La polémica y súbita adición de un artículo transitorio a las
modificaciones secundarias de la reforma al Poder Judicial en el
Senado por parte de Morena, el partido en el poder, para ampliar en
dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) provocó un fuerte cuestionamiento entre
expertos del derecho y la Constitución mexicana.
“Sí es un golpe al Poder Judicial. Primero viola directamente la
Constitución que prevé un periodo de renovación de 4 años”, expresó
Daniel Torres Checa, abogado de la Universidad Panamericana.
“Segundo, es un claro juego de interés. La presidencia de la SCJN
promovió la reforma -sin tener facultad de iniciativa-, congeló los
litigios más importantes del sexenio y se benefició con dos años más
de periodo en la reforma que ellos mismos promovieron”, añadió el
especialista en Derecho Constitucional.
En el mismo tono se expresaron sus colegas en redes sociales cuando,
sorpresivamente, Morena incluyó sin discusión y sin siquiera hacer
pública la reserva con la cual ampliaba no solamente la presidencia de
la Suprema Corte, sino una serie de nombramientos realizados en el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la actual administración,
encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es inconstitucional ampliar el cargo del ministro presidente de la
SCJN y de los integrantes del CJF, y daña su imagen”, sentenció en sus
redes sociales Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en
la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).
“Sin decirlo expresamente, la pretendida ampliación del presidente de
la SCJN y del CJF a través de un artículo transitorio para que
concluya el 30 de noviembre de 2024, es para que coincida con la
terminación del cargo del presidente de México, pero se les olvida que
AMLO termina el 30 de septiembre de 2024″, añadió el jurista.
En el mismo sentido se expresó Diego Valadés. “La Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación no puede modificar la Constitución. El
periodo del Presidente de la Corte es improrrogable. El presidente
Zaldívar es un constitucionalista serio que no merece ser objeto de
maniobras que lo exponen a comentarios desfavorables”, señaló el
integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la
UNAM.
La adición del artículo transitorio desató la furia de la oposición en
el Senado, que acusó desde un “golpe de estado” hasta un “atraco”
realizado por “bandidos”, así como un acuerdo conseguido “en lo
oscurito” y que ponía en peligro el equilibrio democrático mexicano,
pues invadía directamente la independencia del Poder Judicial, algo
expresamente contrario a los objetivos de la reforma judicial.
Algunos senadores prometieron llevar el caso a organismos
internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Otros anunciaron acciones de inconstitucionalidad. Algunos más
intentarán presionar a la Cámara de Diputados, a donde fue enviado el
dictamen aprobado en el Senado, para eliminar dicho apartado del
documento.
Asimismo, otros pidieron que el mismo Zaldívar renuncie a esa
ampliación de periodo de su presidencia, la cual comenzó en enero de
2019. “Sí podría pasar. Claro, es un escenario difícil. Hasta cierto
punto, la renuncia a ese periodo adicional violaría los transitorios
de la reforma pero respetaría el texto constitucional”, explicó Torres
Checa a este medio.
También esperaría que la Cámara de Diputados no apruebe el régimen transitorio
Los expertos en Derecho Constitucional también recordaron, como lo
hizo Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, el caso de la
ampliación de mandato de los magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En 2016, también se alargó su
mandato a pesar de ir contra lo que indica la Carta Magna.
“En 2016, Arturo Zaldívar combatió —con claridad y firmeza— la
ampliación del mandato en el TEPJF. Hoy Morena pretende hacer lo mismo
en la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal. Por congruencia,
Zaldívar y los consejeros deben rechazar esta afrenta constitucional”,
escribió el abogado de la UNAM Javier Martín Reyes. “Ampliar el
mandato de Zaldívar es abiertamente inconstitucional. El artículo 97
de la Constitución es clarísimo”, completó.
Además, otros, como el senador Damián Zepeda y el mismo Burgoa,
advirtieron de la posibilidad de que el partido en el poder intente
hacer lo mismo con una eventual ampliación de mandato de López
Obrador. Monreal sin embargo, fue tajante en ese sentido y aseguró que
la comparación no procedía.
“No tenemos intención de apoderarnos del Poder Judicial ni de que A
través de cuotas designemos. Para dejar en claro, Morena no tiene esa
vocación de apoderarse indebidamente de los órganos jurisdiccionales,
tenemos vocación de otorgarles autonomía plena, auténtico equilibrio
de Poderes, auténtica división de Poderes”, agregó.
Por último, otros juristas también recordaron el encendido discurso de
Zaldívar, como presidente de la Corte, contra la llamada “Ley
Bonilla”, rechazada con fuerza en la SCJN, que ampliaba el periodo de
gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años luego de que éste fuera
elegido para apenas 24 meses.
“Si bien coincido con todas y cada una de las violaciones
constitucionales que en él se identifican, me parece que, vistas en su
conjunto, configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema
democrático que esta instituye”, dijo en aquel momento.
“La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es: ¿resulta
constitucional la ampliación del período para el cual fue electo el
gobernador de Baja California a través de una reforma a la
Constitución local, aprobada con posterioridad a la culminación del
proceso electoral? La respuesta es a todas luces negativa. Con el
pretexto de usar su Poder Reformador de la Constitución y su
competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura
local fraguó –en realidad– un fraude a la Constitución”, aseveró
Zaldívar.
En una polémica votación en el Senado mexicano, denunciada como
“albazo” e incluso como un “golpe de estado”, Morena, el partido de la
mayoría, impulsó un apartado en la reforma secundaria al Poder
Judicial para ampliar el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cuatro años a seis
años.
Durante la votación final del régimen transitorio de la amplia reforma
realizada este jueves en el Senado, Morena incluyó el artículo
transitorio décimo tercero para modificar los mandatos en la
presidencia de la Corte y de los Consejeros de la Judicatura Federal.
Con esta modificación, Zaldívar, que encabeza la Corte entre 2019 y
2022, lo hará hasta 2024, es decir, hasta que culmine el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El artículo que desató la polémica fue una reserva presentada por el
senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, aliado de Morena.
Incluso durante la votación, varios senadores del opositor PRI
(Partido Revolucionario Institucional) votaron a favor, sin haber
visto la adición, se posicionaron a favor, generando una amplia
mayoría de 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.
Una vez concluida la votación, que la oposición criticó ya que
supuestamente Morena no permitió corregir el sentido de la votación de
varios senadores como se ha permitido hasta ahora en los formatos a
distancia, la reforma quedó concluida, confirmó Ricardo Monreal, líder
de la mayoría en el Senado, echando la responsabilidad a la Cámara de
Diputados, a quien se le enviará el dictamen este mismo jueves.
El artículo transitorio argumenta que la ampliación de los mandatos es
“con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial
de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11
de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el
presente decreto”, de acuerdo con el documento consultado por esta
columna y que la oposición denunció que no fue compartido con ellos
hasta el final de la votación.
APUNTES FIDEDIGNOS
El candidato de Morena a la alcaldía Iztacalco, Raúl Armando Quintero
Martínez continúa con la «guerra sucia» contra quienes considera sus
más acérrimos rivales a vencer en esta contienda electoral que se
realiza en la Ciudad de México, y es que ha mandado a integrantes de
sus brigadas a que retiren todo tipo de propaganda que consideren
contraria y boicotear actos de campaña que encuentren a su paso. Por
lo que será denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales (Fepade).
Al momento, el abanderado morenista –quien por tercera ocasión
pretende reelegirse en el cargo, no ha hecho ningún tipo de
comentarios sobre el hecho.
Precisamente ayer en el Barrio San Pedro Iztacalco, una camioneta
color blanco, tipo van, sin placas de circulación, que traía pegada en
el chasis propaganda de Quintero Martínez y que era tripulada por un
hombre y una mujer identificados como Oswaldo Espinosa Carranza y
Adriana Mora, fueron sorprendidos en el momento en que trataron de
boicotear una reunión que efectuaba en un domicilio particular la
candidata de la coalición Va por la CDMX, Fabiola Bautista.
Oswaldo y Adriana, circulaban por la zona a bordo de dicha camioneta y
al percatarse del acto proselitista, de inmediato se detuvieron,
descendieron del vehículo y con megáfonos en mano comenzaron a gritar:
«¡Armando, Armando, Armando!», ante ello, algunos de los asistentes a
la reunión de inmediato solicitaron el apoyo de patrullas para que
retiraran a esas personas y fueran puestas a disposición del
Ministerio Público, toda vez que esa acción es considerada como un
delito electoral…¡¡¡Seguiremos informando!!!
Dudas, comentarios, aclaraciones y amenazas:
@juanreportero
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