De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) al presentar el Análisis del comportamiento de delitos en 2020, enfoque especial en homicidio doloso, destacó que durante el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.
- El director general del ONC, Francisco Rivas, consideró difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28% en tasas por 100 mil hab.) sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal. Este porcentaje, dijo, refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.
“No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló.
El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja se observa a partir del inicio de la pandemia y que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro, que la disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un
efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio.
- Francisco Rivas dijo que, hasta el pasado noviembre, 2020 seguía siendo el año con más víctimas. La disminución anual, explicó, se debe a un descenso importante en el mes de diciembre. Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. “El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.
- El director del ONC advirtió que el recorte presupuestal que han tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto, insistió, no debe ser manejado políticamente. Y fue más allá al establecer que la comunicación de las autoridades debe ser clara y transparente, sustentada en datos y con metodología clara y replicable. Forzar la información no sólo confunde a la ciudadanía si no que favorece la toma de malas decisiones de política pública, sentenció.
- El Análisis del comportamiento de delitos en 2020. Enfoque especial en homicidio doloso, del ONC señala que a pesar de las deficiencias aún existentes en el registro e investigación de los feminicidios —todavía 3 de cada 4 se investigan como homicidio doloso de mujer— 2020 fue el año con más víctimas de este delito desde que se tiene registro.
- El documento destaca que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. El abandono de las políticas de protección de estos, dijo, favorece que sean vulnerables, sobre todo en un contexto de pandemia.
También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
Estos delitos, asegura, exhiben la debilidad del sistema y demuestran que existe violencia política que trasciende al número de victimas, por lo que se debe poner particular atención al desarrollo de una estrategia de seguridad puntual, preventiva y no meramente reactiva
- El análisis advierte además que el próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. En todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.
Ante este escenario, la organización recomendó que el gobierno federal, que más que privilegiar una estrategia de comunicación política que niegue o minimice la falta de seguridad, debe velar por la contención y prevención tanto de las diversas actividades delictivas como de la violencia política.
Violencia en México está por encima de Nigeria, Libia, Sudán y Somalia
El Consejo de Relaciones Exteriores ubicó a México entre los principales conflictos a seguir en 2021, derivado de los altos índices de asesinatos relacionados con el crimen organizado. En la encuesta ‘Conflictos a seguir en 2021’, los expertos en política exterior de Estados Unidos evalúan la probabilidad y el impacto de treinta conflictos potenciales que podrían surgir o intensificarse en el año.
- Así, México supera a países de África como Nigeria, Libia, Sudán y Somalia, o de Medio Oriente como Armenia, Azerbaiyán y Myanmar en propagación de violencia. Para el continente americano ubican cuatro puntos: en Estados Unidos existe «un alta probabilidad» de un enfrentamiento armado entre Irán y Estados Unidos o uno de sus aliados por la participación de Irán en conflictos regionales y el apoyo a grupo militares de poder.
- También ven como riesgo un «ciberataque altamente disruptivo a su infraestructura» y «un ataque terrorista con víctimas en masa contra los Estados Unidos o un tratado aliado dirigido o inspirado por una organización terrorista extranjera». Otro foco rojo está en Venezuela que sufre un «acelerado colapso económico y inestabilidad política, que genera más disturbios violentos y un aumento de la salida de refugiados».
Un riesgo moderado es para El Salvador, Guatemala y Honduras, países en los que predomina un deterioro de las condiciones económicas y de seguridad lo que se traduce en aumento de flujos migratorios.
Y para México hay un riesgo moderado por la «intensificación de la violencia relacionada con el crimen organizado, lo que resulta en un aumento de víctimas civiles». Nuestro país supera en riesgo a siete de los ocho señalados como «conflictos a seguir». Tal es el caso de Sahel que tiene probabilidades bajas de propagación de violencia e inestabilidad política. Nigeria que se mantiene en el mismo nivel que el anterior a pesar del «aumento de la violencia, la inestabilidad política y el desplazamiento de civiles como consecuencia de los conflictos en la región Delta y Boko Haram». Libia también se mantiene en semáforo amarillo aunque tiene el colapso de los altos al fuego y conversaciones de paz, lo que en ocasiones aumenta la violencia.
Menos gasto en seguridad
En México, el gasto público en seguridad es insuficiente, pues de cada peso que se gasta en esta materia, solo 21.4 centavos los ejerce la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 5.8 centavos la Fiscalía General de la República (FGR).
- Así lo reveló el estudio «Gasto público en seguridad 2019-2021», que elaboró el Observatorio Nacional Ciudadano en colaboración con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
- Al presentar los hallazgos de manera virtual, el presidente del ONC, Francisco Rivas, explicó que no solo se necesita aumentar el gasto en esta materia, sino falta una guía base para la redirección de los recursos, ya sea de los actuales o bien de su posible futuro incremento.
Esto se debe a que a la fecha, se desconoce qué tanto están funcionando los programas por la falta de indicadores. En la actual administración federal ha habido un menor control del gasto público en materia de seguridad.
«Se continúa privilegiando un enfoque reactivo y no uno preventivo, pese a que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) se enfatiza como eje conductor la prevención del delito», apuntó.
A manera de conclusiones se establece que hay un débil proceso de planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas para brindar seguridad pública, prevenir los delitos y garantizar los derechos y tranquilidad de la población.
Lo que impide evaluar y conocer el cumplimiento de los objetivos de cada programa, identificar si hay una asignación eficiente de los recursos presupuestales.
Así como conocer en qué medida se atiende el problema, cuáles son los avances en relación con las metas establecidas, si es necesario o no profundizar una política o programa.
Suman más de 82 mil homicidios en la 4T
El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 5 de mayo de 2021, tiempo que lleva la actual Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 82 mil 642 homicidios dolosos en México.
Se observa, que a lo largo de los 28 meses del sexenio de López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios.
- El mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue marzo de 2020, con 3 mil 39 delitos; en cambio, el mes con menor registro de homicidios dolosos fue marzo pasado, con 2 mil 444, desbancando a febrero de 2021, considerado por las propias autoridades como el mes con menos asesinatos.
- Haciendo la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo en otros sexenios, el actual Gobierno encabeza el registro de dicho delito con 82 mil 131 incidentes, superior al de la Administración pasada, con Enrique Peña Nieto, que registró 39 mil 446.
En el mismo periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón se registraron 28 mil 72 homicidios dolosos, y, en el gobierno del expresidente Vicente Fox, se registraron 31 mil 455./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
Anual2020-ppt
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