Al asumir la presidencia Andrés Manuel López Obrador había anunciado que se prohibirían las adjudicaciones directas y que las compras que realizará el gobierno federal serían mediante licitación pública; sin embargo a dos años de la nueva administración las contracciones de servicios y obra pública siguen bajos patrones opacos y discrecionales.
- De acuerdo con el informe Las «otras» contrataciones de López Obrador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, elaborado por Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa, demuestran que el gobierno federal no cumple con los principios detransparencia como cualquier otra empresa que debe llevar un registro de sus gastos para cumplir con sus obligaciones fiscales.
Mientras el gobierno de López Obrador integraba el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en julio de 2019, la administración pública federal a su cargo contrataba, como nunca antes, mediante adjudicación directa.
- Por ejemplo durante 2019 cerró con un total cercano a 129.9 mil mdp asignados de manera directa, lo que representó el 40.7% del total del monto reportado en CompraNet. El porcentaje de este tipo de contrataciones en ese año fue superior en 11.1 y 4.6 puntos a lo que se comprometió, con ello la Cuarta Transformación en dos años ha replicado los patrones de contracción que tanto critico a los gobiernos del PRIAN.
Durante 2020 cerró con un total de 194.4 mil mdp asignados por adjudicación directa, que representó el 42.2% del total de contrataciones llevadas a cabo por la administración pública federal, mientras que la cifra por licitación pública ascendió a 191.1 mil mdp (41.4%). El cierre de 2020 ubica a las adjudicaciones directas como el mecanismo más usado, ya sea en cantidad de contratos o montos comprometidos.
- Entre 2019 y 2020, la adjudicación directa aumentó en 94.3%; para la invitación restringida, en 59.6%; para la licitación pública, en 69.0%, pero aún inferior a lo observado en 2017. Además, los contratos entre entidades públicas acrecentaron su monto promedio en 129.4% y las «otras contrataciones» en 30.4%.
En el rubro de «otras contrataciones» hay unas con crédito externo y otras que derivan de compras consolidadas y algunas más para atender necesidades relacionadas como la que se vive por la pandemia de covid-19.
- Al hacer un recuento más detallado de los «otros contratos» y con base en la información de CompraNet, es posible identificar tres grupos en los que se han distribuido las denominadas »otras contrataciones» como son:
Compra consolidada sin crédito externo, compra no consolidada con crédito externo y compra no consolidada sin crédito externo.
- Los contratos de compra consolidada sin crédito externo ascendieron a 22.1 mil mdp en 2019 y a 32.7 mil mdp (63.3%) del total de «otras contrataciones» en 2020. Es decir, bajo esta modalidad se observó un incremento de 45.5% de 2019 a 2020
- El informe del Tec de Monterrey detalla que durante 2020, los contratos dentro de la clasificación «otros» que no se asignaron a partir de una compra consolidada y que no corresponden a un contrato con crédito externo, aumentaron casi nueve veces respecto a 2019, pasando de mil 975.2 millones de pesos a 17mil 704.5 millones de pesos
Las autoridades federales continúan trabajando bajo los mismos patrones opacos y discrecionales. Con ello, los espacios para la posible operación de redes de corrupción y contrataciones ad hoc, lejos de irse reduciendo, se han multiplicado.
López Obrador se reserva sus proyectos prioritarios
La Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría llevarse el Récord Guinness por la clasificación de información reservada. Ya sea total o parcialmente, varios de los proyectos prioritarios y de los casos que interesan a la opinión pública han sido reservados hasta por cinco años.
Según datos del INAI, en 2019, el primer año del actual sexenio, se emitieron 3 mil 989 respuestas negativas a solicitudes de información bajo el argumento que se trataba de información reservada o confidencial.
- El año pasado, en el que hubo una caída de solicitudes de información debido a la pandemia de Covid-19, sumaron 3 mil 703 negativas por información clasificada.
Casi en todos los casos la información fue reservada por cinco años, por lo que, de no haber una resolución del INAI que revoque la clasificación, no se conocerá hasta que termine el sexenio.
Entre los temas en los que se ha negado el acceso a la información están los contratos que la Secretaría de Salud (SSA) suscribió a finales del año pasado con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y CanSino Biologics para la obtención de vacunas contra Covid-19.
También el convenio que la Cancillería suscribió con Gavi Alliance para la compra de vacunas a través del mecanismo Covax Facility, impulsado por la Organización Mundial de la Salud.
- Las dependencias implicadas argumentaron que se trataba de acuerdos que están en marcha y que difundirlos afectaría las negociaciones.
- Otro caso es el informe sobre la construcción y los estudios de aeronavegabilidad, del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en el Edomex.
El 10 de octubre de 2019, el Presidente prometió que toda la información relacionada con el nuevo aeropuerto sería transparentada. Hasta la fecha no se han dado a conocer los documentos fundamentales del proyecto.
- Una reserva más corresponde al informe sobre la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 17 de octubre de 2019 en Culiacán.
La Sedena negó la información, pese a que el General Luis Cresencio Sandoval detalló en conferencia parte de la operación militar el día del operativo.
Estos son algunos ejemplos de los casi 8 mil asuntos cuya información ha sido reservada por el actual Gobierno:
- Sedena Construcción de Aeropuerto de Santa Lucía
- Ssa Contratos de vacunas Covid-19
- SRE Acuerdo Covax para vacunas Covid-19
- Banobras Proceso para venta del avión presidencial
- Fonatur Estudios de demanda del Tren Maya
- Sedena Reporte sobre liberación de Ovidio Guzmán
- Sedena Convenios de uso de predios para Guardia Nacional
- Sedena Plan para combatir robo de combustible. /PUNTOporPUNTO
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