La iniciativa preferente con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica podría aumentar las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá, advirtió el diario Financial Times este lunes.
- La reforma que los legisladores discutirán durante este periodo ordinario de sesiones señala que busca “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente será actualizado en razón de la inflación”. Sin embargo, el diario estadounidense afirmó que la reforma “cambiaría el orden en que envían la electricidad a la red nacional”, lo que “mandaría a los inversionistas privados al final de la fila”, dejándolos detrás de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El diario también resaltó que los productores de energías renovables, una prioridad en el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, perderían ese lugar ante las plantas de combustibles fósiles y las hidroeléctricas de la CFE.
La nueva normativa, enviada este lunes al Congreso, igualmente obligaría a que los permisos estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía.
- Además modifica las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas en las que puede participar el sector privado para abastecer de energía a la CFE.
Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del gobierno federal con productores independientes.
La iniciativa preferente del presidente también fue criticada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que este lunes dijo que la medida afectaría hasta el 14 % del PIB.
LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, CORTOCIRCUITO AL MERCADO
El mercado eléctrico en México podría colapsar si no se generan acuerdos entre la inversión privada y el Gobierno federal, el cual pretende dar condiciones de dominancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la iniciativa a la industria eléctrica preferente enviada al Congreso de la Unión por el presidente.
La aprobación de la reforma a la Ley de la industria Eléctrica, podría tener un impacto en los planes de inversión en materia energética de empresas extranjeras que ya operan en el país e, incluso, violar acuerdos comerciales y climáticos internacionales, advierten especialistas consultados por Reporte Índigo.
“El problema no es ideológico ni político, el problema es una falta de coordinación entre la parte pública y la privada para lograr lo mejor para el mercado eléctrico, porque ahora cada quien pelea su negocio y lo único que vamos a lograr es colapsar al mercado eléctrico”, señala Ramses Pech, asesor de la industria energética.
- El especialista explica que el objetivo principal de la reforma es recuperar el mercado y los ingresos que está “perdiendo” la empresa estatal frente a las privadas en materia de venta y generación de energía, pero también destaca que si la CFE no cumple con su meta de conversión a energías limpias y baratas, podría impactar directamente en los costos del servicio que ofrece a los usuarios.
- La iniciativa enviada el pasado lunes a la Cámara de Diputados, con carácter de trámite preferente por parte de Andrés Manuel López Obrador, propone la modificación del mecanismo del despacho de las centrales eléctricas para dar prioridad a las hidroeléctricas de la CFE, después a las centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, las geotérmicas, las de ciclos combinados y las termoeléctricas, seguidas de Centrales de Ciclos Combinados de productores independientes.
Las centrales eléctricas eólicas y solares, así como las de ciclos combinados de empresas privadas, estarían en tercer y cuarto término de prioridad.
Con este cambio de reglas, el Gobierno federal pretende dar preferencia a las plantas de CFE para que puedan comercializar la electricidad a mayor volumen e incluso vender más al sector industrial y agrícola que representan mayores ganancias que el suministro doméstico, explica Pech.
Otro punto relevante de la propuesta es eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas el Suministrador de Servicios Básicos, bajo el argumento de que es una “perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE”.
“Esto significa que la única forma que pueden contratar electricidad será por medio de la licitación restringida o asignación directa, volveríamos al viejo régimen de antes de 2014 y se podría prestar a corrupción.
“Las subastas las hacen en todos los países, es un proceso en el que yo hago pública la demanda del servicio, lo abro y cada quien presenta el costo que cree conveniente”, detalla Pech.
Estos intentos por recuperar la capacidad de generación de la CFE, que también se advierten en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034, podrían ser insuficientes para garantizar el suministro básico de electricidad para toda la población, campo e industria.
“CFE deberá invertir en sus plantas en forma más eficiente, lo cual está contemplado dentro de su plan de negocios, pero dependerá de los recursos financieros a los que tenga acceso en el mercado y el presupuesto que la nación pueda otorgar. Además, como no ha habido inversión en la parte de las líneas de transmisión en los últimos dos años, se podría ocasionar dentro del corto plazo un incremento en los costos”.
La iniciativa incluye obligar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar permisos de autoabastecimiento eléctrico, al señalar que este esquema permitió la expedición de permisos a empresas cuyo objetivo primario no es la producción de energía eléctrica para su consumo, sino para la satisfacción de necesidades de terceros.
