es para mejorar todos los procesos internos, en este caso el PJF y quien esté como Presidente en su momento de la Corte, lo único que tienen que hacer es aplicar la ley, eso es todo, no es porque sea la persona y decida por sus intereses, lo que interesa aquí son los mandamientos judiciales y los mandamientos legales. En otras palabras, el imperio de la ley es lo que se tiene que obedecer”, señaló.

Sobre esto, el abogado Burgoa recordó un episodio en el que se discutió la viabilidad de una reelección o “extensión de mandato: la Ley Bonilla.

“Hay una situación que no es igual pero es muy parecida, que es lo que se pretendió hacer con un artículo transitorio, para pedir la ampliación del mandato del Gobernador de Baja California de dos a cinco años. El pleno de la Corte por unanimidad declaró la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla. El Ministro Arturo Zaldívar habló de que eso era un fraude inconstitucional, a la constitución y al sistema democrático, que era un efecto corruptor de rango constitucional de lo que se hablaba.

Luis María Aguilar dijo que era una reelección disfrazada y que no se debe de permitir en el sistema. Cada uno de los ministros dieron sus argumentos que hoy perfectamente embonarían o se podrían utilizar para esto que hoy la Cámara de Diputados pretende aprobar”, concluyó el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM./Agencias-PUNTOporPUNTO

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