Ante la inminente aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica en el Senado, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) estimó que habrá un “tsunami de amparos”, pues el gobierno federal no ha dimensionado la magnitud de los problemas que se avecinan.
- Adrián Sada Cueva, presidente del organismo del sector privado, consideró que el sector energético debe robustecerse, luego de la crisis energética que fue provocada por el corte del suministro de gas natural proveniente de Texas.
- “Sin duda vemos un tsunami de amparos, porque creemos que se violan muchísimos derechos, prácticamente todos los industriales, de pequeñas, medianas y grandes empresas, incluso generadores de energía eléctrica”, dijo.
Comentó que la nueva ley pone en riesgo los esquemas de autoabasto y amenazan la competitividad de las empresas, pues la energía es más cara en México si se compara con Estados Unidos. Reiteró que se estima que el costo energético se encarezca o bien se traslade en mayores subsidios, además de afectaciones al medio ambiente.
Destacó que los amparos que se puedan interponer en caso de que se apruebe la reforma, tendrán muchas probabilidades de éxito.
- Guillermo Dillon Montaña, director general de Caintra, indicó que aún no hay un número específico de cuántos recursos se pueden interponer, pero a ese organismo se han acercado cientos de empresas para solicitar asesoría.
- “No tenemos el número, pero podemos extrapolar a que serán miles de empresas muy interesadas en participar en la defensa legítima de sus derechos, que es la vía del amparo”, dijo.
Apuntó que en el caso de Caintra realizarán asesorías, sobre todo para apoyar a pequeñas y medianas empresas (pymes), pues no cuentan con la experiencia suficiente en recursos legales en materia energética.
Destacó que el gobierno federal no tiene dimensionada “la magnitud de las afectaciones que esta ley tendría va a tener, tanto en la planta productiva nacional, las inversiones extranjeras en México, como en los acuerdos bilaterales y trilaterales”.
Agregó que aún no hay reacción internacional, pero una vez que se materialice la reforma, el gobierno “se va a ver rebasado” por las repercusiones que tendrá para México como país.
Sada Cueva dijo que la crisis energética puso en evidencia la necesidad de ajustar las iniciativas y las estrategias en el sector energético.
- Al referirse a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, comentó que es necesario robustecer el sector energético con mayor exploración y explotación de gas natural —insumo necesario para generar energía—, contar con almacenamiento del hidrocarburo y aumentar la inversión de transmisión en energía eléctrica.
Después de señalar que es necesario diversificar las fuentes de generación, dijo que la industria de ese estado contabilizó pérdidas por 17 mil 800 millones de pesos, pues pararon su producción.
Comentó que el sector privado no ha sido escuchado por los legisladores para corregir la reforma que consideró va en contrasentido de la generación de empleos y las inversiones.
Apuntó que es necesario que participen el sector privado en la inversión en el sector energético, pues el gobierno cuenta con el capital suficiente para reforzarlo.
Oposición va por controversia constitucional
El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, por 68 votos de Morena, PT y PES y 58 del PAN, PRI, MC, PVEM y PRD en contra, el decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, en los mismos términos en que fue aprobada por la Cámara de Diputados a partir de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión para su desahogo mediante el trámite “preferente’’.
Al fundamentar el decreto ante el pleno cameral a nombre de las tres comisiones dictaminadoras: de Energía, que preside; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda, Rocío Abreu Artiñano (Morena) afirmó que la reforma pretende el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizando la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional para mantener tarifas bajas e inclusive reducirlas.
- A decir de la campechana, el cambio legal mantendrá “la industria eléctrica fuerte, sana, autosuficiente, generadora de empleo, en constante crecimiento y que siga siendo ese pilar de desarrollo, elemento fundamental en nuestra soberanía y seguridad nacional’’.
- Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI) afirmó que la enmienda es “pésima en todos sentidos’’ puesto que viola la Constitución y un sinnúmero de leyes, entre otras la de transición energética y de cambio climático, e infringe tratados y compromisos internacionales como el Acuerdo de París, TIPAT, T-MEC y TLCUEM.