- Bajo este supuesto, empresas de la industria eléctrica ya establecidas en el país que no son precisamente del ramo energético y generan su propia electricidad, podrían verse afectadas, advierte Valeria Moy, presidenta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- Respecto al otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, se propone entregarlos a todas las centrales eléctricas sin importar la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales, con el objetivo de “fomentar un mercado de competencia igualitaria que reconozca la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias para todos los generadores”.
“En el Acuerdo de París, México se comprometió a que 35 por ciento de la energía que generará iba a ser limpia, para medir eso se utilizan los Certificados de Energías Limpias, lo que se permite ahora es que CFE independientemente de la planta que sea, pueda tener un certificado de energía limpia, eso es una simulación en materia de acuerdos”, advierte Moy.
REFORMA ELÉCTRICA COSTARÍA CASI 20,000 MDD
La reforma a la ley de la Industria Eléctrica que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un costo de casi 20,000 millones de dólares al Estado mexicano, pues es el monto al que ascienden inversiones comprometidas en proyectos eléctricos bajo la legislación vigente y que habría que indemnizar pues su rentabilidad sería mermada o diluida por el cambio en las reglas del juego para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- Según Víctor Ramírez Cabrera, de la Plataforma México Clima y Energía, el costo por los ingresos esperados por las inversiones únicamente del equivalente al 90% de la infraestructura ya contratada por la CFE en las tres subastas de largo plazo que se realizaron el sexenio pasado, asciende a 16,783 millones de dólares, como una indemnización por la infraestructura contratada y que genera para los contratos de las subastas y los ingresos previsibles de los generadores, ya que estos contratos se firmaron a plazos de 15 y 20 años para la instalación de nuevas plantas que entreguen potencia, energía firme y certificados de energía limpia a la CFE.
Pero esta suma se elevaría a 18,313 millones de dólares si los contratistas solicitan también la indemnización por la energía excedente que no contrataron con la CFE y que como establecieron las reglas de las subastas, dejó lista para participar en el mercado de corto y mediano plazo comercializando con otros compradores distintos a la CFE.
Además, hay otros proyectos de inversión que los contratos legados anteriores del régimen previo a la reforma permitieron elaborar cálculos y buscar financiamientos a las empresas de generación de energía, que han ampliado la infraestructura que tienen en operaciones puesto que la ley se los permitía y si llegan a dejarla ociosa, buscarán ser indemnizados o iniciarán juicios en tribunales internacionales, amparándose en que son inversionistas de países donde existen tratados de libre comercio y para el financiamiento de sus operaciones cuentan con fondos de la ciudadanía que los gobiernos defenderán.
- En los hechos, la reforma a la ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo mexicano significaría revertir en parte la reforma energética de México promulgada en 2014, lo que violaría los compromisos de este país en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors.
Ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula «ratchet» (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. Ello lleva a una liberalización constante, con consolidaciones continuas en diversos sectores.
Pero incluso al margen de ello, la misma protección está vigente en distintos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), varios de ellos entre México y países europeos.
- Dorantes especificó que en el Capítulo de Energía del TIPAT, firmado en febrero del 2016, México se comprometió a mantener el nivel de apertura que estaba en ese momento vigente. “Esto implicó una fotografía a la reforma energética de México”, comentó Dorantes, en referencia a que el TIPAT reprodujo los compromisos de la legislación mexicana.
Del mismo modo, en capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados del T-MEC se impide dar un trato favorable a este tipo de compañías, una disposición que se negoció sobre todo con la intención dirigirse a naciones como Malasia y Vietnam. En este acuerdo se estipula que cualquier ventaja interna relacionada con el comercio internacional y las inversiones se debe extender a Estados Unidos y Canadá.
Dorantes destacó que, si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias Inversionista-Estado, en cuyos casos si México pierde tendría que compensar a las compañías afectadas. Pero más grave aún, si se levantan paneles Estado-Estado y perdiera México, los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias.
“La reforma energética aseguró la entrada de inversionistas y de la competencia en un mercado competitivo”, resumió Dorantes. Consecuentemente, dar ciertas ventajas a Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que impliquen una discriminación en ese marco podría generar una expropiación de facto de inversiones realizadas.
AMENAZAS LEGALES
Además de sorpresiva, la iniciativa para reformar la ley de la Industria Eléctrica adolece de diferentes debilidades legales, entre las cuales, el CCE lista:
- Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de violar la garantía a la libre competencia y concurrencia.
- Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles y arbitrajes.
- Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas, por lo que implicará indemnizaciones del Estado.
- Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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