El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue enfocado en apretar la correa a las empresas que participan en el mercado energético.
- El pasado 29 de marzo, el ejecutivo federal envió una reforma a la Cámara de Diputados con el fin de modificar la Ley de Hidrocarburos para “fortalecer a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética”, esto a través de sanciones más severas a las empresas privadas que incumplan con las disposiciones de la ley en materia de calidad y medición de los hidrocarburos o para garantizar “los intereses de la Nación”.
Con estas modificaciones se suspenderían permisos a empresas privadas e incluso las autoridades como la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se harían cargo de la administración y operación del permisionario con el objetivo de garantizar los intereses de usuarios finales y consumidores.
Esta reforma no tiene carácter preferente para su análisis y discusión en San Lázaro. Pero se suma a una serie de acciones y modificaciones legislativas que el gobierno de la Cuarta Transformación ha impulsado con el objetivo de privilegiar a las empresas del Estado en el mercado energético.
- Entre las medidas que han destacado e incluso provocado acciones jurídicas por parte del sector privado están: la política de confiabilidad eléctrica de la Secretaría de Energía, que rechazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los acuerdos para restringir la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa detuvo; y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó el Congreso de la Unión los primeros días de marzo, pero su entrada en vigor fue suspendida de manera definitiva.
Además, los órganos autónomos como la Comisión de Regulación Energética (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) están facultados para vigilar a las empresas privadas que entraron al mercado energético mexicano desde 2017 con la apertura que impulsó la Reforma Energética establecida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, de aprobarse dichas reformas el Gobierno federal podría tener más controles sobre estas empresas.
“Hay empresas que han sabido aprovechar los recovecos del reglamento para importar combustibles que no han acreditado legalidad y han dado la vuelta a la normatividad, porque este fenómeno se da en importación de petrolíferos vía marítima, es un contrabando, dice la iniciativa y hay algo de cierto en eso”, explica Arturo Carranza, analista del sector energético.
- El documento señala que con la iniciativa se busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
- La propuesta de reforma (a la Ley de Hidrocarburos) está redactada de manera muy general, lo que ha generado muchas críticas.- Arturo Carranza, Asesor energético
Sin embargo, reconoce que aspectos de la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador están redactados de forma muy general y pueden generar interpretaciones jurídicas de todo tipo. Específicamente, se refiere a las modificaciones de los artículos 57 y 59 bis, que contemplan la ocupación temporal, intervención o suspensión de permisos a empresas cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad de la nación” o a fin de “garantizar los derechos de la nación”.
- Pero a qué se refiere la ley con “riesgo a la nación”, también se pregunta Ramses Petch, analista y asesor de la industria energética, quien además señala que la iniciativa trata de desaparecer la gestión de los órganos autónomos e instancias que se encargan de evaluar a las empresas privadas o la seguridad de la industria energética.
De hecho, el artículo 57 señala que para dar continuidad a las actividades de las empresas que se encuentren suspendidas o de las que se lleve a cabo ocupación temporal, podrá contratar empresas productivas del Estado para el manejo, control de las instalaciones ocupadas o suspendidas.
Estas medidas incluso podrían generar confrontaciones jurídicas entre países toda vez que afectarían los contratos de empresas extranjeras que ya estaban establecidas en el país, apunta Abril Moreno, socia directora de Perceptia21 Energía.
“Estas leyes no son algo nuevo, lo que se vislumbra es una intención de expropiación a empresas tanto de almacenamiento o suministro de los petrolíferos, pero por lo demás ya habíamos visto desde el año pasado que se empezaron a frenar permisos de importación de combustibles o algunas modificaciones a las partes de hidrocarburos”.
Crece polémica por reforma en hidrocarburos
La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado viernes a la Cámara de Diputados generó controversia entre los empresarios del sector, sobre todo por la posibilidad de que las autoridades suspendan permisos y de que al eliminar la competencia, se genere un incremento en los precios de petrolíferos, además de que contradice a la Constitución.
Para Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, la reforma elevaría los precios al consumidor.
“Al haber menor competencia, va a dejar de haber precios accesibles de los petrolíferos. El mercado va a seguir siendo regulado por el principal oferente de combustibles que se llama Pemex”, apuntó.
- Previó que el desarrollo de esta modificación sea similar al que se ha dado con la aprobación a la reforma de la Ley de Ia Industria Eléctrica, misma que generó amparos que lograron suspenderla.
- Por su parte, la unión de gasolineros más grande del país, Onexpo, advirtió que la iniciativa contradice la Constitución en cuanto a la participación del sector privado en la industria de petrolíferos, por lo que antes de aprobarse requiere de un análisis integral para evitar afectaciones en la competencia.
“La reforma presenta elementos contradictorios con principios y reglas establecidos por la Constitución para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos”, planteó.
“Hacemos un llamado respetuoso a los legisladores a realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa, que considere la totalidad de los posibles efectos negativos que dicha reforma tendría sobre consumidores, inversionistas, empresas y que resultarían lesivos a cualquier forma de competencia económica”, declaró en un comunicado.
En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostuvo que la reforma representa el riesgo de expropiación.
“Desplaza al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes”, señaló.
Manifestó que la iniciativa genera incertidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan también las modificaciones promovidas en el sector eléctrico.
Seguirá reforma de Peña: AMLO
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no derogará la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que le quitará las “aristas más filosas”.
“Ahora tenemos que reparar el daño en la medida de lo posible porque fue mucho el daño que se causó. (En la iniciativa enviada al Congreso), realizamos estas reformas secundarias que no tienen que ver con derogar la reforma energética, sino que es quitarle las aristas más filosas a la llamada reforma energética”, comentó.
- El mandatario destacó que su iniciativa es una ‘actitud moderada’ en la que no se cancela la posibilidad de que compañías privadas hagan negocios con las empresas del Gobierno, y negó que se busque revocar contratos.
“Hablan de expropiación, (pero) no estamos revocando los contratos que entraron para extraer petróleo con el mecanismo de utilidad compartida, eso continúa. No estamos quitando concesiones mineras, no estamos cancelando contratos en la industria eléctrica, nada de eso”, destacó el Presidente de México.
Proyectos en puerta
Por su parte, César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, dijo que la iniciativa tiene un complemento a la Ley de Almacenamiento que ofrece certeza jurídica, ya que si no se cuenta con esta capacidad, la Secretaría de Energía no otorgará los permisos necesarios.
“Anteriormente para importar se necesitaban dos cosas: ser mexicano y tener un celular. Eso hizo que proliferaran cientos de permisos y todo el robo fiscal se fue por ese lado”, comentó.
Sin embargo, dijo que aún no están claras y parecen discrecionales los motivos que originarán la suspensión de los permisos.
- En tanto, Beatriz Marcelina, presidenta del Grupo Ciita, una consultora especializada en cumplimiento de normatividad de hidrocarburos, señaló que la principal afectación sería a la importación y comercialización de los productos.
- “Los comercializadores son todos aquellos permisionarios que se dedicaban a revender el combustible. Va a afectar mucho porque muchas de las comercializadoras entregaban a varias importadoras y podrían desaparecer esa actividad, ya que hay intención en la iniciativa de revocar los permisos”, declaró la experta.
Diana Pineda, socia del despacho de abogados González Calvillo, destacó que todos aquellos que se encuentren solicitando permisos para operar petrolíferos y no puedan cumplir con los mínimos requeridos de almacenamiento, podrían defenderse legalmente si se aprueba la iniciativa presidencial.
“No tenemos certeza de cuánta capacidad de almacenamiento se ha añadido en los últimos años de manera eficiente. En 2019, no estaban listas todas las terminales de almacenamiento que se tenían previstas”, dijo.
Anticipan nuevo revés en energía
Iván Alemán, socio de A&S Abogados, explicó que hay ciertos problemas de inconstitucionalidad en los artículos cuarto y sexto transitorios que podrían implicar amparos y suspensiones.
- El transitorio cuarto establece que la autoridad revocará permisos que, a la entrada en vigor de la reforma, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por Sener. Esa modificación, consideró, se trataría de una aplicación retroactiva, debido a que abre la posibilidad de revocar permisos que no tienen un requisito que no existía al momento de otorgarlo.
- Mientras, el sexto contempla la revocación si no se cumple con los requisitos, pero la redacción del artículo es ambigua y con un margen no definido para considerar qué permisos pueden retirarse.
Lo anterior implica generar inseguridad jurídica pues la revocación debe ser un procedimiento administrativo y basarse en los supuestos previstos con anterioridad en ley o en el permiso, explicó Alemán.
El planteamiento del artículo 57 podría considerarse una “expropiación” de las instalaciones permisionadas, pues la autoridad que haya expedido el permiso podrá suspenderlo y entregar la operación a Pemex para “garantizar los intereses de la nación”.
“Vamos a entender esa intervención como una expropiación directa, pues la Ley Federal de Expropiaciones contempla que es la intervención o afectación del patrimonio de los particulares cuando peligra el interés nacional. Se sustenta una inconstitucionalidad porque no plantea la motivación ni argumentación, según los Artículos 14 y 16 de la Constitución, para poder ejercer.
“Es una acción totalmente discrecional por parte del Ejecutivo”, dijo Santiago Arroyo, abogado y experto en energía.
- El Imco aseguró que en caso de aprobarse, la reforma representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México.
- Además, amenaza con expropiar instalaciones de empresas permisionarias de hidrocarburos para beneficiar a Pemex y CFE.
La Onexpo expuso que la iniciativa tiene elementos contradictorios a la Constitución, lo que resultará en lesiones para cualquier forma de competencia en el sector./Agencias-PUNTOporPUNTO
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