Por el PAN, Julen Rementería consideró que “lo que se está proponiendo y como se está proponiendo es, sin decirlo, una contrarreforma a la reforma energética’’, que encarecerá la energía.
En su turno, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, desmintió que la reforma viole la Constitución.
- El cambio legal, estableció “es constitucional y es congruente con lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna porque prioriza el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica’’.
- Aclaró que el 28 constitucional establece que no constituyen monopolios las funciones del Estado en áreas estratégicas, como es el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; “el Estado es el rector’’ en esas áreas, precisó.
Previo a la votación, senadores del PAN, PRI, MC y PRD anticiparon que sus respectivos grupos parlamentarios interpondrán de manera conjunta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la reforma aprobada. El perredista Miguel Ángel Mancera explicó que sólo el máximo tribunal del país puede resolver si la enmienda legal viola o no la Constitución.
Reforma eléctrica, un nuevo factor de riesgo
La contrarreforma energética que está dirigiendo el gobierno mexicano, y en particular la reforma eléctrica, se vuelve uno más de los factores de riesgo para la confianza empresarial en el país, advirtió la economista para México de BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet.
La aprobación de la reforma eléctrica no sólo pone en riesgo el flujo de inversión y los objetivos del país en materia de transición a energías limpias, hay más riesgos asociados como el de la inflación para empresas y consumidores. Por eso es muy grave que una reforma de este tipo se valide, aseveró.
Añadió que “El triunfo del partido en el poder en las elecciones de junio pondría el foco de atención en la posibilidad de que vengan reformas que pueden ser más disruptivas en materia de confianza empresarial”.
- En conferencia de prensa en línea, donde presentó su diagnóstico económico para México a partir de una expectativa de crecimiento de 3% para este año, dijo que “siempre es positivo que existan pesos y contrapesos en un país”.
- La experta reconoció que su pronóstico para el PIB es uno de los más mesurados del mercado, pues en él reconoce la debilidad de la economía previo a la pandemia, el menor estímulo fiscal que otorgó el gobierno a los sectores afectados por el cierre de actividades ante el Covid-19 y el deterioro del clima de negocios por la serie de reformas que se han propuesto.
En efecto, el promedio de las expectativas de especialistas del sector privado consultados por el Banco de México es de 3.89% para este año, y según los datos recabados por la consultoría FocusEconomics, sólo hay una previsión más baja para el PIB mexicano entre 43 recabadas, se trata de la que tiene Monex, y está en 2.7 por ciento.
EU, el contrapeso diplomático
La analista también comentó sobre el papel de Estados Unidos para la reactivación económica. “El apego del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los canales tradicionales y diplomáticos para resolver controversias, podría beneficiar a México en materia de comercio y competencia en sectores estratégicos como el energético y medioambiental”, subrayó.
- Si se aprueba la reforma energética no veremos una respuesta directa de Estados Unidos para dirimir las diferencias que sí se presentarán al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con los cambios, dijo.
- “En su caso veremos la activación de mecanismos de solución de controversias y en ese sentido nos beneficiará porque se estarán resolviendo las diferencias por los canales tradicionales sin generar choques de confianza al mercado”, explicó.
Remanente moderado
Mención aparte merece el diagnóstico fiscal que tiene la estratega sobre México.
Las finanzas públicas carecen de ingresos consistentes y suficientemente sólidos, un panorama que se ha visto deteriorado desde hace un año, con el desplome de la actividad que condujo el choque del Covid 19, refirió.
- Comentó que este año, el remanente de operación del Banco de México al gobierno será, “en un escenario optimista”, de 100,000 millones de pesos, que equivalen a 0.2% del PIB. Una cantidad que es muy poco significativa para las obligaciones del gobierno. En contraste estimó que la recuperación del precio del petróleo podría generar ingresos equivalentes a 0.8% del Producto.
Bajo cualquier escenario de ingresos, resaltó la experta, sigue siendo determinante para el país la ejecución de una reforma fiscal./Agencias-PUNTOporPUNTO
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