En 2019 el gobierno de Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, no escatimó en recursos para ceremonias, congresos y exposiciones al gastar 53.8 millones de pesos cuando el congreso local solo le había autorizado 57 mil pesos. Tampoco lo hizo en viajes y viáticos: de 40 millones que tenía presupuestados, terminó devengando casi 373 millones.
En el norte, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desembolsó 689 millones de pesos en publicidad oficial cuando solo tenía aprobado un presupuesto de 4.8 millones (un incremento de más de 14 mil por ciento). Y en Jalisco, la administración del emecista Enrique Alfaro casi duplicó su gasto en salarios y prestaciones a sus empleados.
- Los casos enlistados se repiten en una veintena de gobiernos estatales, sin distingo de partidos, de acuerdo con el informe “Gasto burocrático: aumentos y recortes”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
- El estudio revela que 20 gobiernos estatales gastaron más de lo que se comprometieron a erogar durante el año 2019 para llevar a cabo sus funciones administrativas, esto es, en pago de sueldos, prestaciones, papelería, gasolina, viáticos, ceremonias, asesores y publicidad oficial , entre otros conceptos. En 13 de ellos el incremento fue superior a 10 por ciento.
La organización identifica cuatro deficiencias generalizadas en las finanzas de los estados: crecimiento injustificado de partidas del gasto administrativo, diferencias significativas entre los montos aprobados y ejercidos, sobreejercicios sistemáticos en el gasto burocrático y falta de contrapesos en el ejercicio de los públicos estatales.
“A pesar de los discursos y de las buenas intenciones de los gobiernos estatales, no necesariamente gastan como dicen que van a gastar. La falta de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones presupuestarias, aunado a la falta de contrapesos por parte de los congresos locales en el ejercicio de los recursos públicos, permite que los gobiernos estatales gasten de forma muy diferente a lo que fue aprobado por sus legislaturas ”, indica.
- Entre el grupo que excedió su gasto burocrático en 2019 —último año del estudio— hay gobernadores de todos los partidos: ocho del PRI, cinco del PAN, dos del PRD, dos de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PES y finalmente Puebla , que ese año tuvo dos gobernadores emanados de distintas fuerzas políticas (PRI y Morena).
En el extremo, el gobierno de Oaxaca, que encabeza el priista Alejandro Murat, gastó 87.8 por ciento más de lo que tenía autorizado: en lugar de seis mil 670 millones de pesos aprobados, terminó erogando 12 mil 528 millones, casi el doble.
- Le siguió el ejecutivo de Jalisco, que dirige el emecista Enrique Alfaro. Aunque sólo tenía presupuestado 23 mil 950 millones de pesos, desembolsó al final 42 mil 223 millones.
- También sobrepasaron su gasto los gobiernos de Nayarit, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Durango, Coahuila, Yucatán, Tabasco, Colima, Puebla y la Ciudad de México.
Sumando el gasto burocrático de todas las entidades, las 32 administraciones estatales devengaron 687 mil 670 millones de pesos en rubros administrativos durante el año 2019, 6.6 por ciento más que los 645 mil 377 millones aprobados por sus congresos.
El gasto administrativo, también llamado burocrático u operativo, se compone de los recursos que un gobierno destina a la compra de bienes y servicios que necesita para llevar a cabo un cabo sus funciones. Se compone de tres conceptos: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.
Los servicios personales son las remuneraciones al personal que labora en las dependencias gubernamentales tales como sus sueldos, honorarios, prestaciones, estímulos y seguridad social.
- El concepto de materiales y suministros se refiere a todos los insumos que el gobierno requiere para desempeñar sus actividades administrativas. En este rubro entran partidas como alimentos, materiales de limpieza, gasolina para vehículos, materiales de construcción, suministros médicos, papelería, uniformes, entre otros.
Finalmente, los servicios generales comprenden desde el pago de servicios básicos (agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular) hasta los servicios contratados para el desempeño de sus actividades como viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros.
Como propuestas para combatir la discrecionalidad con la que los estados manejan sus recursos, el Imco propone establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limitan el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. “Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más de 15 por ciento, debe tener la aprobación del congreso local”.
Además, considera necesaria una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y la supervisión del ejercicio del gasto. En otras palabras, cumplir su función de contrapeso.
Por aclarar 670,141 mdp del gasto federal
De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de la fiscalización de las Cuentas Públicas, entre 2001 y el 2019 están pendientes por aclarar o recuperar 670,141 millones de pesos del gasto federal.
Como consecuencia de las revisiones de dichos años, se han emprendido 7,982 acciones para solicitar aclaraciones, de las cuales 5,742 se encuentran con seguimiento concluido, 1,649 fueron sustituidas por otra acción, 451 se mantienen en seguimiento y 140 tienen el estatus de no notificado.
- La fiscalización a la Cuenta Pública 2018 acumula 152,958 millones de pesos por recuperar o aclarar, lo que la coloca como el año con mayor monto bajo esos supuestos, según los datos de la ASF.
- La Cuenta Pública del 2016 es la segunda con mayor número de recursos pendientes por aclarar o recuperar, al sumar 106,657 millones de pesos.
- Mientras que, la Cuenta Pública 2019 —la primera del sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, que fue entregada hace unos días a la Cámara de Diputados, ocupa el tercer lugar con mayor número de recursos por recuperar o aclarar, al acumular 98,974 millones de pesos.
Derivado de la Cuenta Pública del 2019 se han emitido 1,730 recomendaciones generales, 2,026 recomendaciones por desempeño, 116 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal —por posible evasión al fisco—, 194 solicitudes de aclaración, 1,583 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 1,492 pliegos de observaciones.
Sobre el total de solicitudes de aclaración, 139 tienen el estado de no notificado; 52 se mantienen en seguimiento, y tres tienen un seguimiento concluido.
- Con respecto a los fondos públicos, el que tiene más recursos por declarar con base en la Cuenta Pública 2019 son las Participaciones Federales a Entidades Federativa con 11,229 millones de pesos por recuperar o aclarar su uso, seguido por los subsidios para Organismos Descentralizados Estatales con 9,877 millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud con 9, 168 millones de pesos.
Acusaciones ante la PGR
En consecuencia de los ejercicios de fiscalización entre el 2000 y el 2018, la ASF ha interpuesto 1,039 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) —ahora FGR— al considerar que se cometió algún delito de tipo penal, de las cuales únicamente cinco tienen el estatus de seguimiento concluido, mientras que 1,034 trámites se mantienen como presentados y pendientes de conclusión.
- El año 2012 fue el periodo con mayor número de denuncias de hechos, al presentarse 219; un año antes, se contabilizaron 168 y en 2010 se realizaron 162.
- Sobre los trámites con seguimiento concluido, cuatro denuncias corresponden a la Cuenta Pública del año 2000 y una más del 2005.
- De las denuncias interpuestas ante la entonces PGR, una refiere a que en 2000 fue formalizado un convenio administrativo sindical por directores Corporativos de Finanzas y de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) que no se encontraban legitimados en el cargo público para firmarlo.
Otra denuncia fue sobre pagos ilegales que realizaron servidores públicos de Pemex al cubrir compromisos que ya se habían finiquitado con anterioridad. También se interpuso un trámite ante la PGR debido a que funcionarios de Pemex autorizaron pagos al sindicato sin justificar la erogación, ni tener atribuciones para ello.
Sobre la denuncia correspondiente al 2005, la ASF emitió la acción como resultado de las irregularidades en la comprobación del ejercicio de los recursos que le otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C.
Para la Cuenta Pública del 2019, la ASF no ha presentado denuncia alguna./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
20200225_AusteridadEstatal2020
